En la misma jornada, prevista a partir de las 12, se debatirá también el proyecto que establece la continuidad desde 2024 de la devolución del IVA a sectores de menores ingresos, el que fomenta la producción del Gas Natural Licuado (GNL) y los que disponen la creación de tres universidades, entre otros.
En la sesión especial también fueron incluidos un proyecto denominado ‘Argentina Inclusiva’; el Plan de Ciencia y Tecnología 2030; la Ley ‘Olimpia’ y una iniciativa de respaldo a la industria del Calzado.
El debate más importante, de todos modos, de la sesión estará en la discusión por la Ley de Alquileres, donde la Cámara baja debe resolver si acepta las modificaciones que el Senado le hizo hace diez días al proyecto a instancias del Frente de Todos, o si insiste con el texto que -motorizado por Juntos por el Cambio- los diputados habían probado inicialmente, en agosto pasado.
El texto con media sanción de Diputados establecía que los contratos de alquiler debían tener un plazo mínimo de dos años, contra los tres años que rigen en la actualidad, y que los ajustes podían hacerse cada cuatro meses con la libertad de ambas partes para elegir el mecanismo a emplear para calcular el porcentaje entre varias fórmulas o índices.
Siempre de acuerdo con el texto que había sido aprobado por la Cámara de Diputados, el menú de posibilidades a elegir estaba conformado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios Mayoristas (IPM) y el Índice de Salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). También se contemplaba como opción que las partes pudieran acordar adoptar una combinación de estos índices.
Sin embargo, en su discusión en el Senado, el proyecto tuvo modificaciones, con lo cual ahora -como es de rigor- la cámara de origen de la iniciativa (que es la de Diputados) debe definir si acepta esos cambios o si insiste con la redacción original.
Entre las modificaciones incorporadas a instancias del oficialismo en el Senado, se cuenta la duración del contrato -que en este proyecto es de un mínimo de tres- y, por otro lado, se agregó que “los contratos de locación con destino” de vivienda deberán ser estipulados “en valor único en moneda nacional y por períodos mensuales sobre el cual podrán realizarse ajustes con periodicidad a intervalos no inferiores a seis meses”.
También, el Senado modificó el mecanismo de actualización del precio de los alquileres y estableció que “los ajustes deberán efectuarse utilizando un coeficiente conformado por la menor variación que surja de comparar el promedio del 0,9 de la variación del coeficiente de variación salarial publicado por el Indec y la variación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), publicado por el BCRA”.
El texto aprobado por el Senado, además, incorporó un último párrafo sobre el artículo 9, en el que determinó que “los ingresos provenientes de locación de hasta dos inmuebles estarán exentos del pago del monotributo”.
A la sesión especial convocada para mañana al mediodía en la Cámara baja, se llegará con una posición de paridad entre las fuerzas que respaldan la iniciativa con las modificaciones incorporadas por el Senado y las que respaldan la redacción que había sido aprobada inicialmente en Diputados.
Incluso, podría darse un escenario en el que las dos posiciones -insistir con el texto original o aceptar modificaciones del proyecto- cosechen votos negativos por parte de los tres diputados libertarios, pues desde ese sector se plantea que el Estado “no debe entrometerse” el tema alquileres.
Llegado ese punto, desde el FdT interpretan que, al no poder insistir Diputados con su texto original, quedará avalado el del Senado, según el artículo 81 de la Constitución.
En tanto, JxC dice que, en ese caso, queda la Ley vigente (aprobada en 2020), ya que el artículo 82 de la Carta Magna impide la sanción “tácita o ficta” de un proyecto.
De no mediar negociaciones previas, la cuestión se resolvería en la noche de mañana o la madrugada del miércoles, ya que Alquileres es el último ítem en el temario de diez proyectos que conforman el orden del día de la sesión especial convocada para mañana.
Previamente, el oficialismo no tendría dificultades para sumar aliados que respalden el proyecto del Poder Ejecutivo que establece el programa “Compre sin IVA”, un régimen que reintegra el 21% de las compras realizadas en comercios minoristas y/o mayoristas, con un tope de hasta $18.800 mensuales.
Además se tratará el Régimen de Promoción del GNL, también impulsado por el Poder Ejecutivo, que busca favorecer las condiciones de industrialización del gas natural e incentivar el desarrollo de toda la cadena del GNL, así como la industria de los bienes de capital asociada.
Asimismo, figura en el listado a debatir el proyecto de ley de Promoción de la Industria del Calzado y su cadena de valor, iniciativa que busca que todos sus actores, proveedores de materias primas, industriales, trabajadores, marcas y consumidores se vean favorecidos con una mayor oferta de pares y modelos de variada tecnología, con empleos calificados y de mayor calidad.
Otro de los temas que se encuentra incluido en la convocatoria es el proyecto que incorpora la violencia digital a la Ley 26.485 sobre Protección Integral a las Mujeres, conocido como Ley Olimpia, y que aborda los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales y sanciona la difusión sin consentimiento de cualquier contenido íntimo.
En ese caso, también se trata de una iniciativa que vuelve en segunda revisión a Diputados, pero en este caso se da por descontada su aprobación dado que la modificación introducida en el Senado tiene que ver con una corrección de forma, en acuerdo entre bloques.
La iniciativa lleva el nombre de la activista y sobreviviente de violencia digital mexicana Olimpia Coral Melo, ya fue aprobado por ambas Cámaras del Congreso, pero vuelve a Diputados por una cuestión técnica.
Fuente: Télam