La “gran y hermosa” (big and beautiful) ley de Donald Trump que el Congreso está a punto de aprobar tiene entre sus víctimas a una parte de la población más vulnerable: los niños. Y más en concreto, a los niños de familias migrantes, con especial incidencia en los latinos. Más de la mitad de los menores hispanos se benefician de los programas de acceso a la sanidad y a los alimentos que la norma contempla recortar para poder financiar las bajadas de impuestos a los más ricos.
“Niños y familias en todo Estados Unidos corren el riesgo de perder una cobertura médica asequible y el acceso a comidas saludables para financiar una reducción masiva de impuestos para multimillonarios y grandes corporaciones”, ha declarado la congresista de Florida Kathy Castor.
El jueves pasado la Cámara de Representantes aprobó la ley por un solo voto de diferencia (215 a 214) y ahora queda en manos del Senado, donde los republicanos tienen también mayoría. Si la Cámara Alta da la luz verde, este proyecto daría lugar a los mayores recortes a Medicaid, el programa que ofrece asistencia médica a quienes tienen menos ingresos, en la historia de Estados Unidos.
Además, el programa de alimentos SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria) sufriría la mayor reducción en casi tres décadas, como han denunciado sus críticos. Esos ajustes pondrá en peligro a los niños, especialmente a los de comunidades latinas y otras comunidades históricamente marginadas.
Así lo revela un nuevo informe publicado por UnidosUS, AFL-CIO y First Focus on Children, que muestra que casi el 45% de los niños en Estados Unidos (34 millones) dependen de Medicaid y SNAP para obtener atención médica esencial y alimentos. De ellos, 14 millones de niños dependen de los dos programas a la vez, lo que los expone a un doble riesgo de perder el acceso tanto a la atención médica como a la alimentación.
“No hay nada en este gran proyecto de ley que sea ‘hermoso’ para los niños. Los enormes recortes a Medicaid y SNAP son particularmente graves”, declaró Bruce Lesley, presidente de First Focus on Children. “Los niños ya se enfrentan al aumento de la mortalidad infantil, el aumento de la pobreza y las crecientes tasas de hambre, falta de vivienda y seguro médico. Estos recortes propuestos agravarían aún más esta crisis”.
Bautizada como “grande y hermosa” por Trump, la ley contempla un recorte de un billón de dólares en los programas de protección social. Los expertos denuncian el carácter racista de la medida. El 58% de los niños latinos, un 67% de los niños nativos americanos y el 65% de los niños negros se benefician de alguno de los programas.
“Seamos claros: este proyecto no es solo un ataque a nuestros valores como país, lo peor es que lo hace a costa de los más vulnerables,” dijo Katharine Pichardo, presidenta y CEO de Latino Victory.
Sin SNAP ni Medicaid, más niños enfrentarán hambre, retrasos en el desarrollo y afecciones médicas sin tratamiento, incluyendo enfermedades crónicas que podrían haberse prevenido con atención temprana. La pobreza va ligada a la raza y etnicidad y el 29% de los niños hispanos de familias mixtas viven en la pobreza. Según el National Immigration Law Center (NILC), los niños de migrantes duplican el ratio de pobreza que los que tienen dos padres ciudadanos y los hispanos triplican el porcentaje de pobreza de los niños blancos.
El proyecto de ley echa por tierra las promesas de los republicanos de no financiar los recortes de impuestos con recortes en los programas de asistencia sanitaria, como Medicaid y Medicare. Sí están en sintonía, sin embargo, con su deseo de frenar el uso de los programas de protección social por parte de las familias migrantes.
Estadounidenses, pero no del todo
Los defensores de los derechos de los migrantes afirman que los cambios afectarán principalmente a los niños que son ciudadanos estadounidenses, pero cuyos padres son indocumentados o migrantes con permiso temporal para vivir en Estados Unidos. Un 12% de los niños estadounidenses, unos nueve millones, tiene al menos un padre que no es ciudadano. La “hermosa” ley retira los beneficios a quienes tienen un progenitor que no es ciudadano o que no tiene residencia permanente, lo que incluye a los refugiados, los que tienen asilo, los beneficiarios del TPS (Estatus de Protección Temporal) y los que llegaron siendo niños y forman parte del programa de DACA.
En la actualidad, menos de uno de cada diez niños ciudadanos con padres estadounidenses (4%) carece de seguro médico, la mitad del ratio de los niños ciudadanos con padres que no lo son (8%).
Además del seguro médico y los cupones para alimentos, las familias migrantes donde los miembros no tengan un número de la seguridad social van a perder las exenciones fiscales para hijos, que el proyecto de ley fija en 2.500 dólares por vástago, lo que puede afectar a entre dos y cuatro millones de niños estadounidenses.
Los republicanos defienden la propuesta como parte de su ofensiva contra los migrantes indocumentados, a quienes culpan de aprovecharse de los programas sociales en detrimento de los estadounidenses. Pero los recortes afectarán más a quienes se encuentran en el país legalmente, ya que los migrantes no autorizados no reciben beneficios federales.
Algunos Estados les ofrecen asistencia sanitaria o acceso a la educación, pero el Gobierno federal ya ha anunciado represalias para quienes lo hagan. Además, el miedo a aportar los datos personales y ser blanco fácil para las deportaciones frena a muchos migrantes de solicitar las ayudas que les corresponderían.
El País