”Quedó atrás el INTA federal, con presencia en todo el país, adaptado a las condiciones agroecológicas, al potencial humano, a la historia y a la cultura productiva de cada región.
Quedó atrás el INTA participativo, que funcionaba mediante los Consejos Locales Asesores en las Agencias de Extensión Rural (AER) y en las Estaciones Experimentales Agropecuarias (EEA).
Quedó atrás el INTA articulado, donde lo público y lo privado se encontraban en los Consejos de los Centros de Investigación y los Centros Regionales.
Quedó atrás el INTA con conducción colegiada, en el que el Consejo Directivo definía las políticas tecnológicas del organismo.
Para dimensionar esto: eran cerca de 1.800 representantes del sector productivo, académico, educativo y de otras organizaciones quienes participaban activamente en la planificación, aprobación, seguimiento y evaluación de los programas y proyectos del INTA, basados en diagnósticos territoriales y demandas reales.
Quedó atrás un INTA abarcativo e inclusivo, que investigaba y desarrollaba tecnologías para pequeños, medianos y grandes productores, y para todas las economías regionales.
Quedó atrás el INTA territorial, con sus AER vinculadas diariamente con productores y sus familias, docentes rurales, estudiantes, jóvenes profesionales, Cámaras empresariales, cooperativas, municipios y organizaciones sociales.
Quedó atrás el INTA que preservaba soberanía genética, con sus EEA como resguardo del patrimonio hereditario: bancos genéticos con especies estratégicas como la vid y el olivo en Cuyo, cítricos en el Litoral, forestales en el Norte y en el Litoral, forestales en el Norte y en el Sur, entre otros.
Quedó atrás el INTA que experimentaba e innovaba, con ensayos en diferentes suelos y climas para evaluar nuevas líneas genéticas, cultivares adaptados, resistentes a plagas y enfermedades locales.
Lo que propone este decreto es, en esencia, la pérdida de soberanía territorial.
Pretende reducir al INTA a una estructura delgada, con una gran cabeza centralizada, y cuerpos regionales débiles. Se promueve el centralismo y el vaciamiento democrático dentro del organismo: un presidente con poder absoluto, subordinado al gobierno de turno, sin participación real del sector privado, cooperativo, académico y de las organizaciones de productores.
Este decreto también abre la puerta a la venta de tierras que históricamente generaron recursos para planes de investigación y extensión. Detrás hay un intento encubierto de hacer caja, no para producir ni generar trabajo, sino para cumplir con compromisos con organismos internacionales.
Además, debilita nuestra soberanía tecnológica. Un país que no invierte en ciencia y tecnología queda rezagado en un mundo donde el conocimiento y la innovación son el motor del desarrollo.
Para finalizar, hago un llamado a los señores gobernadores: ustedes, como garantes del federalismo y con el peso institucional que les corresponde, pueden cambiar el rumbo.
También apelo a los legisladores que delegaron facultades en el Poder Ejecutivo: es momento de recuperar su rol como poder del Estado. La anulación de este decreto es necesaria y urgente. Confiamos en ustedes para revertir esta situación”.