El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), presidido por Ricardo Gil Lavedra, lanzó una contundente respuesta para desmentir lo que consideran una campaña de “mitos” y “datos falsos” en torno a la supuesta “industria del juicio”. Advierten que este discurso busca estigmatizar a abogados y trabajadores para justificar una reforma laboral regresiva.
”Se han difundido nuevamente afirmaciones que le atribuyen a la Justicia del Trabajo y a los abogados laboralistas la responsabilidad por la falta de empleo”, arranca el documento del Colegio.
Sobre ese plano, Gil Lavedra defendió el fuero especializado como ”una garantía de tutela efectiva de los derechos en el contexto de una relación naturalmente desigual”.
Los números que desmienten el mito
Para respaldar su postura, el CPACF aportó datos oficiales. Entre 2014 y 2023, las sentencias definitivas en la Justicia Nacional del Trabajo representaron ”apenas el 0,5% anual de la fuerza laboral” del AMBA.
”Este dato confirma que la litigiosidad judicial laboral está lejos de ser masiva o abusiva”, sostienen desde la entidad profesional. Además, señalan que los niveles de litigiosidad no se han disparado. De hecho, los datos interanuales muestran variaciones moderadas. ”Estos guarismos desmienten la existencia de un aumento exponencial de juicios laborales”, afirma el documento que busca demostrar que la mayoría de los juicios son contra las ART.
La crisis económica, la verdadera causa
El Colegio de Abogados es claro al señalar la verdadera causa de los problemas. ”Atribuir la pérdida de empleo o la caída de la inversión a la existencia de derechos laborales (…) no solo es erróneo, sino profundamente regresivo”, advierten.
Citan a entidades como la UIA para demostrar que la destrucción de puestos de trabajo ”responde a la abrupta caída del nivel de actividad” y no al ejercicio de derechos.
Casi todos los juicios son contra las ART
El documento también desmonta otro mito: ”Casi la totalidad de los reclamos judiciales por infortunios laborales se dirigen contra las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) (…) y no contra los empleadores directamente”. Esto significa que la imagen de una pyme arruinada por un juicio ”es falaz”.
Finalmente, el Colegio que conduce Gil Lavedra, apunta a la responsabilidad política en la ”demora excesiva” de los juicios, que distorsiona las reparaciones. ”No es responsabilidad ni de los abogados ni de los jueces, sino de las autoridades políticas que tienen las potestades de dictar las normas (…) y de cubrir las vacantes”, concluyó.
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