La defensora oficial de Fernando Sabag Montiel en el juicio por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner comenzó su alegato con una afirmación sorpresiva: dijo que tenía ciertas coincidencias con la querella de la expresidenta y, puntualmente, que está convencida de que no se puede desligar el atentado en su contra del tramo final del juicio conocido como “Vialidad” (por el que ahora está detenida con prisión domiciliaria). La letrada, Fernanda López Puleio, sostuvo que no hay que disociar el hecho, además, del “contexto” de creciente odio y violencia política que alimentaban grupos que venían de fogonear “discursos antivacunas” y pedían “muerte a los K”, “muerte al gobierno”. En esa sintonía, argumentó que el alegato del fiscal Diego Luciani, “guarda una relación evidente” con el atentado por su “impronta tan especial, atípica”, “rimbombante, histriónico, enardecido”. Es tan lineal, señaló, que Sabag Montiel estaba obsesionado con que su abogado fuera Luciani, algo que pidió, sin comprender las diferentes funciones.
López Puleio compartió el alegato de más de cuatro horas con el defensor Nicolás Ossola, quien se ocupó en un tramo de describir lo que, en base a la opinión de algunos peritos, consideran que caracteriza a Fernando Sabag Montiel: “un trastorno delirante de contenido místico” que “produce la pérdida de razonamiento”, con un “psiquismo altamente permeable”. Lo describieron como una “esponja” que recibía “la lectura que los medios y las redes sociales llenas de intolerancia hicieron de lo que estaba pasando con la exvicepresidenta Cristina Kirchner”. “Esta eclosión provocó en Fernando Sabag Montiel la decisión” que, insistió la defensora, “está motivada en su especial composición de personalidad”.
Por todo esto pidieron –algo que ya habían solicitado sin éxito durante le proceso– que se lo declare inimputable e intervenga el fuero civil ante lo que creen un trastorno de salud mental. Para pedir la absolución se basaron en otra cuestión: ellos consideran que se trató de un “delito imposible”, porque en una imagen posterior al hecho, donde se exhibe el arma (Bersa calibre .32 modelo Lusber 84), el cargador no parece estar encajado en la empuñadura de la pistola, lo que explicaría –según este análisis– por qué no había bala en la recámara del arma, pese a que tenía cinco proyectiles. De esta manera la tentativa de homicidio, dicen, no sería tal. La defensa cuestionó también los agravantes planteados: alevosía, empleo de arma de fuego y violencia de género.
Entre Luciani y el hombre gris
Para respaldar su teoría de lo sucedido, López Puleio recordó mensajes que Sabag Montiel envió a dos grupos de whatsapp después que empezó el alegato del fiscal Diego Luciani, el 1 de agosto de 2022, y el día posterior a que lo finalizara, el 22 de agosto, y pidiera 12 años de prisión para CFK e inhabilitación perpetua. “Tengo ganas de tirarle un corchazo a Cristina” Kirchner, repitió. La defensora explicó que de acuerdo a su estructura de pensamiento Sabag suponía que la expresidenta no debía estar libre tras el alegato de Luciani, a quien veía como “justiciero”. En su indagatoria, recordó que había dicho: “Yo soy el resultado de o el factor de muchas fallas en la justicia. Yo estoy acá porque una parte de la justicia argentina no funciona, entonces, me cargué una mochila en la cual realmente traté de pagar el precio de lo que otros no hicieron”. Había dicho que le parecía “un acto de justicia” y no una situación de la que quisiera beneficiarse “económicamente”.
Luego hizo una línea de tiempo donde muestra los pedidos para que Luciani fuera su defensor. De entrada, señaló López Puleio, Sabag Montiel rechazó al defensor oficial Juan Martín Hermida y en la indagatoria pidió por el fiscal de Vialidad. Decía que Hermida era el responsable de que hubiera perdido sus pertenencias, ropa, instrumentos, su casa. Desde le 8 de septiembre, una semana después del atentado, no lo quiso recibir más. Mandaba notas manuscritas donde volvía a pedir por Luciani y otros funcionarios judiciales vinculados al caso Vialidad: los jueces Andrés Basso, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y hasta Julián Ercolini. Pedía que desplazaran a la jueza de instrucción María Eugenia Capuchetti. En ciertas entrevistas, como reflejó por esos días una nota del periodista Hugo Alconada Mon que se exhibió en la audiencia, decía que creía ser el “Hombre Gris”, personaje de una de las profecías del artista de Benjamín Solari Parravicini. Pensaba que salvaría al país y que terminaría sobreseído por “aclamación popular”.
En el alegato hubo una referencia a que durante las elecciones de 2023 “(Javier) Milei decía que él era el hombre gris” y esto alteró a Sabag Montiel, por lo que tuvieron que pedir que interviniera el Prisma (Programa Interministerial de Salud Mental). Los defensores dijeron también que apenas fue detenido una evaluación psiquiátrica express que no se correspondía con informes posteriores y lo que se dijo en el juicio. Ellos se quedaron con algunas características como la “idea de superioridad”, “ideas paranoides delirantes”, y todo un “trastorno” que hace “perder el juicio de realidad”, aunque después la persona pueda tener un discurso que parezca coherente. Esto lo explicaron en combinación con el contexto violento, el papel de medios y redes que hacen “una bola imparable que acrecienta el odio”, insistió López Puleio. “Es imposible desligar este contexto previo, que guarda relación con el hecho…”, dijo. Citó una investigación de la Universidad de Barcelona, que habla de “hecho detonante”, como la posible antesala del ataque a CFK. Dijo varias veces que estaba sorprendida de que la fiscalía no hubiera hecho ninguna mención respecto de toda esta cuestión al alegar y pedir la condena, que unificada con otras le daba 19 años. La querella pidió 15 años.
Hubo referencias a su vínculo, también con Brenda Uliarte, también acusada como coautora y las vinculaciones que ella tenía con personas que declararon en el juicio, algunos del mundo libertario, como Eduardo Prestofelippo (influencer conocido como El Presto), quien declaró que “aborrece” al kirchnerismo, y algo similar el dirigente de Nueva Centro Derecha Hernán Carrol.
¿Delito imposible?
Según la defensa la bala no salió y ni siquiera entró en la recámara porque el cargador no estaba bien colocado, no estaba encajado en el arma, no estaba “a tope”. Sostienen que eso se ve con claridad en una foto de los elementos incautados. López Puleio dijo que sería comparable a un ejemplo que citó de Raúl Zaffaroni, en el que se refiere a “un revólver sin tambor” y no podría decirse que existía la posibilidad cierta de llevar la munición, cartucho o bala a la recámara para que funcionara. “No hay comienzo de ejecución y por ende no hay tentativa”, es su razonamiento.
“No puede decirse que el cargador en esas condiciones estuviera en posibilidad cierta de llevar munición, cartucho o bala a la recámara para provocar el funcionamiento ordinario de ese arma”, afirmó. Y citó al reconocido jurista Raúl Zaffaroni, muy ligado al kirchnerismo: “Cuando un autor escoge determinado medio [por el arma] y cree que lo está aplicando, pero en la realidad no existe, no puede determinarse ningún comienzo de ejecución y por ende no hay tentativa”. La querella había planteado que disparar un arma que fortuitamente no tiene la bala en la recámara sería lo mismo que tirar y errarle al objetivo. Es una discusión jurídica que se verá como resuelve el tribunal. Tampoco está claro si efectivamente el cargador estaba salido en el momento en que Sabag Montiel intentó accionar el arma, porque luego cayó al suelo o la tiró, cuando lo atrapan los militantes, no se sabe qué efecto pudo tener el golpe, si por ejemplo pudo mover un poco el cargador.
La defensa pidió descartar también los agravantes. Respecto de la alevosía, describió que funcionaba el dispositivo de seguridad que rodeaba a CFK (contra la aparente teoría de la jueza Capuchetti) y señaló que encontró en testigos, documentos ni el relato de Sabag Montiel que el ataque estuviera motivado por razones de género, contra lo que plantearon la fiscalía de Gabriela Baigún y la querella, con los abogados Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira.
Página/12