En ese sentido, agregó que su proyecto de Ley, ”busca dar un paso firme hacia un Estado provincial íntegro, coherente en sus decisiones y éticamente responsable en el vínculo que establece con los privados”.
Aclarando que propone establecer, ”como condición excluyente para ser proveedor, prestador o contratista del Estado provincial, no estar incluido en el Registro Único de Personas Violentas. Se trata de una línea ética básica: no puede ser parte del circuito de contrataciones del Estado quien ha ejercido violencia. No es solo un criterio jurídico, es un límite moral”.
Inicando que la norma proyectada, establece que – en caso de ser el proveedor, prestador o contratista una persona jurídica -, ”la exclusión alcanza a los integrantes del órgano de administración y los socios, que hayan sido condenados con sentencia firme por delitos graves – como homicidio, abuso sexual, violencia, secuestro, corrupción,
delitos económicos o contra la administración pública – por un período determinado aún
después del cumplimiento de la pena”.
Y lo mismo ocurrirá con quienes hayan sido condenados por delitos de lesa
humanidad o infracciones a la ley de estupefacientes. ”Estas exclusiones no buscan replicar penas, sino establecer un estándar de integridad mínimo para vincularse con el Estado”, precisó Bergia.
Explicando que para garantizar el cumplimiento de estos principios, se exigirá que, al momento de inscribirse como proveedores del Estado, las personas físicas presenten certificados de antecedentes penales. Y, con respecto a las personas jurídicas (los integrantes de los órganos de administración y socio), cuando estas posean una participación superior al 20% del capital social. Todo ello con constancias actualizadas del Registro Provincial mencionado. ”Esto permitirá depurar los registros y evitar contrataciones con personas que no cumplen los requisitos éticos mínimos”, remarcó el legislador.
”No se trata de una medida aislada, sino de una norma complementaria que fortalece nuestro sistema de control y contratación pública. Y por eso también invitamos a los municipios a adherirse, con el objetivo de construir una política provincial uniforme que priorice la transparencia, la legalidad y el respeto por la ciudadanía”, cerró Juan José Bergia.