Los jueces sostuvieron que D’Alessio fue el personaje central de una asociación ilícita destinada a hacer inteligencia ilegal y a extorsionar. La ministra sabía de sus “investigaciones criminales”, pero no las frenó.
Marcelo Sebastián D’Alessio no fue el jefe, pero fue el hilo conductor de una asociación ilícita que se dedicaba a espiar, extorsionar y a intervenir en causas judiciales. Esta es una de las conclusiones a las que arribó el Tribunal Oral Federal (TOF) 8, que acaba de dar a conocer los fundamentos de por qué condenó a trece años y medio de prisión al falso abogado. Uno de los puntos más salientes de la sentencia es que apunta al vínculo entre D’Alessio y Patricia Bullrich. Los jueces Sabrina Namer, Gabriela López Iñíguez y Nicolás Taselli sostuvieron que la ministra de Seguridad sabía que D’Alessio, pese a no integrar una fuerza de seguridad o ser orgánico de los servicios de inteligencia, hacía “investigaciones criminales” por su cuenta y no lo frenó.
D’Alessio y su banda se dedicaron entre julio de 2016 y febrero de 2019 a obtener, producir y almacenar información sobre la vida privada de distintas personas. Lo hacían a través de fuentes públicas y de bases de datos a las que solo pueden acceder determinados funcionarios. El objetivo era claro: intimidar para exigir dinero. Los amenazaban con involucrarlos en causas judiciales o escracharlos en medios de comunicación. Esto era posible porque D’Alessio tenía una “red de vínculos con funcionarios del Poder Judicial, del Ministerio Público Fiscal y de las fuerzas de seguridad, así como con periodistas y empresarios”.
La información surge del fallo de 1022 carillas que difundió en las últimas horas el TOF8 y que confirma la investigación que se inició a finales de enero de 2019 en el juzgado federal de Dolores, entonces a cargo del juez Alejo Ramos Padilla.
“El objeto procesal de este debate pone en tela de juicio varios aspectos que hacen a la vida democrática. No pueden taparse con las manos las sombras que recayeron sobre la actuación de la propia administración de justicia, de las fuentes de información pública y la manera en que el periodismo ejerce su función”, destacaron Namer, López Iñíguez y Taselli.
El TOF8 destacó que hubo múltiples avisos de que la banda de D’Alessio estaba operando, una banda que también incluía a exintegrantes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Uno de los nombres recurrentes en la sentencia es el de Bullrich, actual ministra de Seguridad y candidata de La Libertad Avanza (LLA) para el Senado por la Ciudad de Buenos Aires.
En el fallo, aparecen capturas de mensajes que D’Alessio intercambió con Bullrich en 2018. El falso abogado le enviaba filmaciones aéreas del barrio Puerto Roldán por una “investigación” vinculada a la banda criminal llamada “Los Monos”.
El TOF dio por acreditado que el teléfono pertenecía a Bullrich, por información que proporcionó la empresa Movistar-Telefónica. En 2019, cuando estalló el escándalo, Bullrich salió a decir que era un aparato que usaba su nietito. Lo curioso es que la criatura aparentemente prometía investigar lo que D’Alessio señalaba o conocía tan al dedillo la estructura del ministerio que dirigía su abuela como para derivar al interesado con el funcionario correspondiente.
D’Alessio estaba interesado en acercarle a Bullrich una escucha y un arrepentido sobre un tiroteo contra funcionarios que habían investigado a los narcos en Santa Fe. “La respuesta frente a ese ofrecimiento fue ofrecerle una reunión para que entregue ‘el material’ y una posterior reunión con la ministra”, señalaron en el TOF8.
“Desconocemos qué información disponía D’Alessio en este caso, pero lo que en este punto queda claro es que la Ministra pudo haber conocido que una persona que no pertenecía formalmente a ninguna fuerza de las que tenía a su cargo ni a las agencias del Sistema de Inteligencia Nacional en dos oportunidades estaba realizando ‘investigaciones criminales’”, subrayaron los magistrados.
Los integrantes del TOF también remarcaron que las víctimas relataron que D’Alessio se jactaba de su relación con Bullrich y que la secretaria del falso abogado también dijo que él frecuentemente la mencionaba y que le dijo que se había reunido con la ministra. Otro de los condenados, el exAFI Rolando Barreiro, declaró que sabía que tenía relación con Bullrich.
En una computadora Asus que le secuestraron a D’Alessio, encontraron una presentación que llevaba por título “propuesta Ministerio Final” y había sido editada en noviembre de 2016. Era un diagnóstico con las principales rutas y modalidades de ingreso de estupefacientes en el país.
El 14 de agosto de 2017, D’Alessio entró a Gelly Obes para verse con la ministra. Según informó Seguridad, la presencia del falso abogado se debió a una “reunión en materia de narcotráfico” en la que participaron Bullrich y Martín Verrier, entonces subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico. “Todo ello permite tener por acreditado que D’Alessio explotaba su acceso a órganos del Estado como un recurso de legitimación e influencia, en beneficio de las maniobras ilícitas desplegadas por la organización”.
Marcelo Sebastián D’Alessio no fue el jefe, pero fue el hilo conductor de una asociación ilícita que se dedicaba a espiar, extorsionar y a intervenir en causas judiciales. Esta es una de las conclusiones a las que arribó el Tribunal Oral Federal (TOF) 8, que acaba de dar a conocer los fundamentos de por qué condenó a trece años y medio de prisión al falso abogado. Uno de los puntos más salientes de la sentencia es que apunta al vínculo entre D’Alessio y Patricia Bullrich. Los jueces Sabrina Namer, Gabriela López Iñíguez y Nicolás Taselli sostuvieron que la ministra de Seguridad sabía que D’Alessio, pese a no integrar una fuerza de seguridad o ser orgánico de los servicios de inteligencia, hacía “investigaciones criminales” por su cuenta y no lo frenó.
D’Alessio y su banda se dedicaron entre julio de 2016 y febrero de 2019 a obtener, producir y almacenar información sobre la vida privada de distintas personas. Lo hacían a través de fuentes públicas y de bases de datos a las que solo pueden acceder determinados funcionarios. El objetivo era claro: intimidar para exigir dinero. Los amenazaban con involucrarlos en causas judiciales o escracharlos en medios de comunicación. Esto era posible porque D’Alessio tenía una “red de vínculos con funcionarios del Poder Judicial, del Ministerio Público Fiscal y de las fuerzas de seguridad, así como con periodistas y empresarios”.
La información surge del fallo de 1022 carillas que difundió en las últimas horas el TOF8 y que confirma la investigación que se inició a finales de enero de 2019 en el juzgado federal de Dolores, entonces a cargo del juez Alejo Ramos Padilla.
“El objeto procesal de este debate pone en tela de juicio varios aspectos que hacen a la vida democrática. No pueden taparse con las manos las sombras que recayeron sobre la actuación de la propia administración de justicia, de las fuentes de información pública y la manera en que el periodismo ejerce su función”, destacaron Namer, López Iñíguez y Taselli.
El TOF8 destacó que hubo múltiples avisos de que la banda de D’Alessio estaba operando, una banda que también incluía a exintegrantes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Uno de los nombres recurrentes en la sentencia es el de Bullrich, actual ministra de Seguridad y candidata de La Libertad Avanza (LLA) para el Senado por la Ciudad de Buenos Aires.
En el fallo, aparecen capturas de mensajes que D’Alessio intercambió con Bullrich en 2018. El falso abogado le enviaba filmaciones aéreas del barrio Puerto Roldán por una “investigación” vinculada a la banda criminal llamada “Los Monos”.
El TOF dio por acreditado que el teléfono pertenecía a Bullrich, por información que proporcionó la empresa Movistar-Telefónica. En 2019, cuando estalló el escándalo, Bullrich salió a decir que era un aparato que usaba su nietito. Lo curioso es que la criatura aparentemente prometía investigar lo que D’Alessio señalaba o conocía tan al dedillo la estructura del ministerio que dirigía su abuela como para derivar al interesado con el funcionario correspondiente.
D’Alessio estaba interesado en acercarle a Bullrich una escucha y un arrepentido sobre un tiroteo contra funcionarios que habían investigado a los narcos en Santa Fe. “La respuesta frente a ese ofrecimiento fue ofrecerle una reunión para que entregue ‘el material’ y una posterior reunión con la ministra”, señalaron en el TOF8.
“Desconocemos qué información disponía D’Alessio en este caso, pero lo que en este punto queda claro es que la Ministra pudo haber conocido que una persona que no pertenecía formalmente a ninguna fuerza de las que tenía a su cargo ni a las agencias del Sistema de Inteligencia Nacional en dos oportunidades estaba realizando ‘investigaciones criminales’”, subrayaron los magistrados.
Los integrantes del TOF también remarcaron que las víctimas relataron que D’Alessio se jactaba de su relación con Bullrich y que la secretaria del falso abogado también dijo que él frecuentemente la mencionaba y que le dijo que se había reunido con la ministra. Otro de los condenados, el exAFI Rolando Barreiro, declaró que sabía que tenía relación con Bullrich.
En una computadora Asus que le secuestraron a D’Alessio, encontraron una presentación que llevaba por título “propuesta Ministerio Final” y había sido editada en noviembre de 2016. Era un diagnóstico con las principales rutas y modalidades de ingreso de estupefacientes en el país.
El 14 de agosto de 2017, D’Alessio entró a Gelly Obes para verse con la ministra. Según informó Seguridad, la presencia del falso abogado se debió a una “reunión en materia de narcotráfico” en la que participaron Bullrich y Martín Verrier, entonces subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico. “Todo ello permite tener por acreditado que D’Alessio explotaba su acceso a órganos del Estado como un recurso de legitimación e influencia, en beneficio de las maniobras ilícitas desplegadas por la organización”.
Un plan para salvar a D’Alessio
El 28 de enero de 2019, el empresario Pedro Etchebest se presentó en el juzgado federal de Dolores y denunció que D’Alessio y el fiscal Carlos Stornelli lo estaban extorsionando para no ser involucrado en la causa de los Cuadernos. Declaró que días antes había estado en el balneario CR con el fiscal y el falso abogado.
A partir de esa denuncia, el juez Ramos Padilla empezó a investigar la trama que tiene a D’Alessio como personaje central. La defensa del falso abogado alegó que fue una causa armada y que hubo fórum shopping, es decir, que se eligió un magistrado. Para el TOF8, ese planteo no tiene sustento fáctico, probatorio ni jurídico. D’Alessio fue el que propuso el lugar de la reunión y coincidió con que Dolores tiene competencia sobre hechos que suceden en Pinamar, donde está ubicado el balneario que frecuenta Stornelli.
Para los jueces, la investigación de Ramos Padilla presentó una “hipótesis acusatoria sólida que quedó demostrada de manera irrefutable en el debate”. Además, en sintonía con lo que había dicho el fiscal Marcelo Colombo, descartaron que haya existido un “complot” contra D’Alessio.
Lo que sí hubo fueron movimientos desde el Gobierno de Mauricio Macri para encapsular el escándalo. Así lo acreditan varios mensajes que D’Alessio le envió a su esposa el 11 de febrero de 2019 contándole que iba a hacer una declaración en el Ministerio de Justicia y que Stornelli iba a formular una denuncia ante la Cámara Federal porteña para que él quedara detenido en Comodoro Py. Evidentemente, era un mejor plan que estar a disposición del juez Ramos Padilla.
“Resulta llamativo cómo D’Alessio conocía de antemano la denuncia que realizaría el fiscal federal e incluso manifestaba, pocas horas antes de esta nueva denuncia, que podría quedar detenido en Comodoro Py”, subrayaron.
En los audios, D’Alessio le informaba a su pareja que esperaba en el auto, en la calle Posadas, a que el abogado Rodrigo González terminara una reunión. “No sé si no es la casa de Bullrich. Están reunidos en este momento. No sé de quién es. Es acá en la calle Posadas, pero por la cantidad de custodia que hay abajo, si no es de Bullrich, le pega. De alguien importante es”, le contaba.
El TOF pudo acreditar que esa noche el teléfono de D’Alessio impactó en la antena de Posadas y Callao. “No sabemos con la prueba que tenemos en este juicio si efectivamente sucedió una reunión entre el imputado y autoridades del Poder Ejecutivo Nacional, como D’Alessio indicó en esos audios”, concedieron. “Sí conocemos los públicos y notorios cuestionamientos que el entonces titular del Poder Ejecutivo Nacional efectuaba sobre el juez Ramos Padilla en virtud de la instrucción de la presente causa y el pedido de juicio político que impulsó en consecuencia”, concluyeron.
Página/12