El gremio informático denunció a Globant y a 20 empresas del sector por fraude fiscal: reciben subsidios millonarios de la Ley de Economía del Conocimiento para crear empleo, pero despidieron masivamente. El sindicato exige auditorías y que Caputo deje de ver para otro lado.
La Asociación Gremial de Computación (AGC) presentó una denuncia contra Globant (Sistemas Globales S.A.) y otras 20 empresas ante la Autoridad de Aplicación de la Ley de Promoción de la Economía del Conocimiento que depende del ministro Luis Caputo y, en particular, del subsecretario de Economía del Conocimiento, Santiago Pordelanne. El sindicato reveló que hubo más de tres mil despidos en el primer semestre del año, cuando la ley estipula que los receptores de subsidios tienen prohibido bajar la nómina y hasta deben incrementarla para seguir siendo beneficiarios del esquema.
El gremio acusó al “ex unicornio nacional” dirigido por Martín Migoya de incumplir una de las obligaciones esenciales y materiales para acceder y mantener los grandes beneficios fiscales que otorga la Ley de Economía del Conocimiento: el mantenimiento y/o incremento de la nómina de personal. Globant, inscripta en el Registro Nacional de Beneficiarios, es un caso testigo en un universo de numerosas empresas que se encuentran en la mira sindical por la misma maniobra: recibir miles de millones de pesos del Estado para subsidiar salarios a través del Bono de Crédito Fiscal (BCF) –que cubre hasta el 70% de las contribuciones patronales– y, al mismo tiempo, realizar despidos.
Según explicó el sindicato a El Destape, en los últimos siete meses se registraron 3.080 despidos en las empresas que son beneficiadas por esta ley. Entre las compañías denunciadas figuran, además de Globant, Hexacta, Biside, Atos, Arbusta, ARL, Health Management Solutions, IAFH Global, NTT Data (Everis), Epidata, Pragma, QServices, Axoft y Snoop.
La prueba documental de los despidos
La denuncia de la AGC no se basa en rumores, sino en la tendencia a la baja de la nómina de personal afectado a las actividades promovidas por la ley. El gremio presentó como prueba documental un informe que revela la constante reducción de empleados de Globant durante la primera mitad del año, incumpliendo el plazo de 60 días para cubrir las bajas.
Según los datos obtenidos por el informe de la Agencia de Acceso a la información pública, la plantilla de personal promovido de Globant se redujo en 453 puestos de trabajo entre enero y julio de 2025.Esta reducción objetiva viola directamente lo estipulado en el Artículo 4°, apartado III de la Ley 27.506, que exige “mantener y/o incrementar su nómina de personal respecto de la declarada al momento de la presentación de su solicitud de inscripción”.
Potenciales consecuencias de la maniobra de Globant
El incumplimiento de este requisito esencial no es una falta administrativa menor; es una causal para la Revocación de la inscripción y el Decaimiento de pleno derecho de los beneficios. La sanción más temida por las grandes corporaciones es el “Clawback” (restitución). Si la Autoridad de Aplicación comprueba que la reducción de plantilla excedió el margen de excepción de 60 días, Globant se vería obligada a:
-Devolver Retroactivamente la totalidad del Bono de Crédito Fiscal (70% de las contribuciones patronales) utilizado desde el inicio del incumplimiento.
-Devolver los montos de reducción del Impuesto a las Ganancias.
-Pagar las multas e intereses aplicables a la deuda fiscal.
-El monto total, acumulado durante los años de vigencia del régimen, representa una deuda fiscal monumental que impactaría directamente en el balance de la multinacional.
El sindicato subrayó que la distorsión en la asignación de fondos públicos sin causa legal podría constituir un delito de naturaleza federal. Lo que resulta extraño (o no) es que los funcionarios que responden a Caputo no hayan advertido a Globant y al resto de las empresas por incumplir la ley.
El Régimen de Economía del Conocimiento se promulgó con el objetivo explícito de promover actividades basadas en la innovación y, fundamentalmente, “fomentar el empleo de calidad” y el desarrollo de PyMES. Cuando las empresas que se benefician de un esquema que alivia significativamente su carga impositiva y deciden unilateralmente realizar despidos masivos, están rompiendo el “contrato social” que justifica el costo fiscal del programa. El subsidio se desvía de su fin primordial (el empleo) para convertirse en una simple ayuda de caja que protege los márgenes de ganancia.
El ajuste salarial en la industria del conocimiento
Impulsado por la inversión pública desde su promoción iniciada en 2004, el sector no paró de crecer, creando y radicando empresas en el país gracias a la decisión del Estado. No obstante, a pesar de este estímulo, la situación de los trabajadores va a contramano del crecimiento en empleo y exportaciones de las empresas del sector: sueldos congelados, horas extra impagas, contratos precarios y la inexistencia de un convenio colectivo de trabajo que ordene una carrera, contemple licencias, compense los títulos obtenidos y ordene criterios profesionales como un escalafón adecuado para cada rol.
Todas estas compañías tienen un rasgo en común: pertenecen a la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI), entidad que publicita en los informes de su observatorio (el OPSSI) supuestos sueldos del sector IT. Desde AGC y su observatorio (Observatorio del Trabajo Informático-OTI) se refirieron a la “endeblez metodológica y la veracidad de tales datos”, promocionados por la cámara empresaria, números que chocan con evidencia contraria creciente
Según el informe del OPSSI, el promedio salarial a abril de 2025 era de $ 2.460.611. Esta cifra, apuntaron desde el gremio, “implica una «trampa metodológica» como es presentar un salario promedio de algunas compañías preseleccionadas y no una mediana salarial del sector, lo que resulta engañoso”, ya que “dada la fórmula utilizada para obtener el promedio (sumar la totalidad de sueldos y dividirlo por la cantidad de trabajadores), los sueldos altos -notable minoría en la totalidad de los casos- impulsan hacia arriba el salario promedio así calculado, pero eso no tiene asidero en la realidad de la gran mayoría”.
En contraste, el observatorio del sindicato basa sus informes en el análisis de fuentes oficiales y abiertas como el SIPA y la ARCA y calcula la mediana salarial del sector, un indicador que permite identificar el techo y piso salarial de la mitad del universo de trabajadores, el cual se encuentra actualmente en $ 1.307.578, muy lejos de lo señalado por la cámara empresaria.
Según denuncia el gremio, a estas irregularidades se le pueden agregar asignación de tareas sin remuneración correspondiente como en la multinacional Accenture, pero también en Avature (donde tampoco pagan horas extras) y en Seidor. Pero si hay que resumir y sintetizar entre las problemáticas más citadas por los trabajadores, se destacan las formas de contratación precaria; el encubrimiento de la relación laboral a través del monotributo; contratación offshore; inconsistencias entre el contrato, rol, categoría y salario y la ya naturalizada falta de reconocimiento de títulos, antigüedad e idiomas.
El Destape