La fábrica estaba paralizada desde septiembre. El empresario venezolano Jorge Luis Borges León, dueño de Conosur SA, perdió el control de la empresa y quedó inhibido de realizar movimientos con el capital y los bienes de la firma con asiento en al ciudad bonaerense de Suipacha. La Sindicatura, que ya intervenía en el concurso preventivo, continuará en funciones durante la quiebra.
El Juzgado en lo Civil y Comercial de Mercedes ordenó la liquidación total de Lácteos Conosur S.A., dueña de la marca LA Suipachense, tras meses de inactividad, salarios impagos, deudas millonarias y una gestión que terminó por vaciar lo que alguna vez fue un orgullo productivo de la cuenca lechera.
La Suipachense ya estaba paralizada desde principios de septiembre por el retraso del pago de salarios y el despido de nueve de los 143 empleados. La firma tenía el 3% del mercado nacional de leche. La semana pasada, la Justicia ya había decretado la quiebra de Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (ARSA), la empresa láctea ubicada en la localidad de Lincoln, que elaboraba los yogures, flanes y postres de la marca SanCor, y que era de los mismos dueños que La Suipachense.
Con el fallo del juez Leandro Julio Enriquez, el empresario venezolano Jorge Luis Borges León, dueño de Conosur SA, perdió el control de la empresa y quedó inhibido de realizar movimientos con el capital y los bienes de dicha firma con asiento en al ciudad bonaerense de Suipacha. Además, en su resolución, el magistrado hizo saber “a las autoridades migratorias la necesidad de autorización judicial expresa para salir del país del presidente de la fallida” para garantizar la disponibilidad del directivo mientras se investigan posibles irregularidades en la gestión. El juzgado informó que la Sindicatura, que ya intervenía en el concurso preventivo, continuará en funciones durante la quiebra y le solicitó adoptar “las medidas necesarias para la provisión de los servicios esenciales y garantizar la seguridad de la planta”.
La resolución también ordena “que se libre oficio al BCRA para que tome nota del decreto de quiebra y lo comunique a todas las instituciones financieras, cerrar todas las cuentas corrientes de la empresa y embargar y transferir los saldos existentes”. Además, dispone su inhibición general de bienes, prohíbe “la realización de pagos a la firma fallida”, ordena la clausura del establecimiento y que se constate su estado para preservar los bienes y la información contable.
Suipacha, el pueblo bonaerense que votó a Milei y pierde su principal fábrica
La empresa, propiedad de unos hermanos venezolanos antichavistas que la compraron en 2012, Manuel y Carlos Fernández, del grupo Maralac, aduce tres problemas, de acuerdo a la nota de Alejandro Rebossio para elDiarioAR del 6 de septiembre pasado. Primero, los precios bajos de la leche, fruto del éxito de Milei en la reducción de la inflación. Segundo, el alto costo de producción, vía sobrevaluación del peso, algo que por ahora festejan los tamberos como el presidente de la Sociedad Rural de Suipacha, Marcelo Lizziero, porque pasaron de recibir US$0,25 por litro a 0,40, pero ahora están como sus colegas uruguayos y eso explica que entre leche de su país, Conaprole, más cara que La Suipachense y las marcas de supermercados, pero más barata que La Serenísima, Las Tres Niñas, Milkaut, Tregar o Verónica –otra láctea en crisis, como Sancor–.
Por último, las altas tasas de interés, con las que Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, buscan sostener el peso, afectan a todas las empresas, incluida la láctea del pueblo. No es casualidad que en ese contexto La Suipachense haya emitido 300 cheques rechazados por $3.000 millones. Además deben cientos de millones de pesos a los empleados y alrededor de $100 millones tanto a la cooperativa de luz y gas Coesa como a la estación de servicio, que le dejó de vender combustible.
“Las empresas que realmente tratan de hacer las cosas prolijas están yendo muy bien, pero esta empresa está manejada por gente que no tiene absolutamente nada de idea de industria láctea, cada vez produce menos”, atacaba hace dos meses el secretario general de la seccional Chivilcoy de la confrontativa Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (Atilra), Cristian Fenoglio, tras una reunión de mediación del Ministerio de Trabajo bonaerense con la empresa, que había propuesto reactivar la planta con la mitad del personal. El gremio rechazó la propuesta y pidió la reincorporación de los nueve acusados por la patronal de tomar las oficinas en plena protesta y hasta de “secuestrar” a los gerentes.
Huele a choripán. Los obreros mantienen un tinglado de protesta al lado de la planta, en las afuera del pueblo, y ahí instalaron una parrilla. Uno de ellos comenta que ahí la gran mayoría son peronistas, pero algunos votaron por Milei. ¿Están arrepentidos? “Los estamos convenciendo”, responden sus compañeros.
“Pero lo que tenga que ver con la parte de importación viene a pelearte también el mercado interno”, admite Fenoglio. Sin embargo, descarta que la importación de leche uruguaya sea la razón de la crisis de La Suipachense. No es lo mismo lo que sucede acá que en industrias como la de la moda.
A Suipacha se llega desde la ciudad de Buenos Aires tras 129 kilómetros de camino, incluida la ruta 5, donde quedó a medio hacer la autopista. Al costado del peligroso camino de un carril de ida y otro de vuelta, lleno de camiones, está alisado el terreno para ampliarlo y algunas máquinas paradas. Se trata de otra de las obras públicas que Milei detuvo apenas comenzó su gobierno. Habrá que confiar en su proyecto de concesiones privadas, con peajes que cuadripliquen los actuales, para esperar a que se reactive el sueño de transitar por una ruta con menos accidentes.
A los costados, campos con vacas, algunas con destino de faena, otras para la lechería. Este mes se siembra maíz; el próximo, soja. La producción agropecuaria inyecta dinero al pueblo, acá no se vive del Estado, pero el empleo viene de fábricas de leche y quesos, el comercio y la municipalidad. Al llegar se entra por la calle Padre Brady, asfaltada como todas las del centro del pueblo, pero a los costados hay otras de tierra y barro, según llueva. Casas bajas de un solo piso, muchas pick ups, plateados camiones cisterna de transporte de leche. Un viejo Volkswagen Polo rojo con megáfono da la vuelta a la plaza principal, la Balcarce, donde están el municipio y la iglesia, llama a votar por Fuerza Patria.
El intendente, Juan Luis Mancini, es un camporista que fue seminarista. Sin plata, pocas obras pudo hacer en estos dos años, según algunos vecinos. Sin embargo, ahora la provincia puso en marcha la remodelación de la plaza Belgrano. Ahí, como en otros rincones de Suipacha, había carteles de Fuerza Patria, otros con el lema “Kirchnerismo nunca más” de La Libertad Avanza y los de Potencia, de Ricardo López Murphy, donde se enrolaron los radicales suipachenses, que se ilusionaban con vencer al menos en la elección municipal.
En las manzanas alrededor de la Balcarce están los comercios clásicos de las pequeñas ciudades del interior, como la heladería Grido y la casa de electrodomésticos Márquez. Una talabartería, tradición de campo, y un local de tatoo, como para dar actualidad. Sonidos de pájaros y bicicletas. En uno de los dos restaurantes que funcionan en días de semana, el del Club de Comercio, jubilados juegan cartas al fondo. Ahí ya se sentía que los empleados de La Suipachense no van a comer más ni piden más viandas. Los sábados y domingos abren otros comedores para turistas que vienen a pasar el día.
“Para Suipacha, el cierre de La Suipachense lamentablemente va a ser un impacto muy duro porque en un pueblo donde hay 7.000 personas activas con sueldos relativamente bajos que 140 sueldos no se paguen, y son sueldos importantes, los más altos del pueblo, va a repercutir en toda la cadena económica del pueblo”, advertía en septiembre el gerente general de la cooperativa Coesa y productor agropecuario, José Luis Kelly. “Todas las personas que tienen cuotas en comercio… Los proveedores como nosotros vamos a sufrir el problema del no cobro de factura”, lamenta Kelly, que espera un “renacimiento, a la medida que tiene que ser, de esta fábrica”.
En la puerta de una pañalera céntrica está pegado un cartel de solidaridad con los trabajadores de La Suipachense. En la misma cuadra la láctea tiene local propio con otro papel colgado: “Cerrado hasta nuevo aviso”. Enfrente, sentado junto a Kelly en la oficina Coesa, el presidente de la Rural local no prevé un impacto en los tamberos de la zona, que hace años dejaron de proveer a La Suipachense, que arrastra problemas de pago de larga data. “El que se quema con leche…”, bromea Lizziero. La firma se abastece de productores de otros partidos, como 9 de Julio. Por eso, los ganaderos suipachenses anda bien, según el dirigente.
“Con la carne y la leche estamos mucho mejor que en los últimos 20 años”, apunta Lizziero al kirchnerismo, “pero todavía está complicada la producción de cereales porque los márgenes son muy chicos, pese a la baja de retenciones, hay esperanza de que bajen más”. En cuanto al ingreso de leche uruguaya, el ruralista lo atribuye a “cierto atraso cambiario”, pero considera que no es ese problema sino otros que se arrastran de hace años lo que explica la crisis varias industrias lácteas.
La Suipachense nació como cooperativa de tamberos hace 78 años. En los 90, en la oleada de inversiones extranjeras, la chilena Santa Carolina la compró. Más tarde llegarían los venezolanos Fernández, que armaron una láctea llamada ARSA, con conflictos también en sus otras plantas, una en Monte Cristo (Córdoba) y otra en Arenaza (provincia de Buenos Aires).
Frente a la fábrica, en un taller de reparación y soldadura de camiones cisterna de leche miran con preocupación a su vecina. “Esto influye en el transporte: si no hay movimiento de leche, me pega. Tenemos que trabajar con el transporte de afuera, no el de esta empresa”, comentaba el mecánico Alejandro Aguilera.
“En Suipacha, el comercio está muy variado, como en todos lados, algunos mal y otros mejor, pero lo de la Suipachense nos va golpear mal”, advierte el presidente del Centro Económico del pueblo, Pablo Braghi. “Las pymes están peleándola, quizás la inflación nos tapaba problemas que teníamos y hoy en día debemos cuidarnos de cualquier gasto”, agrega.
En uno de esos comercios de Suipacha, una empleada reconoce que las ventas andan flojas. Que ha perdido la esperanza en la Argentina. Que sueña con que sus hijos emigren. Votó a Milei en 2023. Preveía votar a LLA en las legislativas porque consideraba que hay que darle más tiempo al presidente. Otro vecino lo calificaba como “lo menos malo”. ¿Acaso ya no queda nada bueno?
Pero más allá de las elecciones, a los suipachenses les inquietaba el futuro de su principal empresa. En un pueblo tan chico no hay Uber que vaya a generarle unos mangos a los eventuales desempleados. Su vida tranquila puede alterarse si se aquieta aún más. Ahora, con la quiebra consumada, habrá que ver cómo se reinventa.
La Justicia también decretó la quiebra de la láctea que hacía productos de SanCor
La Justicia decretó la semana pasada la quiebra de Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (ARSA), la empresa láctea que elaboraba los yogures, flanes y postres de la marca SanCor.
El juez Federico Güerri, a cargo del Juzgado Comercial 29, fue quien dictó el fallo y dispuso la liquidación final de la empresa y el cierre de sus instalaciones.
Ubicada en el partido bonaerense de Lincoln, la planta empleaba a 180 personas, mientras otras 200 se desempeñaban en la fábrica y el centro de distribución ubicado en Córdoba.
Su red logística estaba compuesta por 165 distribuidores que llegan a 70.000 comercios de forma semanal.
El cierre se da luego de que el concurso preventivo abierto haya fracasado, en abril del 2024, ya que no apareció ningún nombre dispuesto a quedarse con la firma y sostener la producción.
El grupo Vicentin la gestionó hasta hace dos años y medio y contó con la participación de fondos como BAF Capital. Ahora, estaba siendo gestionada por los empresarios venezolanos Manuel y Alfredo Fernández, que también manejaban La Suipachense.
Al momento de presentarse el concurso, ARSA cargó contra la situación económica de ese entonces del país, en donde la inflación estaba en altos niveles y regían políticas como el control de precios, según detalló.
Sin embargo, desde el sector sostienen que la situación de la empresa se explica por el mal gestionamiento que tuvo a lo largo de los años. En esa línea, el gremio de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) fue el que denunció incumplimientos.
Los mismo empleados señalaron, además, que cobraban sueldos atrasados e irregulares, y que en los últimos meses se abonó un cuarto del mismo y en efectivo, a pesar de que se hacían jornadas completas.
ARSA elaboraba los yogures, flanes y postres de la marca SanCor, entre las que se encontraban las etiquetas Shimy, Sancorito, Sublime y Yogs, entre las más destacadas.
elDiarioAR