Según señalaron, las autoridades se negaron a recibir el petitorio, por lo que los manifestantes resolvieron ingresar al lugar por la fuerza para darle más visibilidad al conflicto.
El interventor del organismo, Alejandro Vilches, había convocado a los representantes de los prestadores para tratar los aumentos tarifarios este viernes a las 11 de la mañana, aunque el encuentro fue adelantado a las 10 horas y finalmente suspendido por “fuerza mayor”, según informaron las autoridades.
La suspensión generó un fuete malestar entre las familias y las organizaciones, que denunciaron la falta de diálogo oficial y el incumplimiento de los compromisos asumidos. Desde temprano, los manifestantes se ubicaron frente al edificio de ANDIS para exigir respuestas concretas a una crisis que, aseguran, se profundiza día a día.
Pablo Molero, presidente del Foro de Discapacidad, cuestionó la falta de ejecución presupuestaria: “La agencia recibió $121 mil millones para otorgar aumentos, ese dinero les alcanzaría para dar un aumento importante en estos tres meses”, expresó ante los medios.
Lola Berthet, vocera de las familias autoconvocadas, describió la situación de colapso del sistema: “Ya está todo colapsado, estamos llenando los papeles para la renovación de las prestaciones, pero no sabemos. No se sabe si el año que viene nuestros hijos o hijas van a tener prestaciones”.
La concentración comenzó en la calle, frente a la sede del organismo ubicada en avenida Cabildo 3067. Según reportes de testigos, el conflicto escaló porque quienes protestan habían pedido una mesa de negociación, pero recibieron una respuesta negativa.
Los manifestantes, entonces, rompieron el vallado, la puerta del lugar y entraron por la fuerza entre gritos, bombos y cánticos contra el Gobierno.
La protesta ocurre en medio de una creciente tensión política y judicial en torno al manejo de la ANDIS y la suspensión de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Hace un mes, el Gobierno había promulgado la normativa que declara la emergencia nacional en la materia, pero dispuso su suspensión hasta que el Congreso apruebe las partidas presupuestarias necesarias. El decreto que acompañó la promulgación, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fundamentó la medida en la “falta de financiamiento específico” y en la obligación de no ejecutar gastos sin respaldo presupuestario.
La decisión provocó un fuerte rechazo de asociaciones civiles, prestadores y organizaciones que trabajan con personas con discapacidad, que reclaman que el Gobierno cumpla con la aplicación inmediata de la ley.
Perfil/El Diario Ar