La iniciativa diseñada por el Ministerio de Economía no incluye el cumplimiento de estas normas vetadas por el Presidente en las que insistió el Congreso, como así tampoco la de financiamiento universitario; el reclamo de los gobernadores es que se cumpla con estas leyes.
A días del inicio del debate del presupuesto 2026 en sesiones extraordinarias, un trabajo del Ieral, de la Fundación Mediterránea, con foco en el gasto social -que representa tres cuartas partes de las erogaciones públicas nacionales- subraya que no se prevé en el presupuesto un cambio en el sistema previsional ni se contempla cumplir con las leyes de emergencia pediátrica y de discapacidad. Tan es así que el gasto en esas áreas aparece en mínimos históricos.
En las reuniones que viene manteniendo el ministro del Interior, Diego Santilli, con los gobernadores (este lunes estuvo en Misiones), los mandatarios plantearon la necesidad de cumplir con esas leyes, que fueron apoyadas por los legisladores que les responden.
Otro tema importante es la incertidumbre en torno a la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, que fue vetada por el Poder Ejecutivo, pero que el Congreso ratificó: el proyecto no incorpora los costos adicionales que implicaría su aplicación.
La previsión de aumento del gasto social es del 5,5% por encima de la inflación, pero al considerar un PBI en expansión (6%), se mantendrá en niveles similares a los de este año.
El mayor crecimiento se registra en Salud, con 17% real, impulsado por mayores erogaciones en hospitales nacionales, trasferencias al PAMI y partidas sanitarias de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Sin embargo, el Ieral plantea que las proyecciones están subestimadas porque no contemplan el impacto fiscal de las leyes de emergencia sanitaria en discapacidad y pediatría sancionadas por el Congreso, que rechazó el veto presidencial. Son leyes que el Poder Ejecutivo deberá, por ende, aplicar.
El presupuesto total de la Andis muestra una reducción real del 4%; habrá un recorte en lo destinado a pensiones no contributivas. Esto va en el sentido contrario a lo dispuesto por la ley de emergencia que se sancionó después del ingreso del proyecto.
Los fondos para la agencia acumulan una pérdida real del 23,9% desde 2023. Medido en términos del PBI, es el “valor más bajo desde la creación” del organismo, reseña el informe.
El ajuste se concentra especialmente en las pensiones por invalidez laboral, que – de no modificarse el texto – experimentarán una reducción del 13% (con una caída en el número de beneficiarios de 1.130.000 a 977.000 personas). Esta contracción “podría vincularse a los procesos de auditoría y revisión de beneficiarios orientados a mejorar la focalización del gasto”, según el informe.
Si se aplicara la ley de emergencia en discapacidad, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) habría una incorporación de entre 493.000 y 946.000 nuevos beneficiarios a la pensión por discapacidad, con un costo fiscal de entre 0,25% y 0,48% del PBI.
Además, la iniciativa incluye medidas complementarias: incentivos a la contratación mediante la exención del 50% de las contribuciones patronales por nuevos trabajadores con discapacidad (0,0015% del PBI), una compensación de emergencia a prestadores (0,03% del PBI) y la actualización de asignaciones a Talleres Protegidos de Producción (0,0009% del PBI). En conjunto, se estima que el impacto fiscal de la ley es de entre 0,28% y 0,51% del PBI.
Universidades
Aunque hay un aumento por encima de la inflación para Educación y Ciencia y Técnica, y el componente más importante -con más incidencia en la expansión del gasto- son las universidades, el conflicto con las altas casas de estudios sigue latente. Las transferencias corrientes a universidades nacionales registran un alza real del 8,5% en 2026, lo que es una recuperación parcial frente a las fuertes caídas de 2024 (28,1%) y 2025 (7,8%).
El gasto entre 2023 y 2026 se mantiene 28% por debajo del gasto de 2023 en términos reales, alcanzando mínimos históricos medido como porcentaje del PIB.
En cuanto a la Ley de Financiamiento Universitario, según cálculos de la OPC, en el ejercicio en curso tendría un impacto presupuestario equivalente al 0,23% del PIB. Esas estimaciones contemplan medidas que implican un salto por única vez de las partidas presupuestarias con impacto en el ejercicio 2025, elevando el piso del gasto del año próximo.
Para Promoción y Asistencia Social, el aumento real interanual es del 2,7%, por debajo del incremento del PBI, consolidando una caída del 23% real en relación con 2024. “No se advierten expansiones significativas ni nuevos programas, lo que sugiere una estrategia de contención del gasto en este plano”, sostiene el instituto de la Fundación Mediterránea. Lo mismo pasa con las partidas para Trabajo y Vivienda, que registran una baja real del 2%, “continuando la tendencia de contracción iniciada en 2024 por la disolución de programas sociales y la caída en la inversión en infraestructura”.
Seguridad Social
En Seguridad Social se prevé una suba del gasto del 5% por encima de la inflación con respecto a este año, con lo que lo destinado a este rubro se mantiene estable. En perspectiva histórica, las erogaciones previsionales como porcentaje del PBI siguen 30% por debajo del pico histórico de 2017 (dejando de lado el año de la pandemia).
El “bono previsional” (fijado en $70.000 desde marzo de 2024), se mantiene sin actualización, lo que implica una fuerte licuación. El Ieral sostiene que el instrumento, “concebido como medida transitoria, presenta problemas de focalización y alto costo fiscal”. El informe sostiene: “Sería más eficaz rediseñarlo para concentrar la asistencia en adultos mayores en situación de vulnerabilidad, logrando así un mejor efecto redistributivo con menor gasto”.
La no renovación de las moratorias es el principal factor del alza en el gasto en la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), plan que otorga una cobertura previsional a las personas mayores de 65 años que no cuentan con ninguna jubilación o pensión. La PUAM se expande 38% en términos reales, con un aumento del 23% en la cantidad de beneficiarios, que pasarían de 191.210 a 235.208. Las jubilaciones y pensiones registran un crecimiento de 6,9%, y las no contributivas, de 5,4%.
La Nación