Celulosa Argentina informó este miércoles a la CNV que sus plantas de Capitán Bermúdez (Santa Fe) y Zárate (Buenos Aires) están completamente inactivas. Solo se realizan tareas de mantenimiento menor con personal que no se encuentra de licencia. La decisión responde, según el comunicado, al “marcado deterioro del capital de trabajo” y se enmarca en una de las crisis más severas de la historia de la empresa.
La histórica papelera, con más de 100 años de trayectoria y controlada por Tapebicuá Investment Company, ligada a José Urtubey, Juan Collado y el inversor estadounidense Douglas Albrecht, arrastra meses de fuertes desequilibrios operativos y financieros. En mayo cayó en default, en junio presentó una propuesta de reestructuración de deuda por u$s128 millones que todavía no logró cerrar, y en julio fue demandada por quiebra por uno de sus principales acreedores.
Un camino marcado por pérdidas, default y conflicto judicial
El deterioro de Celulosa comenzó a acelerarse en abril, cuando contrató a la consultora VALO Columbus para diseñar un plan de reestructuración. Pocos días después, comunicó que no podría afrontar los vencimientos de mayo en cheques y obligaciones negociables. Entre abril y junio acumulaba compromisos financieros por u$s25 millones, con más del 56% de su deuda en el corto plazo y balances en rojo.
En su último estado financiero, la compañía reportó una pérdida de $38.769 millones para los nueve meses cerrados en febrero, y un desplome del EBITDA a u$s3,5 millones frente a los u$s55 millones del año anterior. Las ventas internas cayeron 32% interanual en toneladas, y aunque las exportaciones aumentaron, lo hicieron con menor rentabilidad.
En este marco, a comienzos de junio formalizó ante la CNV su propuesta para refinanciar u$s128 millones de deuda. El plan incluye la postergación de pagos de capital por dos años, intereses del 3% en dólares y 5% en pesos, y la subordinación del cobro de u$s21 millones por parte del accionista mayoritario. También contempla, si no hay acuerdo, avanzar con un Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) judicializado.
A mediados de julio, la situación escaló: Tecmaco Integral, uno de sus principales acreedores, presentó un pedido de quiebra en el Juzgado Civil y Comercial Nro.1 de San Lorenzo, Santa Fe. La empresa tenía plazo hasta el 21 de julio, tras la feria judicial, para contestar la demanda. Hasta ahora no emitió una respuesta pública.
Sin caja, sin producción y con la reestructuración al borde del fracaso
Mientras tanto, la fecha límite anunciada por la propia Celulosa para cerrar su plan de reestructuración de deuda era el 31 de julio, pero aún no hubo confirmación oficial de que se haya alcanzado el nivel de adhesión necesario de los acreedores. Según dejó trascender la propia compañía, continúa buscando nuevos socios o inversores que inyecten capital, pero mientras tanto, las dos plantas clave de producción están frenadas, y la compañía enfrenta un frente judicial, operativo y financiero que amenaza su continuidad.
Como antecedente, Celulosa ya había cerrado su aserradero San Charbel en Garruchos, Corrientes, en septiembre del año pasado, con despidos incluidos. La posibilidad de una paralización total y sostenida de sus operaciones ya no es un escenario remoto, sino una realidad que avanza, mientras la papelera intenta no colapsar en cámara lenta.
Fuente: Ámbito