La demanda fue promovida por la asociación civil AJUS (Abogados por la Justicia Social La Plata, Berisso y Ensenada) y los diputados nacionales Rodolfo Tailhade, Juliana Di Tullio y Diana Conti, con el objeto de que se declare la nulidad de los arts. 1, 2, 5 y 6 del Decreto 1206/2016 firmado por el entonces presidente de la Nación, Mauricio Macri, en cuanto permitía incorporar familiares de funcionarios públicos al “Régimen de Sinceramiento Fiscal”.
El decreto en cuestión, habilitó a parientes de funcionarios públicos para que puedan blanquear activos, aspecto que se encontraba expresamente vedado por la ley 27.260 que creó el régimen de sinceramiento fiscal.
El Presidente de AJUS, Emanuel Desojo, y los legisladores nacionales señalaron que el Poder Ejecutivo incurrió en un exceso en la reglamentación, dado que por decreto habilitó aspectos que tanto la ley como su espíritu dejaban fuera, y que dicha admisión contraviene la normativa del GAFI.
Para el juez, el decreto importó en efecto un exceso en la reglamentación de la ley “en tanto existen ampliaciones de beneficios a situaciones no previstas, e inclusión de sujetos originalmente excluidos”. Así, el magistrado señaló que “no cabe otra lectura que entender que por medio del Decreto 1206/06, enmarcado en el articulo 99 inc 2°) de la Constitución Nacional, y bajo una supuesta pretensión de incorporar precisiones, se modifican aspectos de la Ley 27.260 (…) “.
Vale recordar, que el artículo 83 de la ley 27.260, especifica que “Quedan excluidos de las disposiciones del Título I del libro II (Régimen de Sinceramiento Fiscal) los cónyuges, los padres y los hijos menores emancipados de los sujetos alcanzados en los incisos a) al w) del artículo 82”.
Además, el magistrado recordó que las modificaciones efectuadas por el Decreto fueron discutidas tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, y allí se votó por excluir del blanqueo a los familiares de funcionarios. Por esos motivos, entendió que el decreto fue en sentido contrario a la voluntad expresada por el cuerpo legislativo.
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