“¿Cuánta más violencia vamos a naturalizar?”, preguntaba uno de los carteles que levantaron este miércoles los reporteros gráficos frente al Ministerio de Seguridad, mientras adentro la ministra Patricia Bullrich se preparaba para recibir a su par chileno para analizar los ocurrido ayer durante el partido Independiente Universidad de Chile. Afuera, en silencio, con fotografías en alto y consignas escritas en blanco y negro, una multitud de trabajadores y trabajadoras de prensa marchó para denunciar el hostigamiento, las agresiones físicas y las detenciones arbitrarias que se repiten cada semana en el marco de las manifestaciones callejeras.
“No hay democracia sin libertad de expresión”, dice el comunicado conjunto de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (Argra) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires.
Desde que el gobierno de Javier Milei asumió el poder, la violencia contra la prensa en el espacio público se intensificó. El protocolo antipiquetes reimplementado por Bullrich, declarado inconstitucional por diversos organismos, sentó las bases para una represión sistemática que se extiende incluso a quienes solo registran los hechos.
Las agresiones se multiplican: los fotógrafos son gaseados, golpeados, apuntados con armas no letales mal utilizadas – que se vuelven letales – y, en algunos casos, arrestados sin justificación. En especial, los miércoles, día habitual de movilización de agrupaciones de jubilados, los operativos de seguridad desembocan en episodios de violencia descontrolada.
Sin banderas ni consignas partidarias, la manifestación usó la fotografía como única Sin banderas ni consignas partidarias, la manifestación usó la fotografía como única herramienta de denuncia ante una violencia que busca silenciar incluso el acto de registrar. Las máscaras dan cuenta del peligro de los reporteros gráficos de ser gaseados por el gobierno del tándem Milei-Bullrich sólo por ejercer un derecho básico: a la libertad de prensa.
Uno de los casos más graves ocurrió el pasado 12 de marzo, cuando el fotoperiodista Pablo Grillo recibió el impacto de una granada de gas lacrimógeno disparada por el sargento Héctor Jesús Guerrero, de Gendarmería Nacional. El cartucho lo alcanzó en la cabeza. Desde entonces, Grillo transita una lenta y dolorosa recuperación tras múltiples intervenciones quirúrgicas. Ese mismo día, Jonathan Navarro, hincha de Chacarita, perdió la visión de un ojo luego de que un agente de la Prefectura Naval Argentina, Sebastián Emanuel Martínez, le disparara a solo tres metros con un rifle Byrna, apuntando directamente a su cara.
Estos casos se suman al de Matías Aufieri, abogado en causas por derechos humanos y asesor del Frente de Izquierda, quien en junio de 2024 perdió un ojo en una protesta frente al Congreso. En aquella jornada, efectivos de la Policía Federal y de la Policía de la Ciudad ingresaron en moto a la Plaza del Congreso y dispararon contra manifestantes y trabajadores de prensa. Luego, las detenciones arbitrarias completaron el operativo.
Lejos de ser hechos aislados, los ataques parecen obedecer a un patrón sostenido en el tiempo. El Mapa de la Policía, una herramienta de monitoreo ciudadano, fue clave para identificar a los agresores en los casos de Grillo y Navarro, lo que muestra la importancia de los registros audiovisuales que justamente los reporteros gráficos buscan garantizar.
“Expresión sin represión”, “Y a vos, ¿por qué te reprimen?”, “No hay democracia sin libertad de expresión”: las consignas de la protesta no apelaron al grito sino a la imagen. Fue la fotografía, la misma que incomoda al poder, la herramienta elegida para visibilizar la violencia de Estado. Porque no se trata solo de fotógrafos heridos: se trata del derecho a informar, del derecho de la ciudadanía a estar informada, y de un Gobierno que ve en ese derecho una amenaza.
El comunicado de Argra y Sipreba: “No hay democracia sin libertad de expresión”
”Esta tarde, trabajadores y trabajadoras de prensa, reporteros gráficos de aRGra, SiPreBA e independientes marcharon en silencio frente al Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, para reclamar por las sucesivas y violentas represiones en las que son sistemáticamente gaseados, apaleados, apuntados al cuerpo con armas que se vuelven letales, y hasta arrestados sin motivo alguno más que el de querer realizar su trabajo, que es, básicamente, el derecho a informar.
Las y los trabajadores de prensa se movilizaron con fotografías que aluden a la represión y consignas como “Expresión sin Represión”, “Y a vos, ¿por qué te reprimen?” “¿Cuánta más violencia vamos a naturalizar?”, que levantaron a su paso por la cartera de Seguridad.
En el momento de la protesta se estaba por desarrollar una conferencia de prensa de la ministra Patricia Bullrich, quien recibió al Ministro del Interior de la República de Chile, para analizar los ocurrido ayer durante el partido Independiente Universidad de Chile. Ante el desconcierto de la protesta por parte de la ministra, la misma fue demorada.
La violencia estatal comenzó al inicio del gobierno de Javier Milei, con el protocolo antipiquetes, que es anticonstitucional, nuevamente implementado por la Ministra de Seguridad. Desde los debates por la Ley Ómnibus, a los miércoles en los que concentran las agrupaciones de jubilados – quienes también son reprimidos brutalmente cada semana-, las agresiones de las fuerzas de seguridad son sistemáticas.
El punto más álgido de la represión se dio el 12 de marzo pasado, con el disparo de una granada de gas lacrimógeno efectuado por el sargento Héctor Jesús Guerrero, de la Gendarmería Nacional, durante una multitudinaria marcha de jubilados que contó con el apoyo de las hinchadas de clubes de fútbol. El agente utilizó su arma de manera irregular, apuntando a la multitud, y el cartucho impactó en la cabeza del fotoperiodista Pablo Grillo, quien luego de varias operaciones sigue en un lento proceso de recuperación. Pero Grillo no fue el único herido durante aquella jornada. También perdió la visión el hincha de Chacarita Jonathan Navarro, quien recibió un disparo antirreglamentario. El martes pasado, gracias al trabajo del Mapa de la Policía – que también aportó a la identificación del autor del disparo a Grillo- se identificó al agente de la Prefectura Naval Argentina, Sebastián Emanuel Martinez, quién disparó su rifle Byrna a tan solo tres metros de Navarro, apuntado a la cara del manifestante.
Ya un año atrás, el 12 de junio de 2024, Matías Aufieri había sido el primer herido de gravedad. Aufieri, asesor del bloque del Frente de Izquierda y abogado en causas por DD.HH, participaba de las protestas en el Congreso en rechazo a la Ley Ómnibus y, así como Navarro, recibió un disparo en su rostro que le ocasionó la pérdida de un ojo. En esta ocasión, el modus operandi fue orquestado por las divisiones motorizadas de la Policía Federal y de la Ciudad, quienes subieron con sus motocicletas a la Plaza del Congreso, disparando a mansalva a manifestantes y trabajadores de prensa. Luego procedieron a detenciones arbitrarias. Una cacería que se repite con asiduidad en las diversas manifestaciones, sobre todo durante los miércoles, cuando marchan los jubilados.
A pesar de los sucesivos actos de violencia y represión estatal, por parte de las Fuerzas de Seguridad al mando de Bullrich como Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Policía Federal y Policía de la Ciudad, la represión, la violencia y el ataque sistemático y constante a fotoperiodistas, camarógrafos y prensa en general son parte de una decisión política de un Gobierno que ve en la libertad de prensa una amenaza. Un ataque que no cesa”.
El Diario Ar