Roberto Sotelo asumirá este miércoles como miembro titular del Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco, junto a Romina Duarte, Santiago Osuna, Mónica Bashé Charole y Darío Gómez. El cargo se extenderá hasta 2029, tras un proceso de selección por concurso público.
“Este proceso culmina con la resolución de la Cámara de Diputados que aprueba el orden de mérito surgido luego del concurso de oposición y antecedentes. Es un proceso sumamente importante porque fue un tribunal externo quien examinó a los postulantes”, explicó Sotelo en diálogo con CIUDAD TV.
El abogado destacó que la instancia iniciada en mayo “da cuenta de que quienes vamos a asumir esta responsabilidad somos las personas más idóneas y más preparadas en la temática. Esto refleja la objetividad y la imparcialidad que debe primar en quienes integramos el comité”.
Sotelo recordó que se cumplirñan “10 años del comité en diferentes áreas vinculadas a lo jurídico, el litigio estratégico de diferentes causas, entre ellas la de Leandro Bravo, la de Sebastián Ponce León y la de Manuel Barreto, todas situaciones vinculadas a brutalidad policial y muertes en custodia”.
Sobre los objetivos de la nueva conformación, afirmó: “Vamos a tratar y a ponernos como meta avanzar en el diseño, en la implementación y en el fortalecimiento de una verdadera política pública de seguridad con perspectiva y que sea respetuosa de los derechos humanos”.
En ese marco, señaló que “el ámbito carcelario no escapa a este contexto de crisis generalizado, agravado por las condiciones estructurales de hacinamiento. Hoy tenemos presos condenados en comisarías y una población mayor en comisarías que en unidades penitenciarias. Eso indica un número alarmante de personas en situación de encierro que impacta en las condiciones materiales de detención”.
Advirtió que “no podemos hablar de una reinserción o readaptación social en condiciones de indignidad humana. El Estado como garante tiene una obligación de cuidado sobre estas personas, y hay un deber constitucional y convencional de que aquellas personas condenadas luego de un proceso judicial deben ser reinsertadas a la sociedad”.
Respecto de la tarea concreta del Comité, Sotelo detalló: “Venimos trabajando en diferentes aspectos de las condiciones materiales a través de visitas y monitoreos en espacios carcelarios. A partir de allí establecemos requerimientos para medidas urgentes, como reparaciones de filtraciones o incorporación de camastros. También efectuamos recomendaciones a los poderes del Estado para resolver la cuestión estructural y, finalmente, trabajamos en acciones judiciales a través de habeas corpus”.
Agresión policial en Taco Pozo
Sotelo se refirió también a la situación en Taco Pozo, donde el jefe de la comisaría atacó físicamente a médicos solidarios que trabajaban en la localidad: “Recientemente fuimos notificados y ya estamos interviniendo desde el día domingo. Este último suceso acontecido revela la práctica sistémica de vulneración de derechos cometidas por el comisario Melchiori (Daniel). Estamos planteando la formalización de una denuncia ante el órgano de control institucional”.
Agregó que “es necesario avanzar en profundidad con todos los antecedentes de este funcionario policial, que acumula más de 25 denuncias por abuso de autoridad, apremios ilegales y vejaciones. Nos llamó mucho la atención la violencia que ejerció hacia su propio personal femenino, lo que es totalmente contrario a la política pública en materia de género y a la obligación de capacitación en Ley Micaela”.
Finalmente, adelantó que también evalúan constituirse como querellantes: “Estamos analizando la constitución en querellante en la causa iniciada por este hecho de abuso de autoridad y avanzar en las demás causas que ya están requeridas a juicio”.
Sotelo cerró destacando que el desafío será fortalecer el mecanismo provincial como parte del sistema nacional: “No solamente es una acción de monitoreo, control o judicial, sino también de convenios, articulaciones interinstitucionales y capacitaciones hacia la sociedad”.