La secretaria general de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), Carla Gaudensi, afirmó que el relevamiento evidencia “un plan sistemático y persistente” desplegado por el Poder Ejecutivo “para atacar a quienes ejercemos la comunicación”. Según señaló, la ofensiva oficial se expresa en represión en las calles, persecución judicial y desfinanciamiento de medios públicos.
El informe —elaborado por la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, FATPREN y SiPreBA, con apoyo de la Federación Internacional de Periodistas y Democracy at Work— registra un aumento del 66% en los casos de agresiones y represión a periodistas, fotógrafos y trabajadores de prensa durante coberturas de movilizaciones en 2025. Además, documenta un crecimiento sostenido de la judicialización, el hostigamiento digital y la obstrucción del trabajo periodístico.
Durante la apertura, la presidenta de la Comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión del Senado, Carolina Moisés, expresó su preocupación por la situación del sector. “La libertad de expresión es un derecho integral, necesario para la participación política, cívica y sindical. Es un pilar del sistema democrático”, sostuvo.
También participó el integrante del triunvirato de conducción de la CGT, Jorge Sola, quien manifestó la solidaridad de la central obrera con los trabajadores de prensa ante el escenario de agresiones y criminalización. “Nuestro compromiso es estar al lado de cada periodista, en la capital y en todo el país. Vamos a defender la verdad y el derecho a informar”, expresó.
La jornada incluyó la exposición de los periodistas Ari Lijalad y Julia Mengolini, ambos denunciados judicialmente por el presidente Javier Milei. Mengolini relató además el acoso sistemático en redes sociales, uno de los fenómenos señalados como parte de las estrategias de silenciamiento analizadas en el informe.
Entre los presentes estuvieron la directora de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, Larisa Kejval; el vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales, Diego de Charras; la vicepresidenta de la Federación Internacional de Periodistas, Zuliana Laines; el director de Litigio y Defensa Legal del CELS, Diego Morales; el presidente de ARGRA, Sebastián Vricella; la secretaria adjunta de la UEJN, Maia Volcovinsky; y el senador Mariano Recalde, además de referentes sindicales, académicos y de organizaciones de derechos humanos.