La Cámara de Apelaciones de EE.UU decide si ejecuta o extiende la suspensión de la sentencia que ordena entregar el 51% de las acciones. El juicio por 16 millones de dólares pasó a uno de 16 mil millones de dólares. Ruidos por hackeo ruso.
En medio del ruido, se conocieron versiones sobre un supuesto hackeo ruso que impide acceder a la determinación del tribunal. “La que faltaba: el New York Times informa que Rusia habría hackeado Pacer, el sitio de información de la justicia federal estadounidense en el que los especialistas seguimos los expedientes de casos que involucran a la Argentina, como el de YPF,”, informó el experto Sebastián Soler, en X.
Hace 10 años comenzaba el juicio contra YPF. Los buitres habían comprado el litigio para avanzar contra Argentina. Tenían tiempo y sobrada experiencia en presionar a las instituciones para lograr su cometido. Hasta empujaron a que Cámara sugiriera la modificación de la Constitución Nacional para hacerse del botín: el 51 por ciento de las acciones de la petrolera. Todo para acordar un monto lo más elevado posible, porque según hizo trascender Burford no está interesado puntualmente en los papeles de YPF, pero sí por cobrar.
Argentina como país soberano no puede sentarse a negociar hasta que no exista un fallo definitivo. Apeló y seguirá apelando hasta que la decisión esté en manos de la Corte Suprema norteamericana.
El tribunal que avaló
En junio, la jueza Loretta Preska había ordenado al Estado argentino entregar los títulos de YPF como pago por “las irregularidades” cometidas durante la expropiación en el año 2012, que valuó en un monto de 16.100 millones de dólares. ¿Por qué hizo lugar a un pedido de capitales especulativos?
“El primer error es que carece de legitimidad; un fondo buitre no debería tener amparo para este tipo de operación ni para llevar el caso, como se hizo, ante la Justicia estadounidense. El segundo error —si se aceptara el primero por vía del absurdo— es que, de acuerdo con la jurisprudencia de ese país, la actualización razonable rondaría los 1.600 millones de dólares; sólo la arbitrariedad y el mecanismo usurario del anatocismo pueden inflar esa cifra hasta los 16.000 millones”, explicó el senador provincial, Noel Eugenio Breard.
Los buitres
Burford Capital, un buffet inglés, encabeza el reclamo. Inició sus actividades en 2009 y se especializa en financiar y asesorar a estudios de abogados y corporaciones dedicadas a “destrabar” litigios. El carancho olió billetes en el caso YPF y se dispuso a comprar la demanda del Grupo Petersen Grupo, uno de los accionistas de compañía que se sintió afectado con la reestatización. Era 2015 y Burford ganó la subasta.
Cuando fue designado por el Tribunal español para gestionar y financiar el litigio, Burford no se convirtió en propietario de la demanda, en la que espera obtener el 70 por ciento de la tajada. El otro 30 por ciento quedará para la quiebra de las empresas del Grupo Petersen a cargo de un síndico.
La defensa
La defensa de Argentina mantuvo inamovible la postura en cuidado de la soberanía y el interés nacional, más allá del cambio de las gestiones a cargo del Ejecutivo. Si bien la estrategia sostuvo los mismos argumentos para proteger YPF, el Ejecutivo conducido por la Libertad Avanza metió ruido en distintas oportunidades.
Primero con una serie de posteos en redes sociales donde el propio presidente exponía fundamentos a favor de los acreedores. También con el nombramiento de Santiago Castro Videla como titular de la Procuración del Tesoro Nacional, el organismo que representa y defiende al Estado nacional en los juicios. El funcionario es socio del abogado Alberto Bianchi, contratado como testigo experto para declarar en favor de Burford Capital contra YPF.
El otro demandante es el accionista minoritario Eton Park, que opera en Nueva York. A los 16.100 millones de dólares que peticionan, cada día se le agregan 2 millones de dólares por intereses.
Camino a la Corte de EE.UU
“Javier Milei ya había adelantado que no va a entregar las acciones y de hacer lo contrario sería un suicidio político. Pero estamos en desacato con la principal plaza financiera del planeta, donde el año que viene vamos a buscar financiamiento porque hay que cubrir el vencimiento de 10 mil millones de dólares. En este punto, que Donald Trump y antes Joe Biden hayan presentado un informe en favor de Argentina puede ayudar”, aseguró a medios Sebastián Maril, analista de litigios internacionales.
Tanto los abogados del país, como el escrito que presentó la Casa Blanca, remarcan que la sentencia de Preska invade otra jurisdicción “porque las acciones están registradas en la Bolsa de Valores” local y va contra las normas de inmunidad soberana de EE.UU. El Departamento de Justicia norteamericano advirtió sobre los riesgos de sentar antecedentes de los cuáles no hay jurisprudencia y podrían complicar las relaciones exteriores de esa nación.
“La Corte Suprema de Justicia de la Nación, por todas las razones expuestas, deberá – cuando se pretenda realizar la ejecución de la sentencia – declarar la inhabilidad del título. Este es el único ámbito posible, ya que la ejecución de sentencia nunca fue transmitida”, concluyó Breard.
Página 12