El legislador provincial Samuel Vargas informó que el Proyecto de Ley N.º 3000/22, que propone la creación del Registro Provincial de Obstructores de Vínculos Familiares, se encuentra actualmente con estado parlamentario y en análisis en la Comisión de Legislación General. “De ahí tenemos que volver a pedir opiniones a los distintos sectores que componen, pero también paralelamente a eso vamos a visibilizar el proyecto para que la gente sepa”, explicó en diálogo con CIUDAD TV.
En este sentido, Vargas adelantó que se desarrollarán cuatro audiencias públicas en espacios verdes de diferentes localidades. “Vamos a hacer cuatro audiencias públicas en Barranqueras, Vilelas, Fontana y Resistencia. Y este próximo jueves a las 17 horas, organizado por la diputada Andrea Charole, vamos a hacer una audiencia dentro del recinto”, detalló el legislador.
La iniciativa plantea la creación de un registro público, bajo la órbita del Ministerio de Gobierno y Justicia del Chaco, que identifique a quienes incurran en estas prácticas que impiden la revinculación de niños, niñas y adolescentes con sus familiares.
El proyecto, que ya había sido rechazado por el oficialismo en 2023 y perdió su tratamiento, busca ahora retomar su camino legislativo. “Una vez completados estos pasos, ya estaríamos en condiciones de elevar el proyecto al pleno para su tratamiento”, aseguró Vargas.
El legislador remarcó el espíritu de la iniciativa: “Creemos, con mucha humildad, que esto va a ser una herramienta vinculante en un antes y un después de cómo se toman a los niños como objeto de intercambio y queremos que sean sujetos de privilegio”.
Vargas también advirtió sobre las maniobras que se pretende desalentar con la aprobación de la ley. “Cualquiera está expuesto a que los que hagan tráfico de influencia hasta incluso dentro del Poder Judicial sean los que como monje negro estén manejando ahí”, expresó. Y agregó: “Con esto no solamente vamos a desalentar estas prácticas, sino que lo vamos a sancionar también, porque aprobando esta ley no van a ser proveedores ni magistrados ni funcionarios del Estado, menos presentarse a una candidatura pública y van a tener una condena social también porque van a ser exhibidos en una lista que va a ser de público ingreso”.
Finalmente, el legislador destacó la necesidad de dar visibilidad a la problemática y de avanzar en herramientas concretas para proteger los derechos de niños y niñas en contextos familiares conflictivos.