El planteo para que no haya investigación contra los jueces que hicieron ese viaje, que motivó una causa penal por el presunto delito de dádivas y cohecho agravado, fue definido de manera decisiva por sus colegas de estamento y la ayuda del senador radical correntino Eduardo Vischi. Por seis votos a cuatro los hechos no serán analizados por el Consejo, publicó La Política Online.
El argumento esgrimido por los consejeros jueces -que hace dos semanas abandonaron la sesión impidiendo el quórum para que funcionase- es que el trámite penal iniciado ya está cerrado por el juez federal de Comodoro Py, Sebastián Ramos. El basamento es que la información que motivó la apertura de la pesquisa fue obtenida de manera ilegal lo que provocó el archivo del trámite. El consejero instructor Hugo Galderisi dijo que para pedir el cierre lo guiaba “la búsqueda de justicia y no el titular rimbombante y avieso de un periódico. No podemos juzgar en base a editoriales”.
Los votos para desestimar la investigación fueron de los jueces Diego Barroetaveña, Agustina Díaz Cordero, Alejandra Provítola y Alberto Lugones. A su posición se sumaron Galderisi, que es del estamento académico, y el senador radical Eduardo Vischi.
El correntino ya había demostrado sus cualidades para ayudar en causas urgentes cuando en el Senado fue clave para voltear la comisión investigadora por la estafa Libra que salpica a Javier Milei. Votaron en contra de cerrar el expediente el presidente de la Comisión de Disciplina, César Grau y los consejeros Rodolfo Tailhade, Vanesa Siley y Luis Juez.
El trámite responde a la presentación de más de un centenar de denuncias recibidas en el Consejo sobre un viaje en el que participaron el juez federal Julián Ercolini, el juez federal económico Pablo Yadarola, el juez Pablo Cayssials del juzgado contencioso administrativo 9 y Carlos Mahiques, integrante de la Sala II de la Cámara de Casación Penal. En el viaje cuestionado estuvieron también el ex ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro y el procurador de CABA, Juan Batista Mahiques.
El fundamento dado por los jueces consejeros es que el inicio ilegal del caso, por información sobre los magistrados implicados difundida en base a la difusión de interceptaciones telefónicas presuntamente hackeadas al celular de D’Alessandro, no permite la continuidad del caso. “No se puede convertir en legal lo que es ilegal”, dijo el consejero Lugones.
La Política Online