La ministra de Seguridad las calificó públicamente de “terroristas”, y trece meses más tarde la jueza federal María Servini de Cubría sobreseyó a las últimas 16 personas que quedaban con falta de mérito después de ser detenidas el 12 de junio de 2024, día de la sanción de la Ley Bases. En las antípodas de la diatriba de la funcionaria, la magistrada en su fallo aclaró que el proceso “en nada afectó su buen nombre y honor”.
En diálogo con Página/12, la abogada María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), recordó que “la ministra les dijo que querían dar un golpe de estado, que tenían que estar presos 20 años. (El fiscal Carlos) Stornelli le hizo la venia, los acusó por un delirio de delitos contra el orden constitucional, se opuso a las excarcelaciones, apeló la falta de mérito, siguió hablando de terroristas”. A su criterio, “aunque llega 13 meses tarde la resolución es bien clara porque, en primer lugar, no tenían nada para detenerlos”.
Aunque el presagio para aquella jornada incluía la represión, el 12 de junio del año pasado hubo una cacería de manifestantes. El poder político y sus voceros habían dado luz verde a las fuerzas de seguridad con sus declaraciones grandilocuentes, y éstas con la cadena suelta detuvieron personas en medio de palos, gases y balas de goma, y muy lejos del Congreso.
En medio del caos, al terminar el día fueron 33 las detenciones de docentes, músicos, militantes, vendedores ambulantes de comida, estudiantes, vecinos y vecinas de asambleas barriales, en definitiva, gente convocada para protestar contra la Ley Bases que tanto ansiaba el gobierno de Javier Milei.
Los uniformados tenían el aval del dictamen de Stornelli, que se calzó el traje de cruzado mileísta, que hablaba de delitos vinculados a un “alzamiento contra el orden constitucional”, tales como lesiones; daños simples y agravados; incendio y estrago; delitos contra la seguridad pública; instigación a cometer delitos; intimidación pública; incitación a la violencia colectiva en contra de las instituciones; la organización o pertenencia a agrupaciones que tengan por objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza y el temor; delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional; atentado contra la autoridad; resistencia a la autoridad; y perturbación del orden en sesiones de cuerpos legislativos.
Al día siguiente a la noche, al tiempo que comenzaban a conocerse los detalles de terror de las detenciones y los traslados, cuando terminaron las declaraciones indagatorias, 17 personas fueron excarceladas. Habían pasado dos días detenidas, algunas en la sede de la calle Madariaga de la Policía Federal, y el resto en alcaidías como la de los Tribunales Federales de Retiro.
De las 16 que quedaron detenidas, el 18 de junio salieron en libertad otras 11 personas que ya habían sido llevadas a las cárceles federales de Ezeiza y Marcos Paz. Ese día, la jueza Servini dictó la falta de mérito a esas 11 personas, junto a las 17 excarceladas el 14.
“Las faltas de mérito se dictaron el 18 de junio de 2024, hasta ahora estuvieron mirando videos porque Stornelli insistía. Primero sobreseyeron los casos más obvios, como la familia que vendía empanadas y gaseosas, y el vendedor de choripanes, y ahora, al resto”, evocó Verdú al referirse al fallo que se conoció este lunes por la tarde sobre los 16 imputados, de los cuales 15 ya tenían falta de mérito, y uno solo – Facundo Gómez – había sido procesado pero la Cámara lo revocó.
“Estas personas se bancaron entre dos y cinco días detenidos y trece meses teniendo que avisar si viajaban, sabiendo que tenían una causa abierta, una locura”, expresó la abogada sobre las consecuencias de la criminalización de la protesta en la vida cotidiana de la gente.
Quedaron procesados – pero por delitos menos graves que lo que Stornelli pretendía, tales como daño y resistencia a la autoridad – Cristian Valiente, Patricia Calarco Arredondo, David Sica y Roberto De la Cruz Gómez. Tras varios meses presos fueron excarcelados a la espera de la elevación a juicio. Con el análisis de los videos fueron identificadas dos personas más, de modo que seis en total irán a juicio oral.
Nada de nada
Cuando Verdú refiere que “no tenían nada” para detener e imputar a estas personas entiende que la jueza Servini ahora hizo suya la demanda que las defensas habían planteado. En el fallo, la magistrada mencionó “la ausencia de testigos que motivara su detención, así como también la ausencia de videos que registren de alguna manera el accionar imputado”.
Servini agregó que el debloqueo de los teléfonos “no ha permitido establecer algún grado aunque sea mínimo entre los encausados tendiente a desarrollar un actuar coordinado en el día de los hechos”, y que tampoco aportaron nada las actuaciones especiales del fiscal Stornelli.
Así, el buen nombre y honor de Sofía Ottogali, Gonzalo Duro, Fernando Leone, Ricardo Shariff Sleme, Diego Iturburu, Román Méndez, Luis Alberto de la Vega, Juan Ignacio Espinetto, Camila Juárez Oliva, Nicolás Moyorga, Saya Lyardet, Cristian Ferreira, Juan Pablo Colombo, Ramona Tolaba, Lucía Puglia y Facundo Gómez “no ha sido afectado”.
Página 12