La familia militar más rancia está en ebullición. Cecilia Pando no quiso perderse la oportunidad de apuntar contra Victoria Villarruel, sobre todo después de que el Presidente la calificara de “bruta traidora”. Pando recordó los días en los que ambas trabajaban por la libertad de los represores presos, pero dejó en claro que esa mancomunión quedó atrás por cuestiones de cartel entre las dos damas de la llamada memoria completa, y aprovechó para pasarle una factura por una supuesta defección a la que fue la causa que la catapultó hacia la política. “Los juicios (de lesa humanidad) lamentablemente continúan”, dijo con amargura Pando. “Todos teníamos esperanzas de que ella pudiera meter el tema, de que se comenzaran a hacer las cosas bien, pero con las peleas, ahora el Presidente no va a querer ni hablar del tema”, se quejó.
Se terminó el tiempo. Concluyó el armisticio entre quienes pululan en las organizaciones que defienden a los criminales de la última dictadura. Se cayó el muro de silencio que habían levantado aquellos que tenían expectativas de que la llegada de la dupla Javier Milei-Victoria Villarruel a la cima del poder pudiera ponerle fin al proceso de verdad y justicia. Del dúo solo quedan cenizas. O chispazos. Y quienes caminaron con la vice por la libertad de los represores ahora empiezan a exhibir sus viejos rencores.
Ya lo hizo días atrás Nicolás Márquez, el biógrafo del Presidente, quien deslizó que Villarruel había recibido financiamiento de Roberto Guillermo Bravo, el marino que fusiló a los presos políticos que estaban alojados en la base aeronaval Almirante Zar de Trelew en agosto de 1972 y está prófugo en Estados Unidos. Como venganza, Villarruel incluyó a Márquez en una denuncia que presentó en los tribunales de Comodoro Py en la que se presenta como víctima de una campaña de hostigamiento que persigue su renuncia. La denuncia está a estudio del fiscal Franco Picardi.
Pando no quiso perder su lugar en la rencilla. “Se tiene que conocer cómo es la personalidad y el carácter de la vicepresidente”, dijo Pando en una entrevista con Jorge Rizzo, expresidente del Colegio de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), en la AM 570. “Yo en parte lo entiendo a Milei porque la vicepresidente no se portó bien en un montón de cosas”, arrancó Pando como quien no quiere la cosa.
En el reportaje, Pando no ayudó a la versión liviana que Villarruel quiere dar a conocer sobre su pasado, en la que se presenta como alguien interesado por las víctimas de lo que ella denomina “terrorismo” y no como alguien que reivindica a los ejecutores del plan sistemático de desaparición de personas. “Nosotras compartimos años atrás. Trabajamos juntas por el tema de los militares que están ilegalmente detenidos por combatir el terrorismo. Ella comenzó trabajando conmigo. Era la abogada”, contó.
No es ésta la primera vez que Pando y familia revelan aspectos que Villarruel preferiría ocultar. En 2023 fue el marido de Pando, el mayor retirado Pedro Rafael Mercado, quien contó en un posteo de Facebook que había sido Villarruel quien lo llevó a conocer al dictador Jorge Rafael Videla. El tema se coló en la campaña, y Villarruel ensayó una explicación: dijo que iba a ver a represores para sus investigaciones.
Pando se preocupó también por decir que Villarruel firmaba los libros que publicó, pero quien los escribía era el marino Alberto Eduardo González, conocido como el “Gato” en el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). González fue condenado en tres oportunidades. En el juicio que afrontó por someter sexualmente a Silvia Labayru, González contó que él había escrito cuatro libros y que tres de ellos habían sido publicados. El único que se conoce lleva el título de Juicios de Venganza, que escribió con el represor Juan Daniel Amelong, a quien la actual vice había caracterizado como una “víctima” en el debate con Agustín Rossi. Villarruel publicó dos libros. Uno, Los llaman jóvenes idealistas; el otro, en coautoría con Carlos Manfroni, Los otros muertos.
En 2023, los Mercado-Pando hacían campaña por Patricia Bullrich. Cuando ella quedó fuera del ballotage, optaron por llamarse a silencio para favorecer la opción Milei-Villarruel. Pero ese pacto parece haberse roto, como la relación entre el Presidente y su vice.
En la entrevista, Pando contó que fueron ellos quienes propusieron a Villarruel para encabezar el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), creado a imagen y semejanza del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) para ser la contracara de los organismos de derechos humanos. De hecho, en una revista que editaba Mercado, el Celtyv era caracterizado como una “rama” de la Asociación Unidad Argentina (Aunar), de claro tinte procesista.
“La vicepresidente es una persona que tiene un carácter muy fuerte. Tiene mucha ambición de poder. A toda aquella persona que le puede hacer sombra la deja a un costado. Es por eso que muchas víctimas del terrorismo formaron su propia organización porque no estaban de acuerdo con el proceder de Victoria”, siguió Pando. En un momento, la titular de Afyappa confesó: “Nos distanciamos porque me prohibió en su momento hablar de las víctimas del terrorismo”.
Pando tenía varios reproches para hacerle a su vieja compañera de andanzas, con quien recorría las cárceles e iba, por ejemplo, a la Casa Rosada para increpar a Néstor Kirchner cuando daba un discurso por el Día de la Mujer. Le enrostró que no sabía trabajar en equipo y que dejó “muchos heridos” en las distintas asociaciones. “Cuando (Milei) la nombra como vicepresidente, yo le dije a mi marido: ‘Esto va a durar poco’”, se sinceró Pando. “Era una bomba de tiempo y terminó pasando”, agregó, aunque aclaró que no le gustan las formas de Milei.
La principal crítica que le hacen los sectores pro-dictadura al Gobierno de La Libertad Avanza (LLA) es que, más allá de la destrucción de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, no logró frenar los juicios por crímenes de lesa humanidad. “Lamentablemente continúan. Sigue entrando gente presa”, protestó. “Todos teníamos esperanzas de que ella pudiera meter el tema, que se comenzaran a hacer las cosas bien”, dijo abonando a la teoría presidencial de que Villarruel tiene una inclinación por la traición.
En enero de 2024, Pando junto con esposas, hermanas y amigas de represores firmaron una carta de lectores en La Nación en la que les recriminaron a las “autoridades” por qué no cumplían con las “promesas” que habían hecho. En una entrevista con Radio con Vos, Pando terminó después confesando que habían tenido contacto con el entorno de Milei y con el de Villarruel.
Meses después quedó en claro que el entramado era más amplio. Fue cuando se conoció que hubo seis diputados de LLA que fueron a reunirse con Alfredo Astiz y compañía en la cárcel de Ezeiza. A partir de ese episodio se supo que en los intentos por sacarlos de la prisión participaban legisladores, abogados, exjueces y hasta un cura.
Villarruel no abrió la boca cuando estalló el escándalo de la visita a Astiz ni tampoco lo hizo recientemente cuando la Corte Suprema declaró “inoficioso” pronunciarse en la causa sobre la muerte del coronel Argentino del Valle Larrabure. Era un expediente clave en el que se pretendía que el máximo tribunal caracterizara como crímenes de lesa humanidad –por ende, imprescriptibles– las acciones de los grupos político-militares de izquierda. Villarruel había militado por esa causa y era uno de los expedientes que llevaba el Celtyv, pero no hizo pronunciamiento alguno.
Más allá del silencio ensayado por Villarruel, sus ex aliados parecen empeñados en seguir mostrando cuáles son los hilos que la sujetan. Después de que denunciara a Márquez, el abogado Carlos Maslatón publicó en X las fotos de una velada lúgubre que habían compartido en octubre de 2018 en el Círculo de Armas. Entre los comensales estaban Villarruel, Márquez, Maslatón, Agustín Laje –presidente de la Fundación Faro e intelectual orgánico del mileísmo–, Juan Bautista “Tata” Yofre –extitular de la SIDE menemista y actual director de la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI)–, el politólogo Vicente Massot –editorialista de Cabildo, director de La Nueva Provincia y acusado por crímenes de lesa humanidad– y el abogado José Martínez de Hoz, hijo del ministro de Economía de la dictadura y uno de los aportantes a las asociaciones de “memoria completa”.
Página/12