El Gobierno de Milei se embarcó en una cruzada para despedir a 300 trabajadores del INTA, pese a que el Senado había dejado finalmente sin efecto el decreto 462/25 que habilitaba pases a disponibilidad. La Justicia ordenó frenar la medida con una cautelar presentada por ATE. Si no cumple, la multa será de 10 millones de pesos diarios por incumplimiento.
Rodolfo Aguiar, de ATE, celebró: ”En serio Presidente @JMilei van a seguir insistiendo en desafiar a los otros poderes del Estado?”
El Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín ratificó una cautelar presentada por ATE y obligó al Ejecutivo a dejar sin efecto la resolución que afectaba a 300 trabajadores del organismo. La sanción económica se aplicará por cada día de incumplimiento.
El conflicto entre el Gobierno nacional y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) sumó un nuevo capítulo este lunes, luego de que la Justicia volviera a expedirse en contra de los pases a disponibilidad en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
El Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín ordenó al Ejecutivo cumplir con la cautelar ya dictada la semana pasada y estableció una multa de $10.000.000 por cada día de incumplimiento.
El miércoles pasado, la Justicia había dejado sin efecto el decreto 462/25, que habilitaba el pase a disponibilidad de empleados del Estado, y dispuso que no se aplicara en el INTA. Poco después, el Senado rechazó definitivamente el DNU.
Sin embargo, el Gobierno avanzó a través de la Resolución 1240 del Ministerio de Economía, que afectaba a 300 trabajadores del organismo. La medida fue denunciada por ATE como un nuevo intento de desconocer las decisiones judiciales y legislativas.
Tras el fallo conocido hoy, el gremio celebró la decisión judicial y exigió al Ejecutivo acatar de inmediato la medida. Desde ATE señalaron que el Gobierno “insiste en desafiar a los otros poderes del Estado” y remarcaron que los fallos en su favor se repiten frente a lo que califican como “una política de ajuste sin sustento legal”.
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