Ante un 2026 con interrogantes y temor, el secretario general de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), Carlos de Feo, aseguró que es vital que el Gobierno, finalmente, ponga en marcha la ley de presupuesto. Si no se ejecuta la ley de presupuesto universitario en el 2026, muchas altas casas de estudio deberán cerrar sus puertas.
A esa conclusión han llegado los gremios docentes, que hace más de un año exigen la asignación de fondos y partidas presupuestarias para sostener el funcionamiento de las universidades nacionales de todo el país.
“Si no se ejecuta la ley de financiamiento, los números para el presupuesto del año que viene van a ser inferiores a los de este año”, advirtió el secretario general de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), Carlos de Feo.
En declaraciones a la 750, advirtió que “muchas universidades grandes van a poder superarlo, pero muchas del interior se van a ver muy complicados” porque “ya este año fue difícil”. “Pero la situación salarial está cada día peor. Los salarios son descartables”, agregó.
De Feo dijo que el atraso es significativo. Y así lo reconoció el propio Gobierno: “En el decreto que el Presidente sacó, dice que hace falta un 40 por ciento de aumento. Eso es lo que perdimos en estos dos años”.
“Es una barbaridad. Creo que hay una decisión de avanzar sobre el sistema universitario, achicarlo, transformarlo y convertirlo en algo que tenga que ver con una lógica mercantil”.
Según denunciaron los propios trabajadores, entre 2023 y 2025 los salarios universitarios – docentes y no docentes – retrocedieron un 91,96% frente a la inflación.
El cálculo surge de comparar una inflación acumulada del 220,45% con una recomposición del 128,49%, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 647/2025.
En paralelo, distintas casas de estudio advierten que el presupuesto destinado al sistema universitario refleja una caída constante en términos reales.
Según datos distribuidos por la Asociación de Personal Universitario de Lomas de Zamora (APULZ), para 2026, la asignación equivale al 0,46% del PBI, por debajo del 0,49% de 2025, del 0,56% de 2024 y del 0,7% registrado en 2023.
Los trabajadores advierten que se trata del nivel más bajo desde 2004, lo que presiona sobre el funcionamiento cotidiano de las instituciones.
Página 12