Kim Davis, una funcionaria del condado de Kentucky que se negó a expedir licencias de matrimonio para personas del mismo sexo, había pedido al tribunal que reconsiderara su histórica opinión de 2015.
El lunes, la Corte Suprema rechazó una solicitud para que considere revocar su histórica decisión de legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo hace una década.
El tribunal, sin comentarios, rechazó la petición presentada por Kim Davis , una ex funcionaria del condado de Kentucky que alcanzó notoriedad nacional en 2015 cuando desafió una orden judicial y se negó a expedir licencias para parejas del mismo sexo debido a sus creencias religiosas.
Ella había pedido a la Corte Suprema que revocara una orden que la obligaba a pagar más de 300.000 dólares a una pareja a la que se le había denegado una licencia de matrimonio y que anulara el fallo sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo de 2015.
Al menos cuatro de los nueve magistrados habrían tenido que votar para escuchar el caso de la Sra. Davis y revisar el precedente matrimonial, un paso importante que muchos expertos legales habían dicho que no esperaban que diera el tribunal.
Aun así, la consideración por parte de los jueces de la petición de la Sra. Davis había generado alarma entre los estadounidenses homosexuales, que ya se encontraban conmocionados por la política de la administración Trump de atacar programas y fondos que benefician a las personas LGBTQ.
Los estadounidenses homosexuales y sus aliados se mantenían en alerta desde que la mayoría conservadora de la Corte Suprema eliminó el derecho al aborto a nivel nacional tras 50 años, demostrando su disposición a revocar precedentes legales de larga data. En esa decisión, el juez Clarence Thomas escribió una opinión aparte para instar a la reconsideración del fallo del caso Obergefell contra Hodges, que reconocía el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país.
Las encuestas muestran que el matrimonio entre personas del mismo sexo cuenta ahora con un amplio apoyo público. Más de treinta y seis republicanos de la Cámara de Representantes contribuyeron a la aprobación de una ley en 2022 que obligaba a los estados y al gobierno federal a reconocer la validez de los matrimonios entre personas del mismo sexo.
Mary Bonauto, la abogada que defendió el caso Obergefell ante la Corte Suprema, elogió la decisión del tribunal. «Hoy, millones de estadounidenses pueden respirar tranquilos por sus familias, tanto las actuales como las futuras, porque todas las familias merecen los mismos derechos ante la ley», declaró.
Si bien muchas personas LGBTQ celebraron la decisión de la Corte Suprema, los activistas y sus abogados dijeron que los partidarios del matrimonio entre personas del mismo sexo deberían estar atentos a futuros intentos de revocar el precedente de 2015.
“No seamos ingenuos: nuestros oponentes cuentan con muchos recursos y están decididos”, declaró Kevin Jennings, director ejecutivo de Lambda Legal, en un comunicado. “Ahora no es momento de bajar la guardia”.
La composición del Tribunal Supremo ha cambiado significativamente desde la decisión de 5 a 4 del tribunal en 2015, y se ha desplazado hacia la derecha con la incorporación de tres jueces nominados por el presidente Trump.
Sin embargo, declaraciones y escritos recientes de algunos de los jueces conservadores sugieren que la mayoría de los jueces podrían no estar dispuestos a retomar el fallo histórico en casos futuros.
En sus recientes memorias, la jueza Amy Coney Barrett describió ciertos derechos fundamentales que la Corte ha reconocido, entre ellos los “derechos a casarse, a tener relaciones sexuales, a usar anticonceptivos y a criar hijos”. Distinguió estos derechos de aquellos que, según escribió, son objeto de un “complicado debate moral” y están más abiertos a la interpretación de la Corte, como por ejemplo cuestiones relacionadas con el suicidio y el aborto.
En una opinión emitida en 2020 , el juez Neil M. Gorsuch hizo una observación similar sobre los derechos que la corte había reconocido y en los que las personas se han basado para ordenar sus vidas.
Citó los denominados “intereses de confianza”, como la firma de un contrato, la compra de una vivienda o la contracción de un matrimonio.
Desde la decisión del tribunal en 2015, más de 800.000 parejas del mismo sexo se han casado y están criando a casi 300.000 niños.
Aun así, Richard W. Garnett, profesor de derecho y director del Programa de Notre Dame sobre Iglesia, Estado y Sociedad, dijo que la petición de la Sra. Davis siempre fue una posibilidad remota que atrajo una atención mediática desmesurada.
«El caso no plantea, de forma clara y directa, la cuestión que la cobertura mediática ha sugerido», declaró. Añadió que dicha cobertura «revela más sobre la campaña en curso para avivar la opinión pública respecto al tribunal que sobre cuestiones constitucionales relevantes».
La Sra. Davis se convirtió en un símbolo de la oposición religiosa al matrimonio entre personas del mismo sexo tras la decisión de la Corte Suprema en 2015. Pasó cinco noches en la cárcel después de ser declarada en desacato al tribunal por desafiar una orden federal de expedir licencias a parejas del mismo sexo.
David Ermold y David Moore, una pareja de Kentucky, demandaron a la Sra. Davis después de que les negaran una licencia y ganaron el juicio en 2023. Se ordenó a la Sra. Davis pagar a la pareja 360.000 dólares en concepto de daños y perjuicios y honorarios de abogados.
Apeló la sentencia, alegando la protección de la Primera Enmienda frente a la responsabilidad, y afirmó que el tribunal había reconocido erróneamente un derecho constitucional al matrimonio entre personas del mismo sexo y que debía revocar su decisión en el caso Obergefell.
En marzo, el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito de EE. UU. falló en contra de la Sra. Davis, citando una reciente decisión de la Corte Suprema que determinó que los funcionarios públicos que actúan en su capacidad oficial no están protegidos por la Primera Enmienda.
Los funcionarios públicos no pueden “ejercer la autoridad del Estado para violar los derechos constitucionales de los ciudadanos si el funcionario cree que está ‘siguiendo su conciencia’”, escribió la jueza Helene N. White, nominada por el presidente George W. Bush.
En una opinión concurrente, el juez Chad Readler, nominado por el presidente Trump, citó un fallo anterior que decía que la Sra. Davis había tomado “la ley en sus propias manos”.
Mathew Staver, abogado de la Sra. Davis, afirmó que la opinión del caso Obergefell fue “flagrantemente errónea desde el principio” y dijo que su organización, Liberty Counsel, continuaría trabajando para revocarla.
“No es cuestión de si la Corte Suprema revocará Obergefell, sino de cuándo lo hará”, afirmó en un comunicado.
Ann Marimow cubre la Corte Suprema para The Times desde Washington.
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