En la causa se investiga la desaparición forzada de Adolfo Garrido y Raúl Baigorria, ocurrida el 28 de abril de 1990, luego de que el automóvil en que se trasladaban fuera interceptado por efectivos de la Compañía Motorizada de la Policía de Mendoza. Es el primer caso de desaparición forzada en democracia en Argentina que llegó a un tribunal internacional. El Estado argentino reconoció en 1996 su responsabilidad en el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El Área de Transición de la Unidad Fiscal Mendoza, a cargo del fiscal Fernando Alcaraz, en conjunto con la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), encabezada por Alberto Gentili, requirieron que 16 exagentes de la policía de la provincia de Mendoza vayan a juicio oral por la desaparición forzada de Adolfo Garrido y Raúl Baigorria en 1990, primer caso ocurrido en Argentina desde el retorno del Estado de derecho que arribó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Otros tres imputados, entre ellos un exjuez provincial, no fueron requeridos en razón de que anteriormente fueron apartados de este proceso.
El requerimiento de elevación a juicio fue presentado por los fiscales Alcaraz y Gentili el pasado 25 de septiembre ante el Juzgado Federal 3 de Mendoza, a cargo del juez Marcelo Garnica.
El 15 de octubre de 2024, la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza se había expedido en la causa al rechazar los planteos de las defensas y confirmar los procesamientos y prisión preventiva que habían sido ordenados en agosto de ese mismo año por el titular de juez Garnica, al entender que la materialidad y autoría de los hechos investigados, se encontraban acreditados conforme el estándar probatorio requerido para esa etapa del proceso.
La lista de personas para quienes los representante del MPF solicitaron el juicio incluye a los expolicías provinciales Miguel Ángel Barahona Gutiérrez, Sergio Oscar Barrera Romero, Ángel Gustavo Bastías, Francisco Edgardo Bullones Prudencio, Néstor Ramón Falcón, Jorge Aníbal Flores Bizaguirre, Rubén Mauricio Funes Gianuzzo, Oscar Orlando Giuliano, Alberto Narciso Gordillo, Felipe Gerardo Machuca, Norberto Ernesto Mercado, Samuel Morales Valladares, Miguel Ángel Muñoz Gil, Manuel Antonio Nañez, Rolando Antonio Olarte Rivera y Jacinto Salvador Olmedo. Todos ellos señalados como posibles coautores del delito de desaparición forzada de personas, previsto en el artículo 142 ter del Código Penal.
El caso
En la causa se investiga lo sucedido el 28 de abril de 1990 entre las 15 y las 16, cuando Garrido conducía un automóvil Fiat 1500 rural acompañado de Baigorria por la rotonda de Monseñor Orzali del Parque General San Martín, en la ciudad de Mendoza, en dirección a Godoy Cruz. El vehículo en el que viajaban los dos hombres fue interceptado por efectivos de la policía provincial frente a la Escuela Hogar “Eva Perón”. Baigorria y Garrido fueron vistos con vida por última vez en los calabozos de la Dirección de Investigaciones de la Policía de la provincia, donde además se los vio golpeados.
La causa tramitó en sus inicios en el fuero provincial hasta que pasó a la órbita federal a fines de 2017 para que se investigara el caso como desaparición forzada de personas.
Una vez asumida la competencia, el juez federal Garnica delegó la investigación el 9 de febrero de 2018 en el Ministerio Público Fiscal, representado por la Fiscalía Federal N°2, a cargo de Alcaraz.
Con la investigación a su cargo, la fiscalía federal realizó un análisis pormenorizado de la causa y de la documentación existente para elaborar una hipótesis acusatoria que permitiera definir líneas de trabajo determinadas. En ese marco llevó a cabo diversas medidas: en primer lugar, tomó contacto con los familiares de las víctimas y dispuso una audiencia para informarles que la causa había pasado al fuero federal y los motivos de ese cambio de radicación. De conformidad con lo establecido por la Ley 27.372, de derechos y garantías de las personas víctimas de delitos, la fiscalía dio intervención a las profesionales de la Dirección General de Orientación, Acompañamiento y Protección a las Víctimas (DOVIC) de la Procuración General de la Nación, a cargo de Malena Derdoy, quienes llevaron a cabo más de 270 intervenciones.
La fiscalía analizó también la totalidad de la documentación incorporada en la causa, entre la que destacan los libros de novedades de la época de las distintas dependencias policiales que habrían intervenido en los hechos investigados, además del expediente que tramitó en el fuero provincial por “averiguación de paradero”.
Analizó asimismo más de 150 declaraciones testimoniales brindadas tanto en el juzgado provincial como las vertidas en el marco de la actuación de la Comisión Ad hoc de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que intervino en 1996.
De esa forma, identificó aproximadamente 40 declaraciones de relevancia y, en función de ello, dispuso citar nuevamente a esos testigos a fin de que ratifiquen, rectifiquen y/o amplíen lo que habían declarado oportunamente. Producto del paso del tiempo resultó dificultoso ubicar a muchos de ellos.
La causa tiene trascendencia internacional para el Estado argentino, ya que fue el primer caso de desaparición forzada perpetrado tras la restauración democrática que arribó a un tribunal internacional. En efecto, el 2 de febrero de 1996 la Corte IDH falló de forma unánime y tomó nota del reconocimiento del Estado de su responsabilidad en los hechos denunciados. Desde entonces, el tribunal realiza un seguimiento en el marco de la supervisión de sentencias, dado que no se había investigado a los responsables de las desapariciones ni tampoco se han hallado los cuerpos o restos de Garrido y Baigorria.
El Ministerio de Seguridad de la nación ofrece recompensas de 5 millones de pesos para quienes puedan aportar datos para hallar a Garrido y Baigorria.
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