Los diputados quieren reclamar un juicio político contra el presidente Milei por entender que hubo un modus operandi junto a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.
A días de la presentación del informe final, la Comisión por el Criptoescándalo se reunió por última vez. El documento, que incluirá las conclusiones sobre el grado de participación de los funcionarios involucrados, se presentará el 18 de noviembre, confirmó el presidente del cuerpo, Maximiliano Ferraro. Según pudo reconstruir Página/12, en sus consideraciones finales la Comisión establecería que logró determinar un alto grado de participación y responsabilidad política de Javier Milei en la promoción y difusión de la criptoestafa, en la que solo 36 billeteras obtuvieron ganancias mientras que el 80 por ciento de los inversores perdió dinero. El informe revelaría además que los hechos no fueron aislados, sino que formaron parte de un modus operandi en el que el presidente Javier Milei, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy actuaron de manera conjunta y reiterada. Diputados que integran la Comisión advierten que los elementos reunidos serían suficientes para impulsar un juicio político contra el mandatario, aunque la nueva composición de la Cámara podrían complicar su avance.
Desde su creación, en abril de este año, la Comisión investigadora por la estafa difundida por Milei en su cuenta de X atravesó múltiples obstáculos: el bloqueo sistemático del oficialismo para obturar su funcionamiento, la negativa de los funcionarios citados a declarar y la falta de colaboración del Poder Judicial, que se negó a facilitar el acceso al expediente y tampoco prestó auxilio para llevar a los funcionarios por la fuerza pública. Así todo, durante estos meses, la Comisión desarrolló una intensa labor investigativa. Se realizaron once reuniones en las que se dispusieron diversas medidas de prueba, se incorporó documentación proveniente de plataformas exchanges, de organismos públicos y de especialistas, y se analizaron testimonios e informes técnicos. Todo ese material fue sistematizado en un expediente de diez cuerpos, que reúne la totalidad de las actuaciones realizadas y que será remitido al Juzgado Federal a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi y al fiscal Eduardo Taiano.
“El martes 18 de noviembre, a las 16, en el salón Delia Parodi, se presentará y pondrá a consideración el Informe Final de esta etapa, que contendrá las conclusiones y recomendaciones surgidas de la prueba reunida”, informó Ferraro. De ese conjunto de evidencias se desprendería “un alto grado de participación y responsabilidad política de Javier Milei en la sucesión de hechos vinculados a la promoción y difusión de la criptomoneda $LIBRA”, adelantó una fuente parlamentaria a Página/12, que reveló también que “$LIBRA no habría sido un hecho aislado, sino que formaría parte de un modus operandi en el que Milei, Novelli y Terrones Godoy habrían actuado en conjunto de forma recurrente”. El informe incorporará además que el presidente habría incurrido en mal desempeño, una de las causales previstas en la Constitución para el juicio político.
El secretario de la Comisión, Juan Marino, aseguró a este diario que “la información, los informes técnicos y el material probatorio reunido durante el trabajo de la Comisión refuerzan y amplían las hipótesis iniciales presentadas en el informe preliminar que guió nuestra investigación”. Aquel primer documento, utilizado como punto de partida, señalaba que “los actos descritos tienen todos los elementos que permiten suponer, con alto grado de certeza, que nos hallamos en presencia de una estafa en los términos del artículo 172 del Código Penal, y que el rol cumplido por el presidente de la Nación, Javier Milei, fue prestar una colaboración imprescindible sin la cual los objetivos no se hubieran cumplido”.
La gran estafa
Durante la última reunión, Marino pidió incorporar al expediente un informe técnico elaborado por el ingeniero especialista en criptomonedas Fernando Molina, que detalla con precisión el alcance de la operatoria con el token $LIBRA. Según el documento, 143.142 billeteras participaron del esquema, de las cuales 114.410 —el 79,93 por ciento del total— registraron pérdidas. Entre ellas, 498 perdieron más de 100 mil dólares, 3.144 entre 10 mil y 100 mil, 10.992 entre 1.000 y 10 mil, y 99.776 entre 1 y 1.000 dólares. Solo 36 billeteras lograron ganancias superiores al millón de dólares.
Otro hallazgo relevante surgió del relevamiento que los diputados realizaron con la información remitida por distintas plataformas exchanges: Dos meses antes de la maniobra con $LIBRA, Javier Milei ya había intervenido en una operación similar, con los mismos protagonistas. Se trató del token $KIP, lanzado por la empresa KIP Protocol, del empresario Julián Peh, en el que también participaron Novelli y Terrones Godoy.
A pesar del trabajo realizado, la Comisión no logró recoger el testimonio de Karina Milei —señalada como el nexo entre los empresarios cripto y el presidente—, quien se ausentó en las dos fechas propuestas y rechazó recibir a los legisladores en Casa Rosada. “Ella autorizó las reuniones con los protagonistas de la operatoria con la criptomoneda, además de las versiones que refieren a que Hayden Davis habría afirmado que le pagaba coimas a Karina Milei para que Javier Milei hiciera lo que él quería”, explicó una fuente con acceso a la investigación.
Tampoco declaró el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, ni colaboraron el titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik; la responsable de la Unidad de Tareas de Investigación, María Florencia Zicavo; el presidente de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva; el de la Unidad de Información Financiera, Paul Starc; y el exasesor de la CNV, Sergio Morales. A la lista de ausentes se suman los empresarios cripto vinculados al proyecto: Hayden Davis, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.
Por eso, la Comisión avanzará con una serie de medidas judiciales y administrativas para garantizar la continuidad de las actuaciones y sancionar las irregularidades detectadas durante el proceso. El lunes 10, presentará un Recurso Extraordinario Federal ante la Corte Suprema en rechazo a la resolución de la Cámara de Apelaciones que le denegó el auxilio para hacer comparecer a los funcionarios citados. Además, impulsará denuncias ante el Consejo de la Magistratura contra el juez Martínez de Giorgi y ante el Tribunal de Disciplina contra el fiscal Eduardo Taiano, a quienes acusa de entorpecer la investigación y de negarse a cumplir con el principio republicano de colaboración entre poderes, obstaculizando las facultades constitucionales del Congreso.
Por último, se presentarán denuncias penales contra los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional que, de manera reiterada, se negaron a colaborar con la Comisión y desoyeron las citaciones, para que sean investigados por incumplimiento de los deberes de funcionario público y otros posibles delitos, entre ellos encubrimiento.
¿Juicio político?
A partir del informe final, cada bloque deberá definir si el resultado de la investigación amerita el pedido de juicio político. El rol de la Cámara de Diputados es impulsar la acusación y, en caso de prosperar, elevarla al Senado, que actúa como tribunal y juzga. Unión por la Patria fue uno de los bloques que ya había promovido el pedido cuando estalló el escándalo. “Fue lo primero que impulsamos cuando apareció lo de $LIBRA. No entendería por qué, si desde entonces solo se sumaron pruebas, cambiaría esa posición”, señaló un legislador del espacio. De todos modos, los diputados reconocen que el nuevo escenario parlamentario, tras el resultado electoral, modifica la correlación de fuerzas y vuelve más difícil el avance de cualquier proceso. El oficialismo consiguió asegurarse el tercio necesario para bloquear un eventual juicio político, blindando a Milei —al menos por ahora— de una sanción institucional.
Página/12