La medida surge a raíz de la reiterada derivación de casos de esta naturaleza que, además de generar dilaciones en la agenda judicial, requieren un abordaje específico desde la salud y no desde la privación de la libertad.
La decisión se fundamenta en los lineamientos de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, a la cual adhirió la Provincia del Chaco, y en la Ley N.º 3381 – G, que regula el Protocolo de actuación de las Fuerzas de Seguridad y de los efectores de salud en situaciones de intoxicación.
Tal como señalaron, las pautas de actuación contemplan la asistencia inmediata en salud ante situaciones de crisis, donde la persona afectada debe ser derivada al servicio de emergencia del hospital más cercano y no privada de la libertad.
Así como brindarle orientación sobre los recursos disponibles para solicitar ayuda en el Centro de Referencia de Consumos Problemáticos (Los Hacheros 231, Tel. 362-4618457), la guardia de Salud Mental disponible las 24 horas, y organizaciones religiosas como la Casa de Contención “Pescador de Hombres” y el Hogar “Esperanza de Vida”.
Ante casos graves, si se verifican agresiones físicas, riesgo para terceros o destrucción de bienes, además de las pautas generales, la Policía deberá cumplir estrictamente el Protocolo de la Ley 3381-G, garantizando la atención integral en salud.
La disposición del Juzgado enfatiza que los consumos problemáticos deben ser tratados como una cuestión de salud pública, desde un enfoque de derechos humanos y con atención comunitaria, en línea con compromisos internacionales como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Próximamente tienen intenciones de reunirse con referentes de áreas de Salud Metal del Hospital Perrando y del Ministerio Público de la Defensa para continuar trabajando con estas medidas que buscan resguardar los derechos de las personas con consumos problemáticos, brindar orientación a las familias y garantizar la debida diligencia en causas prioritarias como violencia de género y familiar.