La Sociedad Rural Argentina presentó su propio documento para que el sector sea contemplado en la futura Ley de Modernización Laboral. La entidad pidió que se incorporen seis cambios concretos para actualizar la Ley de Contrato de Trabajo Agrario y advirtió que dejar afuera al campo significaría una reforma incompleta.
En medio del debate que abrió el Gobierno por la futura Ley de Modernización Laboral, la Sociedad Rural Argentina (SRA) avanzó con la presentación formal de un documento propio para que el sector agropecuario sea incluido en la discusión que se dará en el Congreso durante las sesiones extraordinarias convocadas del 10 al 30 de diciembre.
El planteo de la entidad llegó luego de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, adelantara que el proyecto del Ejecutivo sumará cambios vinculados al régimen de trabajo agrario. La confirmación oficial encendió la expectativa en el sector, que hace meses viene reclamando que sus particularidades sean tenidas en cuenta.
Desde la organización rural remarcaron que participaron de mesas técnicas con funcionarios, legisladores e integrantes del Consejo de Mayo, buscando aportar lineamientos específicos. En esa instancia, insistieron en la necesidad de que el agro forme parte del texto final de la propuesta oficial.
La SRA sostuvo que “la reforma laboral debe reducir la informalidad, ampliar derechos y disminuir costos para empleadores y trabajadores” y advirtió que el sector “no debe quedar fuera del debate”. Al mismo tiempo, alertaron que excluir al trabajo rural implicaría “una propuesta incompleta y una oportunidad perdida para alinear toda la economía laboral con una visión de futuro”.
En su argumentación, la Rural explicó que el agro tiene dinámicas que difieren del esquema urbano. “El agro no es una variable marginal: es una actividad con ritmos propios, costos específicos y desafíos regionales que requieren reglas diferenciadas”, remarcaron. También plantearon que “ciclos climáticos, estacionalidad y diversidad geográfica crean un escenario donde la contratación, la previsibilidad y la seguridad social deben contemplar particularidades que no caben en un marco urbano único”.
Según la entidad, mantener normas desconectadas del campo “podría disuadir la formalidad o impulsar la informalidad, con costos para trabajadores y productores”, y aseguraron que el país necesita una reforma “moderna y equilibrada” para sostener su rol como motor económico.
Como parte de ese posicionamiento, la organización rural elaboró seis modificaciones dirigidas a actualizar la Ley 26.727 de Contrato de Trabajo Agrario, con el objetivo, según expresaron, de modernizar el marco legal sin afectar derechos básicos. “El objetivo es generar un marco legal más eficiente, previsible y competitivo que impulse la producción, el empleo rural y la inversión, al tiempo que garantiza condiciones dignas para los trabajadores”, plantearon.
La SRA aseguró que sus propuestas “han sido recibidas favorablemente” y que cuentan con el compromiso de que serán integradas al proyecto oficial. También anticiparon que continuarán “realizando el seguimiento en las respectivas comisiones del Congreso de la Nación”.
Dentro del documento, el primer punto propone eliminar la responsabilidad solidaria indiscriminada entre el propietario de la tierra que alquila y quien produce. Según explicaron, este cambio “reduciría costos y riesgos para quien aporta la tierra, maquinaria o equipamiento, evitando cargas desproporcionadas”.
El segundo pedido apunta a eliminar la figura de trabajador permanente discontinuo, una categoría que, según la Rural, no refleja la estructura real del empleo rural. “La actividad es estacional; mantenerla genera costos altos y complicaciones para contratos por ciclos”, argumentaron.
Un tercer planteo es la incorporación de un período de prueba de ocho meses para nuevas contrataciones. La entidad señaló que el plazo permitiría una evaluación adecuada antes de formalizar plenamente la relación. “Permite evaluar aptitudes de forma razonable antes de confirmar la relación laboral”, explicaron.
La Rural también pidió avanzar hacia una negociación salarial bilateral entre el Sindicato y la Mesa de Enlace, sin presencia del Estado. Indicaron que eso permitiría una discusión “más directa y adecuada a las realidades del sector, reduciendo la intervención estatal en la negociación”.
El quinto punto propone la creación de un Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para financiar indemnizaciones bajo responsabilidad del empleador, con el objetivo de sumar previsibilidad a los costos por desvinculación. “Se ofrece un mecanismo de respaldo ante costos laborales, aportando previsibilidad”, remarcaron.
La última modificación reclamada tiene que ver con actualizar los créditos laborales para evitar fallos judiciales con montos considerados excesivos. Según la entidad, “se evita sentencias desproporcionadas e irrazonables”.
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