En el marco de la revisión de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el Gobierno nacional informó haber detectado que al menos 178 mil personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) figuraban como beneficiarias activas de pensiones pese a estar fallecidas. El hallazgo se produjo en medio de la polémica por la posible derogación de la ley de emergencia en discapacidad y tras el escándalo por presuntos pedidos de coimas dentro del organismo.
Según detallaron desde Casa Rosada, la información fue corroborada mediante el cruce de datos con el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), dependiente del Ministerio del Interior. Las inconsistencias surgieron durante la auditoría integral impulsada a fines de agosto, luego de la salida de Diego Spagnuolo de la conducción de la ANDIS.
El actual interventor del organismo, Alejandro Vilches —sanitarista designado tras la renuncia de Spagnuolo— habría detectado las anomalías durante el proceso de revisión interna y autorizó la baja de los certificados observados. Desde el Ejecutivo aseguraron que se analiza avanzar judicialmente tanto contra quienes habrían percibido beneficios de manera irregular como contra los prestadores involucrados. “Es lisa y llanamente una estafa al Estado”, señalaron fuentes oficiales.
El CUD es un documento gratuito que acredita la condición de discapacidad y habilita el acceso a diversas prestaciones estatales. Su emisión está a cargo de una Junta Interdisciplinaria que evalúa cada caso en particular.
Las irregularidades detectadas en la ANDIS no se limitarían a los certificados. La auditoría también incluyó la revisión de contratos y procedimientos internos, luego de que Spagnuolo denunciara presuntos pedidos de coimas que involucraban a funcionarios del entorno presidencial. Aunque los resultados finales aún no están concluidos, desde el Gobierno estiman que podrían oficializarse hacia el cierre del primer trimestre de 2026.
En paralelo, la administración nacional evalúa una reestructuración del organismo, incluida la posibilidad de quitarle autonomía para que pase a depender del Ministerio de Salud, que conduce Mario Lugones. Las alertas se profundizaron tras detectarse un aumento del 27% en la compra de siete medicamentos clave para el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda, en comparación con las cifras manejadas por la cartera sanitaria, según un informe preliminar elaborado tras la salida de Spagnuolo.
Fuente: Ámbito