La Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresan su preocupación y condenan las manifestaciones de violencia en línea contra niñas, niños, adolescentes y jóvenes que defienden el ambiente, protegen la naturaleza y promueven acciones frente al cambio climático en la región. Ambas Relatorías Especiales llaman a los Estados a adoptar medidas urgentes y efectivas para prevenir, investigar y sancionar estas agresiones, y a establecer mecanismos de protección reforzada que aseguren que niñas, niños, adolescentes y jóvenes defensores puedan ejercer plenamente su derecho a la libertad de expresión y a participar de manera segura y significativa en los asuntos ambientales y climáticos, tanto en entornos digitales como en el espacio público en general.
En 2025, las Relatorías Especiales han recibido reportes de agresiones en línea contra niñas, niños y adolescentes que defienden los derechos humanos y el medio ambiente. En particular, preocupa el caso de Francisco Vera, un adolescente colombiano de 15 años, quien ha sido víctima de amenazas de muerte, hostigamientos constantes y campañas de desprestigio en redes sociales debido a su activismo en la defensa del medio ambiente. De acuerdo con la información recibida, algunos mensajes lo vinculan falsamente con grupos armados ilegales, acusándolo de ser “narcoterrorista” y “líder guerrillero”, además de difundir imágenes manipuladas de su persona y descalificaciones relacionadas con su edad. Las Relatorías observan con preocupación el hecho de que muchos de estos ataques provienen de cuentas asociadas a líderes políticos y funcionarios públicos, según los informes recibidos.
Las Relatorías Especiales condenan enérgicamente estas amenazas y hostigamientos contra Francisco Vera, su familia y otras niñas, niños y adolescentes de la región. Tales ataques vulneran sus derechos fundamentales y generan un efecto intimidatorio que busca desalentar la defensa del ambiente y la participación en debates esenciales para la democracia. Además, reflejan un preocupante deterioro del debate público en redes sociales, inhibiendo la participación libre, segura y plural de la niñez y la juventud en asuntos de alto interés público, incluidos la protección del ambiente y la respuesta a la emergencia climática.
Frente a estos hechos, las Relatorías recuerdan que niñas, niños y adolescentes son titulares directos y activos del derecho a la libertad de expresión. Tal como se expuso en el informe sobre “Niñez, libertad de expresión y medios de comunicación en las Américas”, este derecho no solo abarca la libertad de buscar, recibir y difundir información, sino también la posibilidad de expresar sus puntos de vista sobre los temas que les afectan o interesan, independientemente de los canales de comunicación que el mundo adulto pueda ofrecerles. En su dimensión individual, la libertad de expresión les permite manifestar sus propios pensamientos, ideas e información. En su dimensión colectiva, esta libertad facilita que la sociedad — incluyendo a las propias niñas, niños y adolescentes— acceda a información, conozca diversas opiniones y esté bien informada. En consecuencia, reiteran que la promoción de la libertad de expresión de niñas, niños y adolescentes, según la Convención Americana, debe interpretarse de la manera más amplia y efectiva posible.
Asimismo, en línea con lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva OC-32/25, las Relatorías Especiales recuerdan que los Estados tienen la obligación de prevenir toda forma de violencia, garantizar el pleno ejercicio de los derechos de la niñez —incluida la libertad de expresión— y asegurar su participación segura, efectiva y significativa en los asuntos ambientales y climáticos. Ello exige reconocer y proteger el papel fundamental que cumplen como defensores ambientales, crear un entorno propicio para su labor y garantizar su protección frente a la intimidación, el hostigamiento y la violencia.
Finalmente, las Relatorías instan a los Estados a garantizar el acceso equitativo, seguro y efectivo de niñas, niños y adolescentes a los entornos digitales, promoviendo acciones que eviten su exclusión y aseguren que puedan compartir información y ser escuchados sobre los temas que les afectan e interesan. La promoción y fortalecimiento de la ciudadanía digital de la niñez es fundamental para su plena integración en una sociedad donde las nuevas tecnologías juegan un papel central para la participación pública.