Diputadas y diputados del Frente Chaqueño presentaron un proyecto de enmienda constitucional para incorporar al Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes dentro del capítulo de “Organismos de Control” de la Constitución del Chaco.
La iniciativa –firmada por Paola Benítez, Pía Chiacchio Cavana, Tere Cubells, Analía Flores, Rubén Guillón, Rodrigo Ocampo, Mariela Quirós, Rodolfo Schwartz y Nicolás Slimel– propone agregar el artículo 181 bis y siguientes, otorgando al Comité autonomía financiera y funcional, estabilidad institucional y presupuesto propio.
De aprobarse, el Comité quedaría reconocido constitucionalmente como ente autárquico y autónomo, encargado de articular y coordinar el Sistema Provincial de Prevención de la Tortura. Sus cinco integrantes serían designados mediante concurso de antecedentes y oposición, respetando criterios de representación regional, equidad de género y participación de pueblos originarios. Además, se garantizarían inmunidades similares a las del Superior Tribunal de Justicia.
En los fundamentos, los autores explicaron que la medida busca “reforzar la garantía del derecho a la dignidad humana, la integridad personal y la prohibición absoluta de la tortura”, otorgando a este organismo una jerarquía constitucional que asegure su permanencia y autonomía frente a los poderes del Estado. Recordaron que la Constitución Nacional (art. 18) y los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22) imponen al Estado argentino el deber de prevenir y erradicar la tortura, obligación que se extiende a las provincias en el marco del federalismo.
También destacaron que el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (OPCAT) exige que los mecanismos de prevención sean independientes, eficaces y dotados de recursos suficientes para su funcionamiento. Desde su visita al país en 2012, el Subcomité de Prevención de la Tortura de la ONU viene recomendando fortalecer la autonomía de estos organismos, asegurar procesos de selección transparentes y garantizar financiamiento estable.
“El Comité no es un órgano de control más: interviene en espacios donde históricamente las voces de las personas han sido silenciadas. Darle rango constitucional significa blindar su independencia y su capacidad de actuar frente a violaciones de derechos humanos, asegurando el control democrático de lugares de encierro”, sostuvieron los legisladores.