El estado de Texas presentó este martes una demanda contra las empresas Johnson & Johnson y Kenvue, productoras del analgésico de venta libre Tylenol, cuyo principio activo es el paracetamol o acetaminofén.
La acción judicial sostiene que ambas compañías comercializaron engañosamente el medicamento a embarazadas, pese a conocer –o haber ignorado deliberadamente– el supuesto riesgo de que su consumo pudiera asociarse con el autismo y otros trastornos del neurodesarrollo.
La demanda fue impulsada por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, aliado del presidente Donald Trump, quien hace un mes agitó la controversia al afirmar públicamente que el Tylenol podría provocar autismo en los hijos de mujeres que lo consumen durante el embarazo. En su discurso, Trump pidió a las gestantes “luchar como el infierno” para evitar el fármaco, pese a que se trata del analgésico y antipirético más recomendado por los médicos en todo el mundo.
El documento judicial acusa a Johnson & Johnson y a su subsidiaria Kenvue de “traicionar a los estadounidenses al beneficiarse del dolor y vender pastillas sin importar los riesgos”. Según Paxton, las compañías promovieron durante años la idea de que Tylenol era la única opción segura para embarazadas, “aun cuando existían estudios que advertían sobre posibles vínculos con el autismo y el TDAH”. La presentación también cuestiona que Johnson & Johnson haya transferido sus responsabilidades a Kenvue tras el desdoblamiento corporativo de 2023.
Desde Kenvue respondieron que las acusaciones “carecen de fundamento legal y respaldo científico”, y que la empresa “se defenderá enérgicamente”. En un comunicado, expresaron su “profunda preocupación por la desinformación sobre la seguridad del acetaminofén”, al tiempo que recordaron que el fármaco “es la opción más segura para mujeres embarazadas según sea necesario durante todo el embarazo”. Privarlas de ese recurso, advirtieron, “podría empujarlas a soportar fiebre o dolor, que también representan riesgos para la madre y el bebé”.
El caso tiene además un trasfondo político. Tras las declaraciones de Trump, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) debió emitir un comunicado en el que aclaró que, si bien algunos estudios observacionales sugieren una posible asociación entre la exposición prenatal al paracetamol y trastornos del neurodesarrollo, “no se ha establecido una relación causal”. La Organización Mundial de la Salud sostuvo en la misma línea que “las pruebas son inconsistentes” y pidió cautela antes de sacar conclusiones.
La literatura médica refleja esa ambigüedad. Algunas investigaciones han hallado correlaciones entre el uso frecuente o prolongado de paracetamol durante el embarazo y un leve aumento en diagnósticos de autismo o TDAH, pero grandes estudios poblacionales –como uno sueco que siguió a más de 2,5 millones de niños– no encontraron evidencias concluyentes. Las asociaciones de obstetras y pediatras estadounidenses insisten en que, hasta hoy, el paracetamol continúa siendo el analgésico de primera elección durante la gestación.
La demanda de Texas es la primera acción estatal contra los fabricantes de Tylenol que alega violación de leyes de protección al consumidor por “publicidad engañosa”. El texto judicial pide que las compañías destruyan cualquier material que promocione el uso del medicamento en embarazadas. Paralelamente, varios estados observan de cerca la iniciativa, que podría sentar un precedente en la regulación de fármacos de uso masivo.
Más allá de los tribunales, el caso refleja una tensión creciente entre ciencia, política y opinión pública. La búsqueda de certezas absolutas sobre un medicamento de uso cotidiano choca con la realidad de una evidencia incompleta y con la presión política por ofrecer respuestas rápidas a un problema tan complejo como el autismo. En ese cruce se dirime algo más que una batalla judicial: la confianza social en la información médica y en las instituciones encargadas de garantizarla.
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