La organización manifestó su preocupación ante la escasez de fondos que tendría la Ley de Bosques durante 2026, por su importancia para controlar la deforestación ilegal. Al mismo tiempo, alertó por la cantidad insuficiente de brigadistas forestales con la que cuenta la Administración de Parques Nacionales para enfrentar una temporada de incendios que -se estima- será muy compleja.
“La cantidad insuficiente de fondos asignados a la Ley de Bosques por el gobierno nacional disminuirá la capacidad de control que realizan los gobiernos provinciales sobre los desmontes ilegales, ya que el treinta por ciento se destina a apoyo institucional. El resto se utiliza para promover la conservación y las actividades sustentables en los bosques”, advirtió Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
El proyecto de Ley de Presupuesto 2026, recientemente presentado por el Poder Ejecutivo, asigna apenas el 3,5% de lo que corresponde al financiamiento de la Ley de Bosques. Serán tan sólo 15.843 millones de pesos, cuando deberían ser 444.000 millones, puesto que la normativa forestal establece que no pueden ser menores al 0,3% del Presupuesto Nacional.
Por otra parte, el gobierno nacional ya había dispuesto mediante el decreto 888/2024 la disolución del Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, que administra los fondos de la Ley Nacional de Bosques. De esta forma, los fondos antes previstos para la conservación de estos ecosistemas, podrían ser utilizados por el Estado Nacional arbitrariamente, con cualquier otro destino.
Argentina se encuentra entre los 15 países con más deforestación de las últimas tres décadas, con cerca de 7 millones de hectáreas desmontadas desde 1998 hasta 2023, según datos oficiales. De acuerdo al monitoreo satelital de Greenpeace estimó que solo durante 2024 en el norte del país se perdieron unas 150.000 hectáreas de bosques.
En este contexto, trabajadores de la Administración de Parques Nacionales denunciaron que cuentan con tan sólo 363 brigadistas forestales, cuando el mínimo debería ser 700, para cubrir cerca de 5 millones de hectáreas bajo su jurisdicción y asistir a las provincias, cuando se los convoca, a través del Sistema Nacional de Manejo del Fuego. Desde el organismo denunciaron despidos injustificados, salarios insuficientes y contrataciones precarias.
Cabe advertir además que la reciente disolución del Fideicomiso Financiero y de Administración del Fondo Nacional del Manejo del Fuego genera incertidumbre respecto de contar con fondos suficientes para la prevención y combate a los incendios forestales.
“Estamos muy preocupados por un posible aumento de los incendios forestales durante esta primavera y el próximo verano, teniendo en cuenta la poca cantidad de precipitaciones y nieve caída durante este otoño e invierno en la región andino patagónica. Es evidente el desinterés del gobierno nacional de afrontar seriamente la emergencia forestal y la crisis climática en la que nos encontramos. Se precisan más brigadistas, más infraestructura y más prevención”, advirtió Giardini.
El procesamiento satelital de la organización estimó que la superficie de Bosques Andino Patagónicos afectada por el último verano por incendios forestales fue de casi 32.000 hectáreas. La superficie quemada se cuadruplicó en comparación con la temporada anterior y, por su enorme magnitud e impacto, se trataron de los peores incendios forestales de las últimas tres décadas en la región.