Así, será el Juzgado Federal de Reconquista el que deberá continuar con la investigación por presunto lavado de más de 250 mil dólares contra el extitular de la AFIP Santa Fe, Carlos Vaudagna, y el exsíndico de Vicentín, Omar Scarel.
A partir de un planteo de inhibitoria realizado por el titular de la Sede Fiscal Descentralizada de Reconquista, el fiscal federal Roberto Salum, y en línea con lo dictaminado por el procurador general de la Nación interno, Eduardo Casal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) declaró que el Juzgado Federal de Reconquista es el tribunal competente para continuar la investigación por presunto lavado de activos iniciada tras el hallazgo de una suma de 250 mil dólares durante un allanamiento realizado en marzo de 2021 y que involucra a un exfuncionario de la exAdministración Federal de Ingresos Público (ex AFIP hoy ARCA) de Rosario y a un exdirectivo de la empresa Vicentín.
La causa -que inicialmente tramitó el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la provincia de Santa Fe- tiene como eje la presunta confección de un contrato de depósito falso que, según la hipótesis acusatoria, habría sido utilizado para dotar de apariencia lícita al dinero encontrado.
En la pesquisa se detectaron maniobras que constituirían lavado de activos relacionadas con Vicentín SAIC, un directivo de la firma y uno de sus hijos, un abogado, una escribana y con el exdirector regional de la exAFIP de Rosario, Carlos Vaudagna, también imputado en una causa por corrupción y pedido de coimas a empresarios junto al exjuez Marcelo Bailaque, y al financista Fernando Whpei.
El inicio de la investigación federal y el planteo de inhibitoria
En representación del Ministerio Público Fiscal, el fiscal federal Salum inició una causa a partir de la publicación, en medios de prensa, de la transcripción de una intervención telefónica en la que el exsíndico de Vicentín SAIC, Omar Scarel, era asesorado por un abogado para poder retirar dinero secuestrado en una caja de seguridad a nombre de una sociedad integrada por uno de sus hijos, y diagramaban la forma para justificar ficticiamente ese dinero.
Para concretar la maniobra, se confeccionó una escritura -que luego se determinó era falsa- en la que se certificaba que Vaudagna había entregado 250 mil dólares estadounidenses en efectivo al hijo de Scarel para realizar una operación inmobiliaria indeterminada.
En esa instancia, la justicia provincial inició actuaciones por la presunta falsedad de documento público -la escritura- imputó por esos hechos a los intervinientes y resolvió la situación del exfuncionario de ARCA con una suspensión de juicio a prueba.
Sin embargo, y luego de obtener copias de esas actuaciones, el fiscal federal Salum formuló un planteo de inhibitoria para que la causa tramite en el Juzgado Federal de Reconquista. La Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario rechazó ese planteo, mientras que la Cámara Federal de Resistencia había avalado la postura del Ministerio Público Fiscal y reconocido la competencia federal. Así el conflicto llegó a la CSJN.
El dictamen del procurador Casal
En su dictamen, el procurador Casal sostuvo que “la hipótesis del fiscal federal se condice con el objeto del requerimiento de instrucción formulado en el expediente”. Entre sus argumentos, puntualizó que “la confección del falso contrato de depósito por la suma de doscientos cincuenta mil dólares estadounidenses habría tenido la finalidad de otorgar apariencia de licitud” al dinero secuestrado en el allanamiento efectuado el día 9 de marzo de 2021 en una caja de seguridad vinculada a uno de los imputados.
“Ello habría sido el resultado de la planificación que quedó plasmada en las transcripciones de las escuchas telefónicas, y esos hechos son idénticos a los descriptos en la carpeta judicial tramitada en los tribunales provinciales”, añadió el titular del MPF.
Sostuvo además que los hechos investigados en el fuero provincial guardaban “identidad fáctica” con los que se analizaron en el fuero federal, lo que impedía que ambos procesos avanzaran de manera paralela sin afectar el debido proceso.
“En conclusión, de momento no es posible descartar que los hechos del caso configuren una única conducta en los términos del artículo 54 del Código Penal, cuya investigación no parece susceptible de ser escindida. Sin perjuicio de la calificación jurídica que en definitiva corresponda, tampoco puede descartarse, en base a los argumentos presentados por el juez federal, que la maniobra objeto de esta causa constituya el delito de lavado de activos, cuya investigación corresponde al fuero federal”, señaló Casal.
La resolución de la Corte Suprema
En su resolución del 11 de noviembre pasado y que lleva la firma de sus tres integrantes -los ministros Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz-, la CSJN determinó que la competencia corresponde al Juzgado Federal de Reconquista, ante la hipótesis de lavado de activos sostenida por el MPF de la Nación.
“De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General de la Nación interino, se declara que deberá entender en la causa en la que se originó el presente incidente el Juzgado Federal de Reconquista, al que se le remitirá. Hágase saber a la Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario y al Colegio de Jueces de 1ª Instancia de esa ciudad”, ordena la resolución del máximo tribunal.
El caso
En la investigación que hizo la fiscalía provincial de Rosario sobre Vaudagna, se lo imputó por el delito de falsedad ideológica de la escritura. Se advirtió que el jefe de la exAFIP había aceptado que eran suyos 250.000 dólares hallados en una caja de seguridad del hijo de Scarel, y que lo había dejado como parte de una operación con una inmobiliaria.
Según los fiscales, era una maniobra para evitar que Scarel padre enfrentara otra causa por lavado de dinero. Ese legajo judicial terminó con una suspensión del juicio a prueba para Vaudagna.
Pero al conocerse públicamente la transcripción de mensajes entre Scarel y Vaudagna sobre las maniobras, el fiscal Salum advirtió que podría configurar el delito de lavado de activos de fondos obtenidos ilegalmente, y que esa resolución alternativa no podía favorecer a ningún funcionario público, como lo era un director de la exAFIP, por manifiesta prohibición legal.
El peritaje sobre el teléfono de Vaudagna sirvió para que el fiscal Salum comenzara a investigar la causa cuya competencia federal ahora convalidó la CSJN.
Además del legajo penal por corrupción que lo tiene como imputado arrepentido junto al exjuez Bailaque, Vaudagna también afronta imputaciones por manipular datos oficiales para perjudicar a comerciantes, se ordenó su indagatoria en un expediente donde, junto a socios de un fideicomiso inmobiliario y otros funcionados, está imputado por direccionar el proceso licitatorio del alquiler del edificio donde funcionan las oficinas de ARCA en la ciudad de Santa Fe. Además, el exfuncionario de la actual ARCA fue procesado junto a Scarel por encubrir reintegros indebidos de IVA a Vicentín por $143 millones.
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