En un juicio abreviado, el Tribunal Oral Federal de Resistencia condenó este martes al suboficial mayor de la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco, Gabino Manader, a 8 años de prisión por la privación ilegítima de la libertad agravada (desaparición forzada) del militante de la Juventud Peronista Humberto Aníbal “Cacho” Muñoz, ocurrida el 26 de noviembre de 1976 en la localidad de Barranqueras.
El tribunal estuvo integrado por los jueces Juan Manuel Iglesias, Sebastián Gallino y Fabián Cardozo. Durante la audiencia, la esposa de la víctima, Ramona Pawlisky, y su hermano, Domingo Cayetano Muñoz, manifestaron su conformidad con el juicio abreviado y la condena, al considerarla una instancia de reparación y un derecho a conocer la verdad de lo ocurrido.
Por su parte, Manader reconoció su responsabilidad en los hechos y aceptó la pena impuesta. También expresaron su acuerdo con el procedimiento la Defensa Oficial, la Fiscalía Federal y las querellas en representación de las Secretarías de Derechos Humanos del Chaco y de la Nación.
Además, el tribunal unificó las condenas de Manader en 25 años de prisión y anunció que dará a conocer los fundamentos de la sentencia en el plazo de diez días.
El caso Muñoz
La sentencia reconstruye la historia de militancia y persecución sufrida por Humberto Aníbal Muñoz, quien integraba la Juventud Peronista del Chaco desde 1972. En 1974 trabajó como chofer en la Cámara de Diputados provincial y del entonces vicegobernador Alberto Torresagasti.
En 1976 fue detenido por razones políticas y permaneció 60 días en la Brigada de Investigaciones y en la Alcaidía de Resistencia, donde sufrió torturas y amenazas antes de recuperar la libertad.
El 26 de noviembre de 1976, en la madrugada, fue secuestrado en su domicilio de Barranqueras por un grupo de al menos cuatro hombres armados y vestidos de civil, que se movilizaban en dos vehículos con rumbo a Antequeras. Entre ellos se encontraban los sargentos de la Dirección de Investigaciones Gabino Manader y José María Cardozo, reconocidos por los familiares que presenciaron el operativo: su madre, su esposa y su hijo pequeño.
Tras el secuestro, los familiares de Muñoz buscaron información en distintas dependencias policiales y judiciales, pero nunca recibieron respuestas. Desde entonces, su nombre integra la larga lista de desaparecidos de la última dictadura militar en Argentina.