En un escrito presentado ante el Juzgado Federal N°2 de Resistencia, la defensa de Marta Soneira, exministra de Desarrollo Territorial del Chaco, solicitó la nulidad del requerimiento de instrucción y la citación a indagatoria prevista para el 27 de mayo próximo en la causa donde se investiga una presunta defraudación contra la administración pública y asociación ilícita. La indagatoria fue suspendida por la jueza federal Zunilda Niremperger, que actuó como subrogante del juez natural de la causa, Ricardo Mianovich. El fiscal federal Patricio Sabadini anticipó que apelará la resolución.
El escrito, de 33 páginas, argumenta que Soneira habría tomado conocimiento de la causa a través de los medios de comunicación y no fue notificada formalmente hasta el 21 de mayo de 2025, a pesar de que el requerimiento fiscal se emitió en octubre de 2024. También sostiene que se violó el derecho a la defensa en juicio al no permitírsele acceder a las actuaciones en tiempo hábil.
En ese contexto, la defensa solicita la nulidad absoluta del requerimiento al advertir que el fiscal federal Patricio Sabadini habría basado su acusación en una interpretación parcializada de las pruebas, sin especificar con claridad los hechos imputados (tiempo, modo y lugar), lo que configuraría una falta de objetividad.
En concreto, la defensa de la exfuncionaria provincial solicita al Juzgado Federal que declare nulo el requerimiento de instrucción y la citación a indagatoria, suspender la declaración de Soneira hasta que se resuelva el planteo y desvincularla definitivamente de la causa por falta de mérito.
El fiscal Sabadini anticipó que apelará la suspensión de la declaración indagatoria dispuesta por la jueza Niremperger y argumentó que el planteo de nulidad no suspende el proceso.
La acusación
Desde la fiscalía se acusa a Soneira de otorgar tierras fiscales irregularmente a un grupo económico encabezado por el dirigente piquetero Ramón Alberto “Tito” López durante su gestión (2019-2023) y de omitir acciones para recuperar dichos inmuebles ante contratos de leasing celebrados en 2023.
Sin embargo, la defensa sostiene que las adjudicaciones siguieron el procedimiento legal (Ley 471-P), con intervención de múltiples áreas técnicas y ratificación del Poder Ejecutivo y que Soneira no era presidenta del Instituto de Colonización cuando se firmaron los contratos de leasing (febrero de 2022) entre López y la empresa Smart Capital SA (de los hermanos Diego y Walter Brua), por lo que no podía actuar para impedirlos.
“La fiscalía ha pretendido desafiando la lógica y sus reglas hacerle decir lo que no dicen las pruebas, forzando la interpretación para que logren acreditar la hipótesis de un hecho que ha construido y al que ha pretendido darle apariencia de delito”, señala la presentación firmada por la defensora de Soneira.
En otro tramo crítico con la actuación del fiscal, el escrito subraya que “nuestra pupila procesal debe soportar no solo la denuncia falaz y netamente política ante un órgano estatal sino una actividad tendenciosa, pero fundamentalmente ilegal en un proceso penal que tiene como primera finalidad la averiguación de la verdad”.
“La vulneración de la garantía de defensa en juicio es tan palmaria y evidente, que tornaría inconstitucional el proceso que así continúe, por lo que nos reservamos el derecho de así plantearlo”, sostiene la presentación de la defensa de Soneira.
Litigio-Periodismo Judicial