A más de tres décadas del ataque, que dejó 85 muertos, no hay condenados ni verdad judicial. El rol de los jueces, los servicios secretos y los medios hegemónicos en una trama de encubrimiento y manipulación que sigue viva.
Pasaron 31 años, pero la Justicia argentina no dictó ninguna condena firme por el atentado. Lo único que se consolidó es un complejo sistema de encubrimiento estatal que, como investigó el periodista Ari Lijalad para El Destape, involucra presidentes, jueces, fiscales, espías y embajadas extranjeras. Una cronología de la impunidad que desnuda los hilos ocultos del poder.
Galeano, Menem y la pista iraní
Apenas un día después del atentado, Israel pidió “coordinar una versión coincidente” con el gobierno de Carlos Menem. Así empezó el relato oficial que acusó a Irán y enterró la pista siria que comprometía al entorno personal del presidente. El juez Juan José Galeano – nombrado a dedo – desvió la investigación con la ayuda de la SIDE y la Policía Federal.
El pago de 400.000 dólares a Carlos Telleldín, la falsa conexión con policías bonaerenses y la detención de inocentes completaron la farsa. Años después, un tribunal oral anuló la causa y probó que fue todo un montaje estatal. Entre los actores clave del encubrimiento: Hugo Anzorreguy (jefe de la SIDE), Rubén Beraja (titular de la DAIA) y el temido comisario Jorge “Fino” Palacios.
En febrero de 2019 llegó el fin del juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA. Menem, el “Fino” Palacios, Beraja, el espía Patricio Finnen y Víctor Stinfale (abogado de Telleldín) fueron absueltos. El ex jefe de la SIDE Anzorreguy fue condenado a 4 años y 6 meses de prisión, Galeano a 6 años, los fiscales Mullen y Barbaccia a 2 años, Telleldín a 3 años y 6 meses, Ana María Boragni (pareja de Telleldín) a 2 años de prisión condicional, el comisario de la Policía Federal Carlos Castañeda a 3 años y el ex SIDE Juan Carlos Anchezar a 3 años.
Las condenas fueron apeladas por los familiares de las víctimas del atentado y en abril de 2024 fueron resueltas por la Cámara Federal de Casación Penal, en un episodio más del encubrimiento. Uno de los jueces de Casación, Carlos Mahiques, designado a dedo por el expresidente Mauricio Macri en el máximo tribunal penal del país, desató una operación mediática bajo el lema de que habían firmado un “fallo histórico” que confirmaba la responsabilidad de Irán en el atentado.
Esto fue reproducido por todo el sistema de medios locales e internacionales, pero era falso: no podían confirmar nada ya que no era el objeto de la causa, solo tenían que revisar las condenas por el encubrimiento. Y para peor, el fallo fue “histórico” porque entre Mahiques y su colega Diego Barroetaveña absolvieron a Galeano y al ex jefe de la SIDE menemista Anzorreguy “respecto del hecho que fue calificado como encubrimiento por favorecimiento personal en la causa ‘Pista Siria'” y les bajaron las penas. La jueza Ángela Ledesma votó por confirmarles esa parte de la condena pero quedó en minoría.
El juez Ariel Lijo quedó en su momento a cargo de continuar la investigación respecto al ex ministro del Interior Carlos Corach, empleados de Galeano y otros imputados. Ante la falta de avance en este tramo, llamado “residual”, Lijo fue apartado en 2016 y la investigación quedó a cargo del juez federal Sebastián Ramos.
La trama no terminó con Galeano. Claudio Bonadío – juez sin experiencia judicial y protegido del menemismo – demoró la causa por encubrimiento durante años. Fue apartado por la Cámara Federal y denunciado por el fiscal Alberto Nisman, a quien luego perseguiría por otros frentes.
Bonadio encarnó el arquetipo de juez operador: maniobró causas, desvió investigaciones y construyó expedientes paralelos para salvar a sus aliados y perseguir a enemigos políticos como la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Mientras la pista siria se apagaba, la pista iraní se recalentaba con dictámenes que Nisman firmaba siguiendo líneas de la CIA y el Mossad. La Comisión Bicameral creada en el Congreso expuso las irregularidades, con CFK como única voz disidente ante la complicidad de casi todo el arco político.
Cuando le sacaron la causa por encubrimiento, Bonadio intentó una maniobra que repetiría en otros casos como Hotesur y Los Sauces e incluso con la denuncia de Nisman: armó una investigación paralela para favorecer a sus amigos Corach, Galeano y el “Fino” Palacios. La Cámara Federal lo apartó de esta causa paralela e irregular. En 2010, el propio Nisman denunció a Bonadio. Lo acusó de integrar una asociación junto al “Fino” Palacios y Corach para apartarlo de la investigación del atentado e incluso atentar contra su vida.
Lawfare, memorándum y la denuncia que tapó la verdad
En 2004, Néstor Kirchner reconoció la responsabilidad estatal y creó la UFI AMIA para intentar retomar la verdad. Pero la SIDE siguió operando, y Nisman se volvió un engranaje más de la inteligencia local y extranjera.
Su denuncia por supuesto encubrimiento contra CFK fue otra operación para tapar el verdadero encubrimiento. El Memorándum de Entendimiento con Irán – aprobado por el Congreso y frenado por la Justicia – se usó para instalar la idea de un pacto con el “enemigo”.
El juez Sebastián Rafecas resolvió que no había delito y desestimó la denuncia. Su fallo marcó tres ejes que revelaron la inconsistencia de la denuncia de Nisman:
Nisman denunció que la Comisión de la Verdad que creaba el Memorándum era para favorecer la impunidad de los acusados iraníes. El juez Rafecas mostró que nunca entró en vigencia. Si nunca funcionó, nunca pudo tener consecuencias ni cometer delito alguno.
El segundo eje era la obsesión de Nisman con las notificaciones rojas de Interpol. En su denuncia las menciona más de 100 veces. El juez Rafecas desechó también esta acusación. Toma para esto las declaraciones de Ronald Noble, secretario general de Interpol, que desmintió a Nisman y dijo que nunca el Gobierno de CFK cambió su posición respecto a las notificaciones rojas.
El juez Rafecas también reveló la existencia de un segundo dictamen que Nisman dejó firmado y que decía exactamente lo contrario al que presentó para denunciar a CFK y sus funcionarios.
En 2015, la muerte del fiscal alimentó la maquinaria mediática que TN, Clarín y La Nación convirtieron en serie policial y herramienta electoral. El expediente por su muerte lleva más de ocho años estancado en Comodoro Py sin una sola prueba firme de homicidio.
Más de treinta años de impunidad: ¿y ahora?
En junio de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino por el atentado sin justicia ni verdad. “A casi treinta años del atentado, continúa sin conocerse la verdad de lo sucedido y no ha habido sanción para los responsables del atentado ni para los responsables de su encubrimiento. De esta forma, ha sido la propia actuación estatal la que ha impedido a las víctimas y a sus familiares conocer la verdad de los hechos a través de la investigación y el proceso penal”, afirmó en su sentencia.
Las bajas condenas por el encubrimiento del atentado serán revisadas finalmente por la Corte Suprema. Su presidente, Horacio Rosatti, visitó el año pasado la sede de a AMIA para manifestar su preocupación por el caso. Lo que no dijo es que el juzgado Nº 6 de Comodoro Py, a cargo del expediente por el atentado a la AMIA, está vacante. Y que las demoras para nombrar un juez se deben a las trabas en el Consejo de la Magistratura donde se autodesignó presidente.
Javier Milei, por otro lado, designó como ministro de Justicia a Mariano Cúneo Libarona – ex abogado del ex policía Juan José Ribelli, uno de los falsos implicados – y apunta a instalar el juicio en ausencia, una salida que no resolverá lo esencial: saber quiénes mataron a 85 personas en 1994.
El Destape