El Sindicato de los trabajadores y trabajadoras de la Administración Nacional de la Seguridad Social (SECASFPI), encabezado por Carlos Ortega, emitió un contundente comunicado en el que denunció una nueva “embestida judicial” contra Cristina Fernández de Kirchner, intensificada tras el anuncio de su candidatura a diputada por la 3ra Sección Electoral.
El gremio apuntó directamente a los jueces de la Corte Suprema – Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz -, a quienes acusó de actuar como “brazo ejecutor del poder económico y mediático concentrado” y de operar como un “tribunal de venganza política” que dicta fallos alineados con intereses ajenos a la Constitución.
Según el SECASFPI, esta persecución no busca solo a la ex presidenta, sino desarticular los derechos conquistados durante su gestión. En palabras de Ortega: “A Cristina la persiguen por todo lo que hizo bien: por devolver los fondos de los jubilados al Estado, por la moratoria previsional, la Asignación Universal por Hijo, el Procrear, Conectar Igualdad, el plan Qunita, por garantizar acceso a la salud, la educación, la vivienda y el trabajo, y por recuperar YPF, Aerolíneas y el sistema previsional”.
El líder sindical destacó que Cristina representa “un proyecto político que transformó la Argentina y que sigue siendo una esperanza para millones”, lo que explicaría los intentos de proscripción.
El comunicado también advierte sobre la intención de obtener “la foto” de Cristina presa, un objetivo que, según el sindicato, responde a la incapacidad de sus detractores para derrotarla electoralmente. “Quieren verla doblegada porque no pudieron en las urnas”, afirmaron. Frente a esto, el SECASFPI dejó clara su postura de resistencia: “La vamos a defender en las calles, en los lugares de trabajo y donde haga falta. Si vienen por Cristina, vienen por el pueblo. No van a poder con ella, ni con nosotros”, reafirmó Ortega.
El gremio alertó, además, sobre el rol de la Corte Suprema, a la que acusan de priorizar los intereses del “poder real” por encima de la justicia. Esta denuncia se suma a las críticas de diversos sectores que cuestionan la imparcialidad del máximo tribunal en casos de alto impacto político.
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