El abogado Marco Molero, representante legal de la titular del estudio contable que fue allanado en Resistencia en el marco de una causa federal por presuntas maniobras ilegales en el sistema previsional, se refirió al procedimiento judicial y anunció la presentación de un pedido de nulidad. En diálogo con CIUDAD TV, denunció la presencia indebida de funcionarios de ANSES durante el operativo, lo que – según argumentó – compromete la validez del acto procesal.
“Planteamos la nulidad del allanamiento que días atrás se celebró en el estudio contable, básicamente por la intromisión de terceras personas, concretamente el titular del ANSES regional Chaco y de un funcionario también de ANSES”, explicó Molero.
La investigación judicial, encabezada por el Juzgado Federal N°1 de Resistencia, busca determinar la existencia de una red de abogados y contadores que habrían explotado fallas en los sistemas de ANSES y ARCA para gestionar jubilaciones irregulares. Como parte de ese proceso, la Prefectura Naval realizó un allanamiento en un estudio contable ubicado en Marcelo T. de Alvear al 100.
Molero afirmó que el procedimiento “ya está absolutamente teñido de ausencia de objetividad y, por supuesto, absolutamente parcializado el acto procesal del levantamiento”, y sostuvo que “como defensa no tenemos la garantía de que el material secuestrado haya sido propio del estudio contable o haya sido llevado por estas terceras personas que, insisto, nada tenían que hacer en un allanamiento”.
Según detalló, la orden de allanamiento emitida por el juez Enrique Mianovich indicaba que el operativo debía llevarse a cabo exclusivamente por una fuerza de seguridad, en este caso la Prefectura Naval, y que además debía estar presente un veedor del Consejo Profesional de Ciencias Económicas del Chaco. “La orden fue muy clara: debía hacerse por medio de Prefectura Naval Argentina, y al ser un estudio contable, se dio intervención al presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia del Chaco en carácter de veedor”, explicó.
Molero señaló que el Código Procesal Penal de la Nación (Ley 23.980) establece que los allanamientos deben realizarse “en presencia de dos personas ajenas a la fuerza de seguridad allanante”, lo cual se habría cumplido con los testigos convocados. Sin embargo, indicó que había personas no autorizadas.
“Aparecen dos personas del ANSES. No sabemos quién les permitió el ingreso y nos permite válidamente como defensa cuestionar lo siguiente: ¿si portaban alguna documentación al momento de ser allanado?”, cuestionó. “Porque no indican por qué estaban, si fueron debidamente requisados antes de ingresar y, fundamentalmente, si la fuerza allanante permitió la intervención o la presencia de terceras personas que nada debían hacer ahí. ¿Qué otros errores pudo haber cometido?”, se preguntó.
Además, el abogado anticipó que evalúan impulsar una denuncia penal. “Estamos analizando pedir que se corra traslado a la Fiscalía Federal para que se analice la posible comisión de delitos y el incumplimiento de deberes de funcionario público”, afirmó.
Por otro lado, Molero informó que para los días 10 y 11 de julio están previstas al menos cinco declaraciones testimoniales en la causa. “Los testigos van a aportar una información de relativa importancia”, señaló, aunque destacó que el eje principal de la defensa se centra en la legalidad del procedimiento.