Los aliados del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, han acusado a Donald Trump de lanzar “un ataque directo contra la democracia brasileña” después de que el Tesoro de Estados Unidos impusiera sanciones a Alexandre de Moraes, el juez de la Corte Suprema al que se le atribuye haber ayudado a salvar la democracia brasileña de un golpe de Estado de la derecha en 2022.
La controvertida medida estadounidense fue anunciada el miércoles por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, poco antes de que Trump cumpliera su amenaza de imponer aranceles del 50% a las importaciones brasileñas mediante la firma de una orden ejecutiva “para hacer frente a las recientes políticas, prácticas y acciones del Gobierno de Brasil”.
Trump ha atribuido en parte esos aranceles a su indignación por la supuesta “caza de brujas” política contra su aliado ultraderechista, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, que está siendo juzgado por intentar supuestamente hacerse con el poder tras perder las elecciones presidenciales de 2022 frente a Lula.
Moraes preside el juicio, que se espera que dé lugar a la condena de Bolsonaro a hasta 43 años de cárcel, así como a varias otras investigaciones penales sobre Bolsonaro y su familia.
Al encuadrar las sanciones balo la Ley Magnitsky, Bessent acusó a Moraes de ser “responsable de una campaña represiva de censura, detenciones arbitrarias que violan los derechos humanos y enjuiciamientos politizados, incluso contra el expresidente Jair Bolsonaro”. “Alexandre de Moraes se ha erigido en juez y parte en una caza de brujas ilegal contra Estados Unidos y Brasil”, dijo.
Además, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, tuiteó: “Que esto sirva de advertencia a aquellos que pisotean los derechos fundamentales de sus compatriotas: las togas judiciales no pueden protegerlos”.
Una declaración de la Casa Blanca que confirmó los aranceles del 50% sobre Brasil —aunque con numerosas exenciones importantes, como el petróleo, el zumo de naranja, la madera y los aviones— afirma que son el resultado de “la persecución, intimidación, acoso, censura y enjuiciamiento por motivos políticos del Gobierno de Brasil contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro y miles de sus seguidores”.
Cientos de seguidores acérrimos de Bolsonaro han sido juzgados y encarcelados por participar en los disturbios de extrema derecha del 8 de enero de 2023 en la capital, Brasilia, durante los cuales se asaltaron y saquearon la Corte Suprema, el Congreso y el Palacio Presidencial.
Las sanciones fueron celebradas por los familiares y seguidores de Bolsonaro, que ven la presión de Estados Unidos como la única forma de ayudar al expresidente a escapar de una dura pena de cárcel y, tal vez, salvar su futuro político. “Los brasileños nunca olvidaremos esta acción vuestra [Rubio y Trump]”, tuiteó el hijo de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro. El congresista ha pasado las últimas semanas en Estados Unidos presionando a la Administración Trump para que luche por la causa de su padre imponiendo sanciones.
“Hoy tengo la sensación de misión cumplida, pero nuestro viaje no terminará aquí”, prometió Eduardo Bolsonaro en un vídeo en las redes sociales.
Los miembros del Gobierno de Lula denunciaron la medida como una escalada drástica de lo que consideran la cruzada de Trump para socavar la democracia brasileña.
José Guimarães, congresista del Partido de los Trabajadores (PT), de izquierda, al que pertenece Lula, calificó las sanciones como “no solo una afrenta a un ministro de la Corte Szuprema, sino también un ataque directo a la democracia y la soberanía brasileñas”.
“No aceptaremos la injerencia extranjera en… nuestro sistema judicial”, escribió Guimarães en X, calificando las sanciones como “el fruto de una conspiración de la familia Bolsonaro contra Brasil”.
Gleisi Hoffmann, una de las principales ministras y una de las aliadas más cercanas de Lula, calificó la medida de Trump como un “acto violento y arrogante” y expresó el “repudio absoluto” del Gobierno a la “absurda” medida.
También hubo críticas por parte de políticos conservadores. João Amoêdo, uno de los fundadores del partido de derecha Partido Novo, calificó las sanciones como “un intento inaceptable de injerencia extranjera en el sistema judicial brasileño”.
Eduardo Leite, candidato presidencial conservador que gobierna el estado de Rio Grande do Sul, dijo que no puede aceptar “que otro país intente interferir” en las “instituciones” de Brasil.
Una ley para abusos de derechos humanos
Las sanciones Magnitsky reciben su nombre de Sergei Magnitsky, un abogado ruso especializado en derecho tributario que murió en una prisión de Moscú en 2009 tras ser encarcelado por denunciar casos de corrupción de alto nivel.
Se han utilizado desde 2017 para sancionar a personas acusadas de participar en graves abusos contra los derechos humanos. Entre los objetivos anteriores se encuentran representantes saudíes implicados en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en 2018, representantes nicaragüenses vinculados a una represión mortal destinada a mantener en el poder al dictador Daniel Ortega, líderes del Partido Comunista implicados en la represión de miembros de la etnia uigur en el oeste de China y jefes militares de Myanmar implicados en presuntos actos de limpieza étnica.
Amparo señaló que Trump parecía pensar que el hecho de que uno de sus aliados ideológicos fuera sometido a un juicio justo por su presunta participación en un intento de golpe de Estado equivalía a «tortura, genocidio u otras violaciones graves… a las que se aplican leyes como la Magnitsky».
Expertos jurídicos y activistas de derechos humanos expresaron su asombro y consternación por el hecho de que se hubieran utilizado tales sanciones contra un juez de la mayor democracia de América Latina.
Thiago Amparo, profesor de derecho internacional y derechos humanos de la Fundación Getúlio Vargas de Brasil, dice que las sanciones ponen de manifiesto “la visión distorsionada de Trump sobre lo que es una violación de los derechos humanos”.
Amparo señala que Trump parece pensar que el hecho de que uno de sus aliados ideológicos sea sometido a un juicio justo por su presunta participación en un intento de golpe de Estado equivalía a “tortura, genocidio u otras violaciones graves… a las que se aplican leyes como la Magnitsky”.
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