Un fallo sin precedentes en la provincia de Corrientes ordenó al Estado provincial indemnizar a un interno que trabajó durante nueve años dentro de una unidad penitenciaria percibiendo una suma irrisoria. Se trata de A.L.A., quien entre 2012 y 2021 cumplió funciones en la cocina y en el reparto de alimentos en la Unidad Penal Nº 1 de la ciudad capital, cobrando apenas 500 pesos mensuales.
La decisión fue dictada por la jueza María Belén Güemes, quien reconoció que el trabajo penitenciario no puede considerarse voluntario cuando las condiciones económicas impuestas rozan la explotación.
En su fallo, la magistrada subrayó la obligación del Estado de garantizar condiciones laborales dignas, aún en contextos de encierro, y ordenó el pago de una indemnización equivalente al salario mínimo vital y móvil correspondiente a los años trabajados, con los intereses acumulados.
El caso de A. pone de relieve una situación extendida en el sistema penitenciario: miles de personas privadas de libertad trabajan a diario dentro de las cárceles en condiciones precarias y sin una verdadera contraprestación económica. El fallo, considerado histórico por especialistas en derechos humanos y ejecución penal, podría abrir la puerta a reclamos similares en todo el país.
Desde la defensa del interno destacaron que la sentencia representa un avance en el reconocimiento de derechos laborales básicos, incluso para quienes están cumpliendo una condena. El Estado, en tanto, no se pronunció oficialmente sobre la posibilidad de apelar el fallo.
Con información de El Litoral