El diputado justicialista Rubén Guillón dialogó con CIUDAD TV a la sancionada en la última sesión ordinaria que establece los controles toxicológicos obligatorios para funcionarios públicos de los tres Poderes del Estado.
Informó que para su elaboración, requirieron informes de organismos que, en muchos casos, fueron respaldatorios del proyecto. “En otros casos, han hecho algunos reparos”, indicó.
“Hemos llegado a un entendimiento en la redacción”, dijo el diputado y agradeció también el aporte de muchos legisladores, incluidos del oficialismo.
“Pretendemos que la redacción pueda también significar un testimonio concreto de la clase política y dirigencial chaqueña al saldar esta vieja deuda que tenemos con la ciudadanía chaqueña”, sostuvo. Sería para el diputado, “ratificar nuestro compromiso de una lucha fuerte, seria y comprometida contra el flagelo del narcotráfico”.
Aclaró, al igual que lo hizo en la última sesión ordinaria, que no tiene “ningún tipo de objeción ni de reparo con la persona que decidió en su vida privada consumir sustancias, estupefacientes. Entiendo que esa decisión ingresa en el mundo de su privacidad y solamente está en ese lugar su conciencia y Dios, por lo tanto, yo no opino ni objeto. Si me pregunta, le aconsejaría que no lo haga”. “Entiendo que la persona que consume sustancias está padeciendo un proceso de enfermedad y, por lo tanto, requiere ser tratado como una persona que necesita de acompañamiento para iniciar un proceso de rehabilitación si así lo estimase conveniente”, recalcó.
“Hemos coincidido en que era necesario aprobar este proyecto de ley que fue sancionado, que estamos esperando dentro del plazo legal que el Gobernador pueda promulgar o vetar. Y, en el caso de que vete, la ley volverá ala Cámara para su posterior debate. Si lo promulga, el paso que sigue es la publicación y la plena vigencia de esta sanción legal”.
En concreto, explicó que la ley establece el control obligatorio toxicológico y aclaró que “es mucho más amplio que una mera rinoscopía que lo decimos para referenciar solamente. Pero lo que se aprobó en forma concreta son estudios toxicológicos, con controles en orina y en sangre para verificar el consumo de estupefacientes en el organismo de quienes estamos en ejercicio de la función púbica”.
En el marco de confidencialidad, “porque no se busca promover un festival de escrache, de ninguna manera”, en caso de dar positivo un funcionario se lo pondrá en aviso con dos opciones: “La primera es que libre y voluntariamente acepte el inicio de un proceso de rehabilitación”, con el debido resguardo de sus derechos laborales para que, mediante licencia o permiso especial pueda “someterse a la recuperación” y posterior reincorporación. En caso de que se niegue a una rehabilitación, el Estado debe tomar las medidas necesarias para impedir que ese funcionario siga en funciones públicas activas.