La Justicia investiga cómo se hacían las compras en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El rol de la dirección “Incluir Salud”, que comandaba el desplazado Daniel Garbellini, y su circuito cerrado de contratación. La lupa sobre los contratos con la droguería Suizo Argentina.
La Justicia investiga cómo se hacían las compras en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que tiene un presupuesto este año superior a los 3 billones de pesos, según un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, que analizó la inversión del gobierno de Javier Milei en discapacidad.
El foco de los investigadores está puesto, obviamente, en el vínculo del organismo que comandaba Diego Spagnuolo con la droguería Suizo Argentina, propiedad de la familia Kovalivker, una de las principales proveedoras de la agencia.
Según pudo reconstruir El Destape, las compras más relevantes de la ANDIS se hacían a través de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud, conocida como “Incluir Salud”, área que estaba bajo la órbita de Daniel Garbellini, uno de los cinco investigados en la causa “audios de las coimas”, quien fue desplazado por el escándalo.
Es la persona que Spagnuolo menciona como el que le ubicaron desde Presidencia para manejarle la caja. La dirección que estaba bajo su mando es la que tiene mayor presupuesto (descontando el dinero destinado a las pensiones) y utiliza un circuito de compra interno, cerrado, por lo que sus adquisiciones no se publican en el portal Comprar.
Allanamientos y secuestro de documentación
El 29 de agosto pasado, la Justicia estuvo allanando nuevamente la ANDIS, que tiene tres sedes. En la sede de Rivadavia al 800, donde funciona Incluir Salud y tenía despacho Garbellini, el operativo se extendió hasta entrada la noche. La atención estuvo en el piso 4°, donde está la dirección mencionada y en el piso 10°, donde funciona el área de administración;es decir, donde se liquidan los expedientes.
Según pudo determinar El Destape, la Justicia se llevó información de la dirección, del área de liquidación y del área de prestaciones médicas.
El 30 de agosto continuaron los procedimientos pero en la sede de Ramsay, donde tenía oficina Spagnuolo, y que había sido allanada también el día previo. Allí, la Policía de la Ciudad estuvo hasta las 17. En los operativos de la semana pasada, los agentes –que concurrieron con personal de la fiscalía a cargo de Franco Picardi, que tiene delegada la pesquisa- se llevaron información de las computadoras que está siendo analizada.
Un negocio cerrado
La información obtenida de las computadoras puede ser central para el devenir de la pesquisa. Las compras que realiza la Dirección de Acceso a la Salud – que tiene un presupuesto de cientos de miles de millones de pesos – quedan registradas en un circuito interno de la ANDIS y no se publican en el portal Comprar, donde se registran los procesos de compras públicas de las distintas administraciones públicas nacionales. Hay una normativa que así lo determina y que está siendo estudiada por los investigadores judiciales.
El punto central es que hay normas aplicables que datan de 2005 para que funcione el sistema interno sin difusión pública. Pero la ANDIS se creó en 2017, durante el macrismo. La agencia reunió a diversos organismos, entre ellos el Programa Federal Incluir Salud y el Servicio Nacional de Rehabilitación que funcionaban bajo la órbita del ministerio de Salud; y la Dirección Nacional de Pensiones, que estaba en el ministerio de Desarrollo Social. En 2017, se aglutinaron en ANDIS y pasaron a depender de Presidencia – luego pasarían a Jefatura de Gabinete -.
El gran interrogante que se hacen los investigadores es si el circuito interno que no tiene publicidad se utilizó para esconder los negocios millonarios que se estaban haciendo durante la gestión libertaria y que, según los audios filtrados de Spagnuolo, incluían coimas que iban a las manos de Karina Milei, la hermana del Presidente y secretaria general de la Presidencia.
En Incluir Salud se compran mediaciones de alto costo, insumos cardiológicos y otropédicos, sillas de ruedas no convencionales, etc. En cuanto a medicación pueden ser blísters de 6 millones de pesos, 50 millones de pesos o 150 mil pesos, que igualmente para un pensionado es casi el 70% de su pensión. No hay que perder de vista que los beneficiarios son pensionados. Porque los afiliados a Incluir Salud son quienes tienen una pensión no contributiva y no tienen obra social.
Ese es el requisito para poder estar afiliado al programa que, para citar dos ejemplos, permite a personas de bajos recursos tratarse un cáncer o enfermedades como la enfermedad neurodegenerativa ELA.
¿Cómo funciona la compra a través del circuito interno de la dirección de Incluir Salud?
El Destape pudo reconstruir que cada expediente para compra ingresa al sistema cerrado de esa dirección a través de la Unidad de Gestión Provincial (UGP). Esto implica, por ejemplo, que un paciente con cáncer en una provincia hace la solicitud de la medicación para tratarse. La oficina de salud provincial analiza si corresponde el abordaje vía la ANDIS y si lo aprueba llega a Incluir Salud que es la que tiene la decisión final respecto a la solicitud.
Para eso, primero intervienen médicos de la Dirección de Auditoría Médica del organismo, quienes ingresan a la plataforma interna y evalúan si la solicitud está en orden y reúne la documentación que se pide por normativa. Luego el camino del expediente continúa. Con todas las autorizaciones de la semana (la compulsa es semanal, explicaron desde el organismo a este medio), se extrae un Excel que termina en manos de Roger Edgard Grant, quien era el coordinador de urgencias, y de Claudia Restrepo – una empleada administrativa quien fue desvinculada tras el estallido del escándalo -. Ellos son los que mandan a licitar.
Entonces sí, se compra y se entrega. También puede haber contrataciones directas si es un caso de extrema urgencia – que debe respaldar la provincia de la que es oriundo el paciente que hace la solicitud -.
Para poder ejecutarse la compra, la solicitud debía pasar por la dirección de prestaciones médicas a cargo de Diego D’Giano y por Garbellini. Sin la firma de Garbellini -quien también cumplió funciones durante el macrismo en la ANDIS- no podía concretarse ninguna compra. Garbellini es la persona a la que Spagnuolo señala como quien le pusieron por orden de Karina Milei para manejar la caja de la ANDIS.
Lo que investiga la Justicia es cuántas contrataciones ganó Suizo Argentina, la empresa de Eduardo, Emmanuel y Jonathan Kovalivker, quienes están siendo investigados en Comodoro Py junto a Spagnuolo y Garbellini en la causa que tramita en la fiscalía de Picardi y el juzgado a cargo de Sebastián Casanello. Allí también interviene la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que es una Fiscalía Anticorrupción.
La PIA, que está a cargo del fiscal Sergio Rodríguez, está trabajando en lo relativo a los contratos de Suizo Argentina con ANDIS, algo que con el avance de la investigación podría extenderse a contratos de la firma con otros organismos del Estado. Se estima que la PIA podría cuantificar con precisión el dinero que implicó la relación contractual total de la droguería de la familia Kovalivker con la agencia que conducía Spagnuolo.
¿Cuántos proveedores como Suizo Argentina hay?
“Entre tres y cinco prestadores de medicación”, señalaron fuentes vinculadas a la ANDIS. “Después tenés los de prótesis. Se licita entre dos y siete, aproximadamente”, añadieron. Siempre gana el que ofrece “el mejor precio”.
Además del área compras, está el circuito de “liquidaciones” en Incluir Salud, que también juega un rol protagónico y podría quedar bajo la lupa judicial. Lo conduce Patricio Alberto Denholm, actual Director de Gestión Descentralizada de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud.
Quienes conocen el funcionamiento interno de la ANDIS precisaron a El Destape que “Denholm conforma y coordina equipos específicos para realizar las liquidaciones, incluso asignando tareas diferenciadas por laboratorio, como ocurrió con Suizo Argentina. Es decir, armaron un equipo solo para sacar las facturas de la Suizo”.
Por el momento, son cinco los investigados y el juez Casanello, como lo hizo en otras causas, aceptó como querellante a Poder Ciudadano. Consideró a la ONG como el capítulo argentino de Transparencia Internacional. Todo un indicio de hacia dónde se dirige la pesquisa.
Por su parte, el Gobierno diseñó un contraataque judicial que contó de dos instrumentos: una denuncia penal por espionaje ilegal, que investigan el fiscal Carlos Stornelli y el juez Julián Ercolini; y una demanda de Karina Milei en el fuero civil y comercial federal con la que obtuvo la prohibición de difundir audios sobre ella referidos a todo este escándalo.
El juez que firmó ese escandaloso fallo de censura previa fue Patricio Maraniello, quien ya cosechó cuatro denuncias por mal desempeño en el Consejo de la Magistratura. Desde Elisa Carrió a Claudio Lozano están pidiendo su remoción del cargo. En los próximos días podría haber novedades.
El Destape