El Poder Legislativo del Chaco resolvió la designación de los cinco nuevos miembros del Comité Provincial de Prevención de la Tortura del Chaco para el período 2025-2029. La nómina de miembros titulares fue aprobada tras un exhaustivo proceso de selección que incluyó la valoración de antecedentes, planes de gestión y entrevistas personales. Los nuevos integrantes asumirán sus cargos el próximo miércoles.
El proceso de selección, a cargo de un Tribunal Ad-Hoc y la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, se inició con la convocatoria pública en la que se inscribieron 51 postulantes. Tras varias etapas de evaluación y análisis, el tribunal resolvió la nómina final de titulares y suplentes, garantizando una representación equilibrada que incluye a los pueblos originarios y una representación de género.
Los miembros titulares que asumen son:
Darío Edgardo Gómez: Obtuvo el mayor puntaje en el orden de mérito con 80.8 puntos. Su trayectoria de más de 40 años en el ámbito de los Derechos Humanos se destaca, con una militancia tanto en organismos estatales como en la sociedad civil. En su plan de gestión, propuso ejes como el fortalecimiento institucional, la vinculación con organismos internacionales, el monitoreo en contextos de encierro y el acceso a la justicia.
Romina Duarte: Con un puntaje final de 75.8, Romina Duarte se desempeña actualmente como asesora y querellante en el Comité de Prevención de la Tortura. Entre sus propuestas, enfatizó la necesidad de fortalecer el Mecanismo de Prevención de la Tortura en la vida institucional y comunitaria, además de la implementación de protocolos adaptados a la realidad local.
Roberto Sotelo: Su puntaje final fue de 70.4. Con experiencia en el área de litigios del Comité desde 2016 , Sotelo propuso la ampliación del uso de la prisión domiciliaria, el monitoreo constante en comisarías y alcaidías, y el otorgamiento de rango constitucional al Comité para asegurar su autonomía.
Santiago Osuna: Con 70.2 puntos, el joven postulante tiene una sólida trayectoria en organizaciones de la sociedad civil y en la agrupación H.I.J.O.S. Su plan de gestión se centra en el monitoreo de lugares de detención, un sistema de registro y análisis de casos, y el fortalecimiento institucional.
Mónica Charole: Perteneciente a los pueblos originarios, obtuvo un puntaje de 68.8. Charole destacó la importancia de asegurar la participación de las comunidades indígenas, la incorporación de intérpretes y traductores, y un enfoque intercultural en el trabajo del Comité. Mencionó la necesidad de hablar fluidamente las tres lenguas originarias debido a la alta población rural en la provincia que no se expresa en español.
La resolución también detalla que quedaron como miembros suplentes Mónica Caballero (en representación de los pueblos originarios), María José Bogado y Maximiliano Almirón. El tribunal informó además que durante el proceso se desestimó la impugnación contra Darío Gómez y ratificó su decisión de no incluir en la nómina de postulantes que pasaron a la etapa de entrevistas a Ariela Álvarez y Silvina Canteros, quienes habían presentado un recurso de revocatoria que fue rechazado.