La Suizo Argentina SA, empresa mencionada en uno de los audios sobre presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), multiplicó en el último año sus negocios con el Estado: pasó de firmar contratos por $3898 millones en 2024 a $108.299 millones en lo que va de 2025. Los números surgen de las licitaciones públicas, privadas y contrataciones directas originales que obtuvo la compañía y que se encuentran disponibles en el sitio oficial Compr.Ar.
Este salto en los contratos públicos que ganó Suizo Argentina SA refleja un incremento del 2678%. Durante ese período de tiempo, la inflación acumulada fue del 117,8% en 2024 y la de 2025 totaliza 17,3% hasta julio, según mediciones del Indec.
La Nación consultó a Suizo Argentina SA sobre la evolución de los montos de los contratos que obtuvo con el Estado, pero al momento de publicación de este artículo no emitieron comentarios.
El relevamiento realizado en base a información oficial sólo contempló a los originales de las licitaciones y contrataciones directas abiertas desde 2024, sin ampliaciones ni prórrogas. Estas últimas no necesariamente requieren la apertura de nuevos procesos con nuevos competidores.
La empresa investigada, Suizo Argentina SA, aparece en los audios atribuidos al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, obtenidos de manera clandestina y editados, donde una voz que parece ser la de Spagnuolo alude al cobro de presuntos sobornos por parte de otros funcionarios y menciona a Karina Milei.
La compañía presta servicios de almacenamiento y logística de medicamentos y productos de salud, entre otros, y es una de las líderes del sector farmacéutico. En el marco de la investigación que se abrió tras la explosión del caso, la Justicia allanó el domicilio de sus autoridades el viernes pasado.
La diferencia entre 2024 y 2025 se explica, en gran medida, por una contratación en particular, que representa más del 70% del total de las adjudicaciones de este año.
El Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, autorizó el 6 de marzo una contratación integral por $78.267 millones a favor de la Suizo Argentina SA. Dicha licitación buscaba empresas que puedan distribuir y almacenar medicamentos y vacunas, entre otros productos sanitarios, que requieren cadena de frío.
La compulsa tuvo a la Suizo como la única compañía del sector farmacéutico que compitió por ese contrato, ya que las otras ofertas fueron de OCA, Correo Argentino y Andreani. Este último se quedó con una parte de la licitación dado que también resultó adjudicado aunque por un monto de $20.130 millones.
“El objetivo de la contratación se fundamenta en contar con una herramienta operativa que permita el cumplimiento eficaz de los objetivos estratégicos del Ministerio de Salud, permitiendo el abastecimiento adecuado de los productos necesarios para sus diversos programas y acciones, en materia de políticas sanitarias, en todas las jurisdicciones del país”, dice la licitación, presentada por el secretario de Gestión Sanitaria, Alejandro Vilches, nombrado como interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) tras la explosión del caso.
Fuentes de la cartera que dirige Lugones aclararon a La Nación que esta contratación fue consecuencia de una nueva estrategia de ahorro que habría disminuido costos por $48.000, aproximadamente. Según explicaron, antes se hacían muchas licitaciones para almacenar y distribuir medicamentos que generaba un mayor gasto. Por eso, tal cual expresaron, decidieron concentrar todas en una sola para eficientizar erogaciones.
Además, esgrimieron que el contrato firmado con Suizo Argentina se encuentra por debajo del precio de referencia que tenía el Ministerio. Esto contrasta con uno de los considerandos del documento firmado por Lugones el 6 de marzo.
La Gerencia de Precios Testigo de la Sindicatura General De La Nación (Sigen), un organismo de control, elaboró un informe técnico de precios testigo mediante orden de trabajo N°38/24, donde concluyó que “los servicios que se propicia contratar no resultan estandarizados ni de uso común, motivo por el cual se encuentran excluidos del Control de Precios Testigo”. Fuentes del Ministerio de Salud indicaron que Sigen no genera precios testigo de este tipo de requerimientos.
También, desde la cartera que dirige Lugones sostuvieron que la facturación y pago es contra servicio prestado, por lo que el importe adjudicado “no deviene que vaya pagarse la totalidad, sino lo consumido”. Incluso, detallaron que el servicio no lo brinda Suizo Argentina SA, sino una empresa asociada a ella, Log In Farma SRL, cuyo gerente es Jonathan Kovalivker, una de las personas que la Justicia ordenó allanar y no encontró en el domicilio apuntado.
La segunda adjudicación más grande fue por $15.393 millones. Su acta fue firmada el 12 de marzo por el director director del Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas, Ángel Elía. Tuvo como objetivo la “provisión de medicamentos varios”, tal cual se lee en Compr.Ar.
Las otras adjudicaciones a favor de Suizo Argentina SA se reparten en 33 contrataciones, que corrieron por cuenta de la Armada, la Superintendencia de Bienestar de la Policía Federal, del Estado Mayor General del Ejercito, el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur “Dr. Juan Otimio Tesone” y el Hospital Nacional “Dr Baldomero Sommer”.
Estos adjudicatarios también se observan para el período 2024, con excepción de la Armada. De este modo, la información disponible en el sitio oficial de compras del Estado, Compr.Ar, no refleja contrataciones a favor de Suizo Argentina a cargo de la Agencia Nacional de Discapacidad, pese a los audios atribuidos a su exdirector.
La propia Andis señala en su apartado de transparencia publicado en su sitio web que “las compras y contrataciones de la Agencia Nacional de Discapacidad están publicadas en el portal público Compr.Ar”. En caso que hubieran existido compras a favor de la empresa mencionada, se habría incumplido con lo que el organismo aclara.
Pese a eso, la Justicia investigó una presunta compra efectuada desde Andis a Suizo Argentina por un monto de más de $15.000 millones en 2024. Ese proceso no aparece en el sistema de compras del Estado, entre las licitaciones o contrataciones abiertas desde 2024.
La Nación