Con modificaciones de última hora, de prepo, el oficialismo propone derogar ambas leyes, que habían sido votadas por amplias mayorías. En la tarde de este martes, el oficialismo consiguió el dictamen de mayoría. “Nos quieren llevar nuevamente al conflicto”, dijeron desde la Asociación de Docentes de la UBA.
El Gobierno introdujo modificaciones de última hora en el Proyecto de Presupuesto 2026 con el objetivo de desfinanciar a las universidades y al sistema de prestadores en discapacidad.
A través de varios artículos incorporados de prepo en el texto, el oficialismo va por todo: pretende derogar las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario que habían sido votadas por amplias mayorías en ambas cámaras este año, y que incluso habían sido insistidas por más de los dos tercios tras los vetos presidenciales a ambas leyes.
La sorpresa llegó en la antesala de la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda convocada para este mediodía, en la que el oficialismo presentó modificaciones al texto de la ley de leyes, que ya tenía dictamen de mayoría desde antes del recambio legislativo y del inicio de las sesiones extraordinarias, que se extenderán hasta fin de año.
oncretamente, el artíuclo 75 del nuevo dictamen del mileísmo deroga las leyes 27793 y 27795, las de Emergencia discapacidad y Financiamiento Universitario, respectivamente.
Ambas leyes habían sido promulgadas por Milei antes de las generales de octubre, cuando ya no tuvo más remedio que hacerlo, por el rechazo a los vetos. Pero lo hizo suspendiéndolas en los hechos, sin asignarles partidas, con el argumento siempre a mano de que “no hay plata” y de que el propio Congreso debería establecer el origen de los fondos. Como contrapartida, decretó aumentos discrecionales tanto para las partidas universitarias como para los prestadores en discapacidad, aunque los incrementos estuvieron muy por de lo que establecían las propias leyes.
“Están llevando a la comunidad educativa otra vez a un conflicto”, le dijo a Página/12 el Secretario General de la Asociación de Docentes de la UBA, Emiliano Cagnacci.
Cagnacci recordó que, además de no cumplir con el Financiamiento Universitario, el Gobierno ya había decretado uunilateralmente los aumentos para 2026, dejando a los gremios docentes fuera de la discusión. “No sólo le están dando la espalda a la institucionalidad y a las leyes vigentes que deberían estar aplicando porque así lo determinó el Congreso, sino que además siguen sin convocar a la discusión paritaria, lo que agrava aún más la situación”, agregó.
En el caso de la Emergencia en Discapacidad, un fallo de la justicia federal de Campana vigente desde la semana pasada obliga al Gobierno a aplicarla sin miramientos, con los fondos necesarios para que los prestadores y las instituciones de apoyo recuperen lo perdido por el ajuste oficial desde diciembre de 2023.
“El gobierno hizo todo lo posible para dilatar los tiempos legislativos, de promulgación y después judiciales. Y ahora que está acorralado por el fallo de Campana, busca derogarla. Claramente no les importan el origen de las partidas, solo quieren destruir al colectivo de la discapacidad”, le dijo a este medio un prestador del sistema.
Además, el oficialismo incorporó otro artículo, el 77, que modifica el artículo 9 de la ley 13.478 y elimina así la posibilidad de otorgar una pensión a personas con certificado único de discapacidad, otro de los derechos reconocidos en la ley de Emergencia.
“Vamos a rechazarlo totalmente y vamos a construir una mayoría para restaurar las leyes de emergencia en discapacidad y de emergencia en universidad”, se atajaban desde el peronismo tras conocer las modificaciones de última hora en el dictamen.
Resta saber qué harán los bloques de la oposición amigable y los aliados que votaron ambas leyes con amplio consenso hace no muchas semanas.
Página 12