Organismos de derechos humanos acusaron a Esteban Leguizamo y a Marcos Patiño Brizuela por desobediencia y abuso de autoridad por no garantizar la provisión de medicamentos a jubilados y pensionados.
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), junto a Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba, la Asociación Civil Foro Solidario Córdoba, la Unión Obrera Gráfica Cordobesa y la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba presentaron una denuncia penal contra las autoridades nacionales y provinciales del Pami.
La acción fue radicada el pasado 30 de septiembre ante la fiscalía federal de turno de Córdoba y estuvo patrocinada por los abogados Mabel Edith Sessa y Carlos Hugo Vicente.
Los denunciados fueron el director nacional del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), Esteban Leguizamo; y el director ejecutivo de la Unidad de Gestión Local III de Córdoba, Marcos Patiño Brizuela.
Según la presentación, ambos habrían incurrido en conductas que se encuadraron en los delitos de desobediencia a la autoridad, actos discriminatorio, estafa procesal, así como abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, además de infracciones a la ley de ética pública 25.188.
Por ahora, no se conocen las posiciones de los funcionarios denunciados.
El origen del conflicto: un amparo colectivo
La denuncia se vinculó con el amparo colectivo iniciado el 13 de diciembre de 2024 por las mismas organizaciones, en el que se cuestionó la validez de la resolución administrativa 2431/2024 del Pami.
Esa norma, dictada el 22 de agosto de ese año, modificó las condiciones de acceso a medicamentos gratuitos para jubilados y pensionados, limitando el programa de cobertura plena conocido como “Vivir mejor”.
“La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Comisión de Familiares, el Foro Social y la Unión Obrera Gráfica presentamos un amparo colectivo ante la Justicia Federal solicitando que se suspendiera la medida que había establecido Pami en diciembre de 2024, por la cual terminaba con el programa ‘Vivir mejor’. Ese plan garantizaba a los jubilados el listado de medicamentos esenciales al 100% de su costo, entregados gratuitamente, en forma automática y sin realizar trámites burocráticos”, dijo Carlos Vicente, abogado patrocinante.
El expediente fue radicado en el Juzgado Federal N° 2 de Mendoza, a cargo de Pablo Oscar Quiroz, luego de que el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba remitiera la causa por conexidad con otra tramitada en esa jurisdicción.
La medida judicial incumplida
El 16 de mayo pasado, el juez Quiroz dictó una resolución cautelar en la que hizo lugar al planteo de los amparistas y ordenó suspender en la provincia de Córdoba la aplicación de las resoluciones 2431/2024 y 2537/2024 del INSSJP.
En consecuencia, Pami debía restituir el programa “Vivir mejor” y garantizar el acceso automático y gratuito a los medicamentos esenciales recetados por médicos de cabecera a todos los afiliados en Córdoba.
“Desde esa fecha hasta hoy, Pami, tanto en la dirección de Córdoba como en la nacional, no cumplió la directiva del juez federal de Mendoza. Peor aun, presentaron informes falsos diciendo que sí cumplían, cuando los jubilados no tuvieron acceso real a los medicamentos esenciales”, sostuvo Vicente.
La resolución incluyó la obligación de publicar la medida en medios de comunicación digitales de alcance provincial y de informar en un plazo de 48 horas los pasos adoptados para cumplir la orden judicial.
El incumplimiento y la denuncia penal
De acuerdo con el comunicado de los organismos de derechos humanos y la denuncia presentada, las autoridades de Pami no acataron la medida judicial.
A pesar de las intimaciones, de la aplicación de astreintes diarias (multas) y de los pedidos de informes realizados por el Juzgado Federal, el organismo mantuvo durante más de cuatro meses el desconocimiento de la orden cautelar.
“La actitud de la dirección del Pami es de absoluta mala fe y persigue un objetivo claro: dejar sin medicamentos esenciales a los jubilados. Ante esto, el 29 de septiembre presentamos una denuncia penal contra el director de Pami Córdoba y contra el director nacional”, explicó Vicente.
El escrito acusó a los funcionarios de incurrir en cuatro delitos. “En primer lugar, incumplimiento de las órdenes judiciales, previsto en el artículo 239 del Código Penal. Segundo, discriminación hacia los jubilados como grupo vulnerable. Tercero, incumplimiento de los deberes de funcionario público, porque es su obligación llevar adelante el programa. Y cuarto, estafa procesal, porque mintieron deliberadamente al juez federal, tomándole el pelo con informes falsos”, detalló.
En los fundamentos, los abogados patrocinantes solicitaron que la denuncia penal fuera admitida en Córdoba, por tratarse de hechos que afectaron directamente a jubilados y pensionados de la provincia, y por la investidura pública del director local del organismo, domiciliado en la ciudad de Córdoba.
El escrito recordó que la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y los tratados internacionales de derechos humanos de jerarquía constitucional reconocen el derecho a la salud como parte esencial de la protección de la vida y la dignidad humana.
Citó expresamente la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros instrumentos internacionales aplicables.
Pedido de investigación y movilización
Los denunciantes solicitaron ser admitidos como querellantes particulares, en representación de los organismos y de los afiliados perjudicados, y reclamaron que la fiscalía investigue en profundidad la posible comisión de los delitos mencionados y persiga la responsabilidad penal de los funcionarios nacionales y provinciales del Pami.
“Estos delitos producen un daño directo en todo el colectivo de jubilados, que no pueden acceder al listado de medicamentos esenciales que garantizan su salud y su vida. El fiscal federal número 2 de Córdoba es quien debe dar trámite a este procedimiento”, señaló Vicente.
En tanto, el abogado resaltó la necesidad de sostener la presión social. “Lo principal, lo fundamental, es lo que se está haciendo ahora: la movilización, la participación ciudadana y la organización de los jubilados junto a otros sectores. Solo así se logrará que jueces y fiscales federales hagan cumplir la ley y la Constitución Nacional”, concluyó.
La Voz