“En un acto de total irracionalidad, el bloque legislativo radical inició tratativas para solicitar la inconstitucionalidad del proceso de regularización laboral, que fue creado bajo el convenio colectivo de trabajo y en acuerdo paritario entre el Poder Ejecutivo y todos los gremios firmantes”, señaló Perez Pons.
El diputado electo advirtió que, si bien no se encuentra ningún argumento firme en las declaraciones de Gutiérrez, en sus expresiones mediáticas se entiende que tal pedido sería por tres supuestos motivos: vulnerar la posibilidad de participación de cualquier habitante, la desconfianza respecto al rol de control de los sindicatos, y la posibilidad de comprometer económicamente a la gestión futura.
“La única conclusión a la que puedo llegar después de esto es que no conocen el Estado, se dedican a mentir y, tal como hicieron todos estos años, están improvisando. Una vez más demuestran que el radicalismo vive de la mentira y la improvisación”, apuntó Perez Pons.
Un proceso transparente para garantizar derechos
En referencia a las acusaciones, Perez Pons explicó que el proceso de regularización laboral “es para quienes prestan un servicio laboral de manera permanente en el Estado. Estamos hablando de porteros de escuelas, trabajadores/as sociales en centros de desarrollo infantil o residencias de adultos mayores, enfermeras en centros de atención primaria, entre muchos otros”.
Además, remarcó que dicho proceso “no nació de la noche a la mañana, ni mucho menos es parte de algún “plan retirada” como les gusta denunciar a los twitteros de la oposición. Es un proceso que se construyó con todos los gremios estatales (UPCP, UPCN y ATE) en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT)”.
En ese sentido, se dirigió a Gutiérrez, a quien solicitó “mayor responsabilidad” y remarcó: “debería saber que lo normado bajo el CCT tiene carácter de Ley, algo que parece desconocer porque ni siquiera ha mencionado el convenio y se quedó en el pasado al nombrar únicamente la Ley 292-A”.
Por otra parte, cuestionó que el diputado “no entienda el rol de los sindicatos o, mejor dicho, que lo ignore, ya que bajo cualquier convenio colectivo su rol no es ni el de controladores, ni el de veedores ni nada parecido. Se trata de construir de manera colectiva las relaciones laborales entre el empleador (en este caso el Estado) y sus trabajadores. En ese sentido, todo lo dictado mediante decretos del Gobernador, fue previamente acordado en paritarias libres”.
“Me parece cínico que quienes nos dejaron una provincia ingobernable por la cantidad de deuda que habían tomado, hoy nos acusen de comprometer la gestión futura. Pero, más allá de eso, la idea no tiene nada que ver con la realidad”, amplió el actual ministro de la cartera económica.
En ese contexto, explicó que el proceso iniciado este año tiene como fecha de finalización 2030 “no porque queramos demorar el otorgamiento de derechos, sino justamente porque sabemos que tenemos que avanzar de manera responsable en términos fiscales. Por eso logramos acordar con todos los gremios que la regularización laboral sea cubierta solamente con las vacantes generadas año a año (bajas por jubilaciones, renuncias, fallecimientos, etc.)”.
Perez Pons se refirió además a las reuniones de transición que vienen manteniendo con el equipo de Leandro Zdero: “como miembro del equipo de transición, le podría haber aclarado cualquiera de estas dudas al diputado Gutiérrez en las reuniones que mantuvimos en Casa de Gobierno. Pero su tendencia a ir por el camino de los diarios, Twitter y Facebook es inquebrantable”.
“Ahora tienen una segunda oportunidad de mostrar un verdadero interés por, al menos, entender mínimamente el funcionamiento del Estado. En la Comisión de Hacienda y Presupuesto podremos discutir cualquier tema, el que sea, en el marco del debate del Presupuesto 2024”, adelantó el ministro.