Los beneficiarios del Procrear en Avellaneda denunciaron penalmente a Javier Milei, Patricia Bullrich y Luis Caputo. Se trata de un grupo de cinco vecinos que salieron sorteados para contar con una vivienda en el complejo Sagol y hoy se perciben “estafados” por el Gobierno nacional. Para seguir visibilizando el conflicto, este domingo se llevará adelante una mateada solidaria frente a las que deberían ser sus casas.
Leonardo Martínez Herrero, representante de los damnificados, dijo a Buenos Aires/12 que, luego del acto de Bullrich donde hizo entrega de los 160 departamentos a miembros de las fuerzas federales, “ya no hay lugar para otro tipo de acción que no sea la penal”. De esta manera, el Presidente de la Nación, la ministra de Seguridad y el ministro de Economía fueron apuntados por los posibles delitos de desbaratamiento de derechos acordados e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Según la lectura de Martínez Herrero, y tal como viene contando este diario, el camino de la Justicia Civil seguirá su curso a partir de las acciones que el colectivo de familias afectadas encauzó a través de la Defensoría del Pueblo de Avellaneda, a cargo de Daniel García.
Previo a esa instancia, el abogado acompañó a siete vecinos en amparos ante la Justicia producto de la falta de respuestas de parte del Gobierno nacional y el Banco Hipotecario para continuar con los trámites que posibilitaría a las familias acceder a sus viviendas ya terminadas y listas para habitar. “Lo que hizo Bullrich ya deja estas medidas y hay que ir por otro camino”, repara.
La denuncia penal, también incluye al secretario de Desarrollo territorial, Hábitat y Vivienda del Ministerio de Economía, Rodrigo Aybar Perlender, a cargo de la cartera que suplantó al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat durante el gobierno del Frente de Todos. Es el área que quedó a cargo del Procrear y que, a juicio del letrado y las familias, operó para licuar el programa y evitar que los beneficiarios accedan a la vivienda que les correspondía por sorteo.
“No queda duda alguna que la conducta desplegada por los funcionarios del Estado fue la de rehusarse a continuar las diligencias necesarias para que se pueda continuar con la entrega de la posesión de los inmuebles y así cometer el desbaratamiento de derechos en perjuicio de los adjudicados del plan Procrear ”, sostiene el escrito firmado por Martínez Herrero.
La causa ya fue sorteada en la mañana de este lunes y recayó en el Juzgado Criminal y Correccional N°9 a cargo del juez Sebastián Ramos. El fiscal a la cabeza de la investigación es Ramiro González.
De qué se acusa a Milei, Bullrich y Caputo
Días atrás, tomó estado público cómo 160 familias fueron perjudicadas por la gestión de Milei luego de que la ministra Bullrich entregó 160 viviendas a las fuerzas federales. El número no es casualidad. Se trata de la cantidad de unidades que componen el complejo Sagol en Avellaneda, construidos bajo el Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar, o Procrear, y que tenían una asignación vigente por sorteo público.
Resulta que, el 23 de noviembre de 2023, televisado por la TV Pública, 136 de las 160 viviendas fueron sorteadas por el Procrear. Así, familias que completaron la información requerida y aprobaron los requisitos correspondientes, fueron notificados por ser beneficiarios de un departamento en este complejo. Pero, en ese momento, comenzó el calvario. No pudieron continuar los pasos administrativos en el Banco Hipotecario y apenas tres vecinos lograron abrir su caja de ahorro y recibir su tarjeta de débito.
De todas maneras, ninguno alcanzó a completar los trámites porque las plataformas para cargar datos se cayeron y, tanto el banco como el Gobierno nacional, les indicaron que debían esperar nuevas instrucciones. De un día para el otro, Bullrich repartió las llaves y vieron su sueño derrumbarse el 10 de junio.
Por estas razones, donde los beneficiarios se vieron imposibilitados de continuar con la carga de documentación necesaria, la denuncia habla de desbaratamiento de los derechos acordados. “Es un delito que castiga la conducta de quien, después de haber otorgado un derecho sobre un bien o acordado el cumplimiento de una obligación, realiza actos que impiden o dificultan el ejercicio de ese derecho o el cumplimiento de la obligación”, explica el escrito.
Como agravante, el texto remarca que Bullrich encabezó la entrega de las 160 viviendas “en el marco de un supuesto plan federal, cuando las viviendas en cuestión ya habían sido adjudicadas mediante sorteo oficial a beneficiarios particulares conforme las reglas, lo cual genera un conflicto jurídico directo respecto a su reasignación arbitraria”.
En paralelo, apunta que Milei, Bullrich, Caputo y Aybar violaron el artículo 249 del Código Penal Argentino que castiga el incumplimiento de los deberes de funcionario público. “Específicamente, se refiere a la omisión, rehusamiento retardo ilegal de un acto propio del cargo de un funcionario público”, subraya la denuncia, al tiempo que agrega que “la pena prevista es prisión de tres meses a dos años, e inhabilitación especial por el doble de tiempo”.
A los fines de impulsar rápidamente el recurso judicial, la presentación lleva la firma de Martínez Herrero, pero cuenta con el aval de cinco vecinos que se presentarán a dar testimonio y aportar la información, mails, conversaciones y todo tipo de material útil que grafique como se habría dilatado el tiempo de manera intencional y así evitar que accedan a sus casas. Todos, con el devenir del proceso, serán querellantes.
Sobre el recorrido de los hechos que llevaron a tomar esta decisión, la denuncia señala que en abril de 2024 los damnificados pidieron una reunión con Aybar y les fue negada. La solicitud nació por empuje del personal del Banco Hipotecario que, según la denuncia, “informaron a quienes demandan que desde Nación no les brindan la autorización necesaria para liberar los créditos hipotecarios”.
La negativa a un posible cara a cara con el funcionario nacional fue justificada en abril del mismo año, según consta en la presentación, con una única frase: “Atentos al reciente cambio de gestión, nos encontramos a la espera de nuevas directivas”. “De esta manera, vía correo electrónico, se le niega a los representados un derecho fundamental”, dice el escrito.
Mateada y visibilización
De poco, la mayoría de las familias se fueron encontrando y organizando para tomar acciones colectivas contra lo que consideran un “atropello” y una “estafa” de parte del gobierno de Javier Milei. En todo momento aclaran que su problema no está en que las fuerzas federales cuenten con viviendas otorgadas por el Estado, pero advierten que las 160 del complejo Sagol ya tenían “dueño” y no pretenden ceder lo que, desde su mirada, es un derecho adquirido.
Lo que comenzó como un puñado de amparos individuales a principios de 2024, se transformó en un grupo de más de sesenta familias que enviaron oficios a Bullrich, Caputo y el Banco Hipotecario con el objetivo de mantener reuniones con las principales autoridades y así obtener información de cómo se pergeñó la imposibilidad de acceder a los departamentos que terminaron en manos del Ministerio de Seguridad de la Nación.
La semana pasada se manifestaron frente al predio alrededor de ochenta damnificados. Ahora, este domingo 6 de julio a las 15 horas convocaron a una mateada solidaria frente al predio, en la intersección de las calles Acosta y Díaz Vélez, en Avellaneda. “Si sos vecino, parte del barrio, si saliste sorteado o simplemente querés acercarte a conocer y apoyar la causa, te esperamos”, marca el llamado.
Página/12