Por unanimidad, la Cámara de Senadores de Corrientes aprobó un proyecto de resolución para expresar profundo y enérgico repudio a la reciente decisión adoptada por la Comisión Directiva de la Sociedad Rural de Corrientes (SRC) de imponer el nombre del ex capitán Juan Carlos De Marchi a la plaza principal de su predio, ubicado sobre la Ruta Nacional Nº 12, en jurisdicción de Riachuelo.
Según expresaron, esta designación resulta inadmisible dado que Juan Carlos De Marchi ha sido condenado por delitos de lesa humanidad cometidos en la Provincia de Corrientes durante la última dictadura cívico-militar. Por consiguiente, indicaron, dicho homenaje constituye una grave provocación al pacto democrático, representa una incitación al odio y una apología política contraria a la moralidad pública, desnaturalizando los fines de la propia Asociación Civil de la SRC.
Asimismo, sostuvieron que desde el Poder Legislativo provincial, resulta indispensable reafirmar el compromiso institucional con la memoria, la verdad y la justicia. Esta acción se inscribe dentro del catálogo de prácticas negacionistas de los hechos de aquel período oscuro de la República Argentina y por ello, el Senado debe actuar para prevenir que instituciones, públicas o privadas, legitimen actos de violencia estatal o discriminación.
La Provincia de Corrientes, en estricto cumplimiento de su obligación constitucional y convencional como parte del Estado Argentino, debe promover y garantizar el respeto irrestricto de los Derechos Humanos. Esto se fundamenta en la Constitución Nacional, los tratados internacionales con jerarquía constitucional y la normativa provincial vigente que integran el bloque de constitucionalidad aplicable.
En el proyecto de Resolución fundamentaron que los delitos de lesa humanidad son hechos aberrantes, imprescriptibles y contrarios a los valores democráticos fundamentales, cometidos desde el aparato estatal o con su connivencia. Las sentencias judiciales firmes, tanto en el ámbito federal como provincial, han determinado la responsabilidad penal de los individuos involucrados, haciendo inadmisible cualquier intento de reivindicación pública de sus figuras.
Cualquier intento de homenaje, reivindicación o puesta en valor público de la figura de un condenado por estos crímenes implica un acto contrario al orden constitucional, la moralidad pública y el derecho a la memoria democrática, tal como lo establece el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica (Convención Americana sobre Derechos Humanos).
Por todo lo expuesto, el Senado impulsa una Resolución formal para dejar constancia de este repudio institucional y sentar un precedente firme en defensa de los derechos humanos y los pilares de nuestra democracia.
Tanto el bloque Justicialista como el Bloque UCR presentaron proyectos similares, los cuales fueron unificados para emitir una declaración conjunta, que fue votada por unanimidad.
Durante la sesión, el Senador José A. Ruiz Aragón consideró necesario “expresar un repudio al homenaje realizado por la Sociedad Rural al ex capitán Juan Carlos De Marchi”, detallando los delitos que cometió durante la dictadura, y que fueron debidamente juzgados. Y consideró que: “En Corrientes no tiene que volver a existir ni un grupo ni una asociación ni una persona que destaque a un criminal. Desde nuestro bloque venimos a decir lo mismo: En la Argentina, en Corrientes Nunca más, y por siempre, memoria, verdad y justicia”.
Por su parte, el senador radical Noel Breard afirmó: “Es tan grave que coincidimos todos los presentes, y creo que vamos a votar favorablemente porque hay dos proyectos unificados y oficialistas y oposición en Corrientes coincidimos”. Y recordó “que hace muchos años Corrientes construyó en temas de derechos humanos, una política de Estado. Y cuando recordamos el 24 de marzo, siempre decimos que lo que estamos cuidando es el futuro, para que nunca más se repita”.
El Dr. Breard se refirió a los detalles del hecho ocurrido en la Sociedad Rural. “Estamos preocupados, no es un hecho casual de la Sociedad Rural…El Tratado de derechos humanos en su artículo 13 establece la incitación al odio. Cuando se hace un homenaje, se pone una placa de un violador de los derechos humanos inhabilitado a perpetua lo que está haciendo es incitar al odio, está provocando en la sociedad argentina algo que no se saldó”. Al mismo tiempo, recordó que “hay 11 tratados de derechos humanos que se introdujeron con la reforma en el bloque de constitucionalidad, a través del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional para respetar en forma directa en todo el territorio de la Argentina”.
“Estamos advirtiendo con esta resolución, porque no vamos a quedar acá, que si no se modifica la situación, tendremos que ir a la justicia”. También mencionó la medida que se votó en el Concejo Deliberante, y la Cámara de Diputados también se hizo eco, repudiando el hecho. Y finalizó afirmando “Nunca más, señor Presidente.”
Fuente: Época